En otro paso que lo aleja de los legisladores, el presidente Javier Milei decidió que “no hay más tiempo que esperar” y ordenó ajustar las jubilaciones y pensiones por decreto.
La decisión es empezar a ajustar los haberes por inflación a partir de abril y otorgar por única vez un ajuste adicional, que rondaría el 14% para compensar el costo de vida de febrero.
Desde mayo, las jubilaciones se seguirán ajustando por decreto.
El Gobierno cambiará la fórmula de movilidad jubilatoria por decreto
La medida llega tarde, porque la inflación fue muy alta en diciembre (25%), enero (20%) y febrero (13%), por lo que los haberes perderán en el primer cuatrimestre casi un 30% con relación al costo de vida acumulado, según cálculos del instituto IARAF.
Milei considera que las instancias de negociación política con los otros partidos de cara a un eventual debate legislativo “se agotaron”, por lo que la publicación del decreto sería inminente, y en la Casa Rosada hasta se especulaba que podría conocerse este mismo viernes.
El DNU se publicaría en el Boletín Oficial con el formato de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un porcentaje extra, que rondaría entre el 12 y el 14 por ciento. Son dos puntos por encima de la propuesta inicial del ministro de Economía, Luis Caputo, que queda, sin embargo, por debajo del 20 por ciento que exigía la oposición.
Javier Milei decidió no esperar más y actualizar la fórmula de movilidad jubilatoria por decreto.
Más allá de la falta de consensos que percibieron en la política, en Balcarce 50 apuraron la decisión para evitar que sobrepasara la fecha de empalme del 1ro de abril. De esta manera, la aplicación de la nueva fórmula aplicaría los ingresos de los jubilados a partir de ese mes. Si demoraban más la decisión, advirtieron, iba a postergarse hasta junio, lo cual haría -aún más- insostenible la situación social del sector.
Con esta medida, el Gobierno descartó definitivamente los pedidos de PRO para tratar el proyecto de María Eugenia Vidal por el que había reclamado el jefe del bloque, Cristian Ritondo, en su reunión de la semana pasada en la sede nacional. La idea siempre fue evitar darle la iniciativa en este tema a los aliados.
Así, los libertarios se vieron obligados a resignar que la nueva fórmula previsional se trate en el marco de la Ley ómnibus, como querían inicialmente. Es que el debate en comisión del paquete más importante para LLA recién empezaría después de Semana Santa, llegaría al recinto a partir de la segunda quincena de abril y, en caso de aprobarse, el ítem jubilatorio empezaría a regir recién a partir de mayo. Un escenario preocupante si se tiene en cuenta que la inflación, aunque haya alcanzado una tendencia a la baja, se mantiene en porcentajes de dos dígitos.
A cuánto se iría la jubilación mínima y desde cuándo se cobraría
El Gobierno dijo que ninguna jubilación está por debajo de los 205 mil pesos. Para abril las consultoras están estimando una inflación piso del 10%. Si eso se cumple, los haberes subirían a 220.500 pesos. Y se empezarían a cobrar en mayo.
Si se toma en cuenta la pérdida que tuvieron los jubilados frente a la inflación en diciembre y enero, y que el aumento de 27% de marzo no llegó a cubrir, el Gobierno debería darles un incremento del 25% en abril y sumar la inflación de febrero (13,2%), es decir un aumento del 41,5%, incluyendo el bono. Pero el oficialismo planea solo compensar el costo de vida de febrero. Por eso, según cálculos privados los haberes todavía quedarían 30 puntos por debajo de la inflación.
Si esto sucediera, y las jubilaciones se ajustaran por inflación con un rezago de dos meses, quien cobra la mínima, incluido el bono, terminaría el año con un ingreso anual real prácticamente igual al del 2023. Y el jubilado sin bono terminaría el año con una pérdida del 16% respecto al 2023. Es decir que muchos miles de jubilados terminarían con un séptimo año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo.
Con el nuevo mecanismo de actualización, los jubilados recibirían un aumento de entre el 33% y 36% en abril de este año.
Con el aumento del 20,6% de la inflación de enero que quieren dar algunos proyectos de la oposición más la de febrero (13,2%), el aumento en abril sería del 36,5%, suponiendo que son acumulativos. De lo contrario, el incremento sería del 33,8%.
Estos números son clave porque los distintos proyectos presentados en el Congreso no compensan la pérdida de compra de las jubilaciones y pensiones de los últimos meses, agravando el deterioro de los últimos años.
En tanto, para la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) los haberes no alcanzados por los bonos tuvieron “una reducción real de 43% interanual durante el primer bimestre de 2024, mientras que la pérdida de los haberes mínimos con bono incluido fue de 27,8% interanual”.
Un informe del Estudio Paz Zurita había advertido que mientras las remuneraciones no se actualicen por IPC va a seguir el achatamiento de las jubilaciones, y los nuevos jubilados van a seguir perdiendo poder adquisitivo ya desde el haber inicial.
Esta pérdida del haber inicial se produce porque, al momento de jubilarse, se determina sobre la base del promedio salarial de los últimos 120 meses actualizados. Y esa actualización se aplica sobre la base de un coeficiente que se calcula según la evolución salarial de los trabajadores registrados (RIPTE, que viene en retroceso), con un retraso en relación con la inflación.