En medio de la polémica por la distribución en escuelas bonaerense de libros que incluyen contenido sexual explícito, la Fundación Natalio Morelli, dedicada a la protección de los derechos de niños y adolescentes, denunció penalmente a la máxima autoridad educativa provincial, el director general, Alberto Sileoni, por “abuso de autoridad y corrupción de menores“.
La presidenta de la fundación, Bárbara Morelli, explicó que la decisión fue impulsada por la preocupación de padres y miembros de su organización, quienes consideran que el contenido de esos libros podría afectar negativamente el desarrollo de los jóvenes. “Es una degeneración que este tipo de libros estén en las bibliotecas escolares”, aseguró en diálogo con Radio Mitre.
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Según la mujer, los libros “Cometierra“, de Dolores Reyes y “Las aventuras de la China Iron“, de Gabriela Cabezón Cámara, contienen escenas con contenido sexual explícito que podría afectar a los estudiantes. “La denuncia por abuso de autoridad y corrupción de menores contra Sileoni se debe al cargo que él ocupa, donde pudo difundir el material sin que los padres, los directivos ni los maestros estén de acuerdo o sepan del contenido de estos libros”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.
La denuncia contra Alberto Sileoni
Consultada sobre la motivación por la denuncia por corrupción de menores, explicó: “[Se] encuadra en el artículo 125, que habla de difusión, presentación del tema y todo lo que tiene que ver con sexualizar a menores de edad. Es más, por ejemplo, esto se puede relacionar cuando una persona menor de edad tienen relaciones consentidas con una persona que tiene 18 recién cumplidos, pero se considera que es abuso sexual. Esto es igual con la corrupción de menores”.
Sumado a esto, la titular de la fundación aseguró tener “15 casos en nuestra denuncia”, aunque en las escuelas bonaerenses hay más de 1.700.000 alumnos. Asimismo, remarcó que los chicos no están preparados para entender estos textos: “No es algo que diga yo. Lo dice la medicina, la psicología, los neurólogos”.
En ese sentido, precisó que “llevan semanas investigando” el material distribuido, detallando que varios de los textos incluyen escenas de contenido sexual que, a su criterio, son innecesarias para el aprendizaje escolar y podrían influir de forma negativa en los menores. “Nosotros llevamos semanas investigando el contenido de estos libros, algunos de los cuales se pueden descargar por PDF, y observamos escenas con contenido sexual explícito que, en nuestra opinión, no son apropiadas para adolescentes tan jóvenes”, señaló.
“Como madre y como presidenta de la fundación, me preocupa mucho este tema. Hemos hablado con psicólogos que afirman que la exposición temprana a estos contenidos puede incentivar comportamientos y curiosidades que no son saludables a esa edad“, expresó. Ante el comentario de que los libros denunciados son para mayores de 16 años y que deben ser leídos bajo la supervisión de un adulto, la respuesta de Morelli fue que “es lo mismo que los padres supervisen a los hijos cuando usan el celular, teniendo en cuenta todos los secuestros que hay, todo lo que pasa con los chicos”.
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Asimismo, criticó la postura de Sileoni, quien había planteado que “son educadores” y que se tratan de “herramientas de apoyo para los docentes”, ante lo que expuso que “la escuela debe ser un espacio protegido para los chicos, un lugar donde los padres puedan estar tranquilos de que sus hijos no serán expuestos a ciertos temas antes de tiempo”. “Queremos que se retiren los libros de las bibliotecas. Los chicos tienen que leer libros que se usan para educar: matemática, biología. Si quieren leer ficción, que lean en su casa”, enfatizó.
También afirmó que en una conversación con el ministro, el funcionario bonaerense comparó los textos de la polémica con obras clásicas de la literatura argentina, mencionando a autores como Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo. Sin embargo, Morelli consideró que las comparaciones “son inadecuadas”, ya que considera que “el contenido sexual explícito y temáticas como el aborto no se pueden equiparar con la literatura tradicional”.
Además, sostuvo que la inclusión de estos textos “no es solo una cuestión de opinión sobre los límites de la educación, sino una posible vulneración de los derechos de los menores”. En ese sentido, afirmó que el debate no debería centrarse en una cuestión política, como señalan algunos críticos, sino en los posibles efectos sobre la niñez y adolescencia. “Esto no es un tema de izquierda o derecha, es una cuestión de proteger a los chicos”, remarcó.
La denuncia generó un amplio debate en la opinión pública, poniendo en foco las responsabilidades del sistema educativo en la selección de materiales escolares. Al respecto, la presidenta de la organización argumentó que, en tiempos en que los padres están sobrecargados de trabajo y responsabilidades, el rol de la escuela como espacio seguro cobra mayor relevancia. “No podemos normalizar que los chicos tengan acceso a todo tipo de contenido en su segundo hogar, que es la escuela”, concluyó.
MB / Gi