Madrid, 14 nov (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reducido la compensación a Correos por prestar el Servicio Postal Universal (SPU) en los ejercicios 2014 y 2015 hasta 127,3 millones de euros y 113,3 millones de euros, respectivamente.
Tras verificar el coste neto de este servicio prestado, la CNMC ha corregido los cálculos de Correos, reduciendo el importe en 27,1 millones de euros para 2014 y en 29,4 millones, para 2015, según ha indicado este jueves en un comunicado.
En concreto, en el caso del año 2014, la carga financiera injusta se ha cuantificado en 127.278.237 euros frente a los 154.412.086 euros calculados por Correos.
Por lo que respecta a 2015, la carga financiera injusta se ha cuantificado en 113.374.855 euros frente a los 142.705.482 euros que cifraba Correos.
Además, por no alcanzar los objetivos de calidad en la prestación de los servicios, en el ejercicio 2014 se aplicó una penalización de 474 euros y en el ejercicio 2015, de 26.551 euros.
Por todo ello, las cantidades finales a liquidar por los ejercicios 2014 y 2015 se cifran en 127,3 millones de euros y 113,3 millones, respectivamente.
La CNMC tiene competencias para verificar el coste neto y determinar la carga financiera injusta del SPU desde la entrada en vigor de la Ley Postal en 2011.
Sin embargo, no ha podido ejercerlas durante más de diez años por faltar una metodología de cálculo del coste neto, que aprobó finalmente el Consejo de Ministros en junio de 2021, en el Plan de prestación del servicio postal universal.
La CNMC había sido crítica con el borrador de metodología que se le presentó en 2020. Además, en septiembre de 2023, antes de iniciar la supervisión del coste neto de cada ejercicio, recomendó revisar la que fue finalmente aprobada en 2021.
El Servicio Postal Universal es el conjunto de servicios postales que deben garantizarse de forma permanente en todo el territorio, con determinados estándares de calidad y a precios asequibles para los usuarios.
Correos recibe una compensación por el coste adicional (la llamada “carga financiera injusta”) que le supone cumplir con estas obligaciones de servicio público. EFECOM