Salta: acusan a dirigentes de La Cámpora por quedarse con el 20% de los sueldos de trabajadores y regalar electrodomésticos en campaña

“Hola Fabiana podrás traer lo de los aportes hoy (…) si puede ser hoy mejor, es para darles a algunos compas (…) avisá antes porque sino los bolsines los revisan, decime así Vero está atenta y baja”. Otro mensaje: “Hola Fabi, te parece mañana el 20% nos encontramos en el PAMI”. “Hola ¿pudiste hacer lo…

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“Hola Fabiana podrás traer lo de los aportes hoy (…) si puede ser hoy mejor, es para darles a algunos compas (…) avisá antes porque sino los bolsines los revisan, decime así Vero está atenta y baja”.

Otro mensaje: “Hola Fabi, te parece mañana el 20% nos encontramos en el PAMI”. “Hola ¿pudiste hacer lo del bolsín?, que no vaya dirigido a mí porque podemos tener bardo”.

Los sugerentes mensajes fueron enviados por el entonces titular de ANSES, Marcos Vera, secretario general de La Cámpora,y secretario de “adoctrinamiento” de la comisión de acción política del Partido Justicialista salteño. “En virtud de ello y valiéndose de su cargo y puesto político pide a los funcionarios públicos que la organización ayudó a ingresar, el 20% de sus sueldos“, sostiene la acusación judicial que se leyó en su contra.

Los mensajes fueron tan sólo una parte de las pruebas que el fiscal federal Ricardo Toranzos presentó en la audiencia en la cual formalizó las acusaciones contra Vera y Verónica Molina, titular del PAMI con sede en Salta. Los delitos atribuidos fueron concusión agravada (exigencia de una pago en beneficio propio), malversación de causales públicos y peculado.

El fiscal federal salteño formalizó este jueves las acusaciones por “exigir el 20% de las remuneraciones de funcionarios públicos del PAMI, para destinarlo a la Agrupación política “La Cámpora”. Por otro lado, se los acusó por el uso de “bienes dados en donación a PAMI por parte de la Aduana, para la realización de una campaña política”. Los jueces dieron 90 días para que se avance con la investigación.

Salta es una de los pocas provincias en las que tiene vigencia el sistema penal acusatorio, bajo el cual la investigación penal corre por cuenta de los fiscales. Después de meses de investigación, en la audiencia prevista en la ley se formalizaron las acusaciones contra los dirigentes de La Cámpora y funcionarios de organismos nacionales en Salta.

Durante la primera parte, el fiscal Toranzos contó que el caso se inició después de que el 26 de marzo una persona, que solicitó reserva sobre su identidad, “remitió a la Fiscalía distintas capturas de pantalla y audios sobre comunicaciones de Whatsapp, donde surgía que Marcos Fabio Jesús Vera Ramírez (titular de ANSeS), y Veronica Molina (titular de PAMI) solicitaban, el cobro de “aportes” a las personas designadas en las distintas dependencias del PAMI”.

Durante la pesquisa inicial, el fiscal dio con una cuenta del banco Nación a la cual se destinarían dichos fondos. Toranzos pidió sin éxito en tres oportunidades que entreguen todos los movimientos financieros de esa cuenta, y este jueves finalmente llegó la respuesta: una planilla Excel con una importante cantidad de movimientos bancarios de ingreso de dinero y de transferencias.

Las conversaciones sobre los “bolsines” también se analizaron. La fiscalía entendió que allí había un mecanismo puesto en funcionamiento hace tiempo. Se busca desentrañar si ese dinero era requerido forzosamente y adónde se enviaba, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

Para la justicia federal salteña, la cuestión subyacente es que entregar dinero a una agrupación no se encuadraría en un delito, porque podría constituir una donación: “pero la política no admite donaciones anónimas, y aquí no se advierte registro alguno en los partidos, mucho menos en las agrupaciones”, indicaron.

Un informe del PAMI incorporado al expediente hablaba de “Hojas de ruta de los bolsines”, donde se advierte “el envío desde las dependencias del interior, especialmente de los departamentos de Orán, Cafayate, Metan, Güemes, Tartagal, Rosario de la Frontera, con destino a “Despacho” de ANSES, conteniendo el bolsín un sobre cerrado”.

En esta etapa de la investigación, la conducta desplegada se encuadra, sostuvo la acusación, en el abuso de poder cometido por “el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden)”. La situación puede agravarse, si “se empleare intimidación o se invocare orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima”.

Respecto a la entrega de los “bolsines” dirigidos a la Gerencia de PAMI, “como medio para la entrega de los “aportes”, se los analizó a la luz del artículo 260 del Código Penal, que sostiene: “Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administra una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”.

Los electrodomésticos del PAMI

Otra de las líneas de investigación respondió a la utilización de los bienes donados a PAMI por parte de la Aduana, “para la realización de una campaña política”. Esta conducta, explicó el fiscal, configura el delito de malversación de caudales públicos.

Todo inició cuando el coordinador ejecutivo del PAMI apareció regalando junto a candidatos de La Cámpora más de 300 electrodomésticos.

Aduanas Orán puso a disposición de la Secretaría de Presidencia de la Nación mercadería en condición de rezago, adjuntando un listado de 1.498 electrodomésticos (con un valor en plaza de 4.500.115 pesos), que a su vez dispuso su entrega a PAMI.

La Fiscalía solicitó a personal de la Policía Federal que entreviste a los destinatarios finales, algunos de quienes “reconocieron haber recibido un electrodoméstico entregado por el precandidato Fernando Ruarte”.

Otros lo negaron, “a pesar de que existe un acta con su firma”. Por ejemplo, una afiliada de PAMI manifestó que en una reunión política de “La Cámpora” le hicieron entrega de una cafetera (en el acta dice parlante). “Era una reunión política que hacían regalos de Aduana diciendo que era para dar un beneficio al pueblo, pero jamás dijeron que era de PAMI. No recuerda quien se lo entregó, sí que eran de la agrupación “La Cámpora”.  La entrega fue antes de las elecciones,.

Otra persona explicó que su padre no escucha y que el mismo es afiliado del PAMI. Contó ante la justicia que al papá “le regalaron una radio (el acta dice pava eléctrica) antes de las elecciones en una campaña de La Cámpora”. La nuera de otro afiliado al PAMI contó que “supuestamente me iban a dar una pava eléctrica y me dieron una radio vieja”. También fue previo a las elecciones.

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