Durante 26 años, tener un trabajo formal impedía a una persona con discapacidad acceder a una pensión por invalidez. Tras años de reclamos de las organizaciones de personas con discapacidad, a fines del 2023 el entonces ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, impulsó un decreto para hacer compatible el empleo registrado y la pensión por invalidez.
Este lunes, el actual Gobierno publicó el decreto 843, que quita esta y otras flexibilizaciones para acceder a una pensión por invalidez. La norma elimina “las flexibilizaciones que convirtieron a esta prestación en una herramienta de clientelismo político”, destacó en X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La decisión se tomó tras las denuncias del Ejecutivo por el incremento de pensiones otorgadas durante los últimos 20 años, cuando pasaron de 78.585 en 2003 a 1.222.000 en la actualidad. Según las primeras auditorías del Gobierno, muchas pensiones otorgadas reflejan “inconsistencias alarmantes”.
El argumento del Ejecutivo es que una persona con facultades médicas para trabajar no debería cobrar la pensión. Pero esto es algo que cuestionan organizaciones de personas con discapacidad y especialistas en inclusión laboral.
“Nos parece que es una decisión absolutamente regresiva. Se elimina un decreto de noviembre del 2023 (el 566) para volver a exigir las condiciones de uno de 1997 (el 432)”, señala Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con discapacidad (REDI). Troiano señala que la decisión del Gobierno “no es legal”, ya que Argentina adhirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que “cambia el paradigma sobre las personas con discapacidad y señala que el Estado se hace responsable de eliminar barreras que impiden desarrollarse en igualdad de oportunidades”.
Santiago Libertella, con más de una década de experiencia trabajando en la inclusión laboral de personas con discapacidad, destaca que más allá de que esta decisión del Ejecutivo no fomenta la inclusión, el problema es más grande. “Lo que es necesario es que se generen más oportunidades y más estabilidad laboral para la población con discapacidad, ya que al día de hoy tres de cada cuatro de ellas están desempleadas”, señala el director comercial y de comunicación de Inclúyeme.com. En ese sentido, el 86,7% de los mayores de 14 años con certificado de discapacidad no tiene trabajo, según el último anuario estadístico de la Agencia Nacional de Discapacidad.
En esa línea, Troiano enfatiza que las personas con discapacidad tienen más dificultades para acceder al empleo formal, pero no por su discapacidad, sino por “barreras actitudinales”. Y pone como ejemplo que “hay desde hace 40 años establecido un cupo laboral del 4 % para personas con discapacidad en organizaciones del Estado que no se cumple”.
Un comunicado emitido por REDI, en el cual se pide la derogación del decreto 843, amplía sobre estas barreras: “No es justo tener que demostrar incapacidad laboral permanente para acceder a una pensión, ya que en la mayoría de los casos no son estas características propias las que las alejan del acceso al empleo, sino los múltiples prejuicios presentes en la sociedad”.
Ante esta situación, Troaiano considera que la incompatibilidad entre empleo formal y pensiones por invalidez promueve el empleo informal. “Las personas con discapacidad no solo tienen más dificultades para acceder al empleo, sino también para conservarlo. Por ejemplo, una persona con movilidad reducida depende de que el transporte sea accesible para llegar a su lugar de trabajo. Por eso, ante una oportunidad laboral, dudan: no quieren perder la pensión, que es segura, ya que el trabajo es fácil que lo pierdan”, dice la activista, que fue diputada nacional entre 2013 y 2017 y presidió la Comisión de Discapacidad en la Cámara baja.
A su vez, agrega Troaiano, esto impacta en las cuentas públicas: menos personas acceden al mercado laboral formal y aportan menos al Estado.
Si bien Libertella no considera que la nueva resolución promueva el empleo informal, coincide con Troiano en que “teniendo una pensión, una persona con discapacidad va a pensar dos veces acceder a empleo formal” y que en su carrera ha escuchado muchas veces esta duda, motivada por el miedo a perder los beneficios de la pensión.
Además, aclara que no se trata solo del monto económico, sino de la cobertura de salud que viene asociada y que, en caso de perder el empleo, tardaría en restablecerse.
Otro aspecto que enfatiza Troiano es el de los valores de la pensión: es del 70 % de la jubilación mínima, lo que al día de hoy resulta en 164.178 pesos (más un bono de 70.000 pesos). Pero, además, el anexo del decreto 566 establecía un tope en los ingresos (equivalente a cuatro jubilaciones mínimas) para que el empleo formal fuera compatible con la pensión.
En un comunicado oficial, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) señala: “El nuevo decreto establece que solo aquellas personas imposibilitadas para trabajar en forma total y permanente, en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin vínculo laboral formal podrán acceder a la pensión. Esta medida es crucial para combatir el fraude y asegurar que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan”. La Nación intentó sin éxito comunicarse con funcionarios de la ANDis para pedir más detalles sobre los argumentos de la nueva norma.
Desde REDI, señalan que el decreto 843 implica un retroceso en distintas cuestiones. Por ejemplo, que el beneficiario de la pensión debe acreditar un 66 % de “incapacidad laboral”. “Ni siquiera la Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla ya de incapacidad laboral, es un concepto vetusto”, dice Troiano. Además, el flamante decreto indica que un beneficiario de la pensión no debe tener parientes en condiciones de prestar ayuda. “Esto tira por la borda el concepto de autonomía de las personas con discapacidad”, denuncia Troiano.
“Impuesto” a la discapacidad
Troiano enfatiza que “la pensión la necesitan las personas con discapacidad porque tienen gastos adicionales vinculados a su discapacidad”.
“Lo solemos llamar el impuesto por tener una discapacidad”, amplía Libertella. Vivir con una discapacidad hoy en Argentina hace que muchas cosas sean más caras. Por ejemplo, suelen tener que pagar más por transporte, más a una prepaga o por distintas actividades que una persona sin discapacidad tal vez no la tiene”.
“Las personas con discapacidad requieren apoyos y suelen tener más gastos. Cualquiera que conozca a alguien con una discapacidad lo ha visto: desde una silla de ruedas, porque la obra social solo da una muy básica, hasta acceso a distintos tratamientos”, coincide Troiano.