El manejo de los tiempos en la política alimentaria de Capital Humano parece sumar un nuevo revés. Así como las fechas de vencimiento en los alimentos acopiados dentro de los galpones aceleraron una crisis política dentro de la cartera que dirige Sandra Pettovello, el peso de la inflación enciende nuevas dudas sobre la eficacia del ministerio en la administración de fondos públicos multimillonarios.
Para optimizar los tiempos y transparentar los procesos, el Ministerio de Capital Humano tercerizó la compra de comida en dos organismos internacionales a los que transfirió cerca de $21.000 millones. A la fecha, estas organizaciones gastaron menos del 20% de ese dinero y sobre el 80% restante, estacionado fuera de las arcas del Estado, existen varias dudas y una certeza: el golpe inflacionario redujo significativamente el poder de compra de eso recursos. Según pudo estimar LA NACION, se perdieron, por lo menos, 890 millones de pesos. Recursos congelados que queman.
Esta merma en el poder de compra, estimada por este medio junto a economistas, es el costo que la inflación le hace pagar al Gobierno por la tercerización de una compra de alimentos que todavía está en curso y cuyo desenlace hoy es una gran incógnita.
La historia comenzó el 8 de febrero cuando el megaministerio de Pettovello firmó convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Estos convenios asegurarán que los procesos de compra se realicen bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, mejorando significativamente la eficacia y la integridad en la distribución de alimento” a los sectores más vulnerables de la sociedad”, indicó el comunicado oficial.
Un mes después, esos convenios se transformaron en transferencias millonarias de dinero que emigraba del Estado hacia ambos organismos con el objetivo de activar dos procesos licitatorios para comprar alimentos. Pasaron tres meses y sólo hubo una adquisición de comida. Quedaron $17.000 millones sin gastar, sobre los cuales el Gobierno no tiene posesión, y mientras no se los usa para lo que fue acordado pierden valor todos los días.
Según pudo confirmar LA NACION, el 25 de marzo se produjo la primera transferencia. Fueron dos movimientos en el mismo día. La OEI recibió $2.734.043.700 en un primer tramo y $4.038.456.300 en un segundo. En total, la operación significó pagos del Gobierno equivalentes a $6.772.500.000.
Un mes después, la operatoria se repitió con el monto duplicado y un destinatario distinto. PNUD recibió $14.000 millones para comprar arroz, fideos y leche en polvo. En total, las erogaciones del Estado totalizaron unos $20.772.500.000. Esta elevada cifra contrasta con la baja cantidad de los alimentos comprados.
De los casi $7000 millones girados a la OEI, el organismo internacional informó haber gastado $3.651.940.179 en aceite y lentejas y haber cumplido con el objetivo trazado en febrero. En consecuencia, quedó un sobrante de $3.120.559.821. Es decir, casi la mitad de lo transferido al organismo.
Por el lado de PNUD, hasta el momento el Gobierno no recibió ningún alimento por los $14.000 millones que transfirió, que duermen en una cuenta afuera del Estado desde el 25 de abril. Lo curioso, es que, según pudo averiguar LA NACION, el Ministerio prepara un nuevo desembolso de más de 10 mil millones de pesos. Esta otra erogación, se da bajo el marco del histórico proyecto del organismo “Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina contra el hambre”.
Estos números muestran que el Ministerio de Capital Humano tiene un alto saldo a favor con estas organizaciones, pero en la medida en que no se use el dinero, la inflación seguirá horadando el poder de compra.
Dejando este nuevo desembolso al margen, contemplando la evolución de la inflación en estos meses , así como las fechas en que estos montos fueron transferidos, LA NACION reconstruyó que el ministerio perdió cerca de $900 millones.
Según la proyección más conservadora de tres economistas consultados por este medio, desde abril a junio se acumuló un 7% de inflación en alimentos. Entonces, de los más de $3000 millones en la OEI se perdieron unos $218 millones de poder de compra hasta el momento.
En el caso de los $14.000 millones en manos de PNUD, la inflación de mayo en alimentos, medida por el Indec, fue del 4,8%. En consecuencia, le restó unos $672 millones de su capacidad de adquisición de comida.
Al considerar ambos convenios y el dinero transferido a estos organismos, se observa que el Gobierno ya perdió $890 millones. Una cifra menor para el Estado, pero que equivale, por ejemplo, a más de un 1 millón 200 mil paquetes de arvejas, según los precios de la licitación realizada por la OEI.
Se trata, no obstante, de un cálculo conservador. Según los economistas consultados, la pérdida del poder adquisitivo dentro del rubro alimentos en el período evaluado, oscila entre el 7 y el 12%. Los casi $900 millones se calculan sobre el piso de este espectro y no contemplan el impacto inflacionario de los 28 días del mes de junio.
Este desgaste en el poder de compra suele ocurrir en varios procesos dentro del Estado. Sin embargo, esta situación posee particularidades. Por ejemplo: en eso procesos aludidos el dinero permanece en control del Gobierno pero en este caso yace fuera de la órbita del Ejecutivo porque se trata de fondos públicos que se transfirieron a terceros sin haber efectuado una compra con proveedores previamente.
Parecido, pero distinto
En ambos organismos aún aguardan instrucciones de la cartera de Pettovello para saber qué curso darle a los fondos que tienen entre sus manos. Una opción puede ser el reintegro; otra, la puesta en marcha de la licitación (una nueva en el caso de la OEI, la licitación original en el caso del PNUD). Mientras tanto, el paso del tiempo corroe el poder de compra del Ministerio.
Los casos son similares aunque presentan notas distintas. El dinero del Estado que hoy permanece en las arcas de la OEI es el remanente de la única compra de alimentos que el Ministerio de Capital Humano realizó hasta el momento. Según señalan desde el organismo, la baja en los precios estimados fue tan significativa que solo fue necesario utilizar poco más de la mitad de los recursos transferidos para comprar los kilos pautados en lentejas y aceite. En la OEI están a la espera de instrucciones para saber qué hacer con ese sobrante. En concepto de “gastos administrativos”, este organismo retiene un 5% de la operatoria.
Distinto es el caso del PNUD. El organismo también puso en marcha la licitación en marzo, las empresas presentaron sus ofertas, pero el ministerio, aturdido por las salidas y las internas, nunca dio el visto bueno para avanzar con la adjudicación y concluir un proceso de compra que hoy continúa abierto, pese a que las ofertas de las empresas expiran pasados los 45 días de presentadas, según se lee en el pliego licitatorio. Esa fecha caducó el primer viernes del mes. En concepto de “recuperación de costos”, el PNUD retiene un 3%.