“¿Libradas a su suerte?”, así se llama un informe de situación de políticas públicas contra las violencias por motivos de género a nivel nacional que el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), publica este lunes. Es una fecha especial: el 25 de Noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en homenaje a las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 por orden del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
En Argentina, según La Casa del Encuentro, en lo que va del año hubo 269 femicidios. Seis de cada diez mujeres fueron asesinadas en sus propias casas, la mayoría por parejas o ex. Como consecuencia, 304 hijos e hijas se quedaron sin madre. En este contexto, es la primera vez desde el retorno de la democracia que el país no cuenta con políticas destinadas a la prevención de la violencia de género ni la promoción de la igualdad.
“A partir de la nueva gestión de gobierno nacional, bajo el mandato presidencial de Javier Milei, iniciado en diciembre del año 2023, las políticas del Estado Nacional contra la violencia de género han sufrido un severo desguace“, comienza el monitoreo de ELA.
Una de las primeras medidas del actual gobierno libertario fue cerrar el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad y dar de baja todos sus programas de ayuda y asistencia a mujeres víctimas de violencia, como el Acompañar, que daba, durante seis meses, un sueldo mínimo a estas mujeres para que pudieran salir de las relaciones violentas.
La actual gestión también desmanteló la Línea de Ayuda 144 dejándola con un mínimo de personal que no da abasto con el caudal de llamados. A su vez, desintegró el Plan ENIA contra el Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que había logrado reducir la tasa en un 50 por ciento en los últimos cinco años. Y desfinanció la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), además de oponerse a la Educación Sexual Integral (ESI). Medidas que van contra leyes nacionales y privan de derechos a mujeres, niñas y diversidades.
Un retroceso de 40 años
“Por primera vez desde la década del 80 del Siglo XX la Argentina se encuentra sin un organismo rector a nivel nacional en materia de promoción y protección de derechos de las mujeres y LGBTI+”, dice el monitoreo de ELA.
El informe detalla el desfinanciamiento y el estado de situación de de políticas, normas y programas, como Acercar Derechos, GenerAR, Producir, la Red de Asistencia Integral de las Violencias, el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata, la Reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidio, los Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad, el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, la Ley Micaela, el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, entre muchos otros.
“Claramente hubo retrocesos institucionales, presupuestarios y de rectoría en políticas públicas por parte del Estado nacional. Las consecuencias se miden en el impacto que esto tiene en las condiciones de vida y de bienestar de las mujeres, de distintas edades y a lo largo de todo el territorio”, dice a Clarín Natalia Gherardi, al frente de ELA.
“¿Cómo analizar la propia situación de vulnerabilidad si el discurso oficial es que la violencia por razones de género no existe? ¿Cómo confiar que habrá instituciones para acercarse a pedir ayuda si las autoridades nacionales desacreditan su trabajo, las desfinancian y desmantelan? El resultado se verá tal vez en un mayor índice de femicidios o tal vez no, no lo sabemos todavía”, explica.
“Lo que sí sabemos, es que viviremos en peores condiciones, sin alternativas a la vista, sin políticas públicas del Estado, sin espacios de contención y acompañamiento. Las redes de mujeres que siempre existieron y acompañaron estas situaciones seguirán siendo fundamentales. Seguiremos buscando alternativas para acompañar, contener, asistir, y al mismo tiempo exigir que el Estado nacional, los Estados provinciales y municipales cumplan con sus obligaciones”, concluye Gherardi.
“Piedra libre a los violentos”
“Estamos muy preocupadas con todo lo que está pasando en torno al Gobierno y las políticas de género. La violencia de género es un problema global y muy grave, y por eso es importante que los gobiernos tengan programas e inviertan dinero. Gracias a lo que se hizo en los últimos diez años, luego del Ni Una Menos, se han atendido demandas, y producto de la visibilización es que más mujeres se animaron a pedir apoyo al Estado y las organizaciones civiles“, sostiene Fernanda Tarica, al frente de Shalom Bait, Asociación Civil de Prevención y Asistencia Integral a victimas de Violencia de Género.
“Una de cada dos mujeres es victima de violencia en el país. La mayoría, víctimas de parejas y ex. Y si bien sabemos que la violencia es transversal a todos los sectores, en los vulnerables es más complejo porque se imponen otras necesidades, como vivienda, y dinero. Las victimas necesitan apoyo económico. No pueden irse, y si se van, sabemos que 8 de cada 10 padres no pagan la cuota alimentaria. ¿Cómo hacen las mujeres entonces?”, se pregunta Tarica.
“El país tiene leyes y compromisos internacionales, pero el Gobierno dice que la desigualdad de género no existe. Es piedra libre a la violencia y los violentos. En este contexto, los que sienten más poder son los violentos porque se sienten validados por un gobierno que niega el tema”, asegura.
“Los trabajos que tienen la mayoría de las mujeres que atendemos son precarizados, con salarios muy bajos, con situaciones dramáticas, que no pueden pagar el alquiler, que deben ir a comedores populares o elegir si comprar alimentos o medicamentos. Mujeres que además deben estar atentas al botón antipánico, viendo que se cumplan las medidas de protección y buscando abogados que las representen. Da mucha impotencia”, concluye Tarica.
Aumenta el peligro
“El contexto actual aumenta el peligro en el que se encuentran quienes están en una situación de violencia. En casi 11 meses se eliminaron los organismos rectores en políticas de género y se desfinanciaron los pocos programas que sobrevivieron. Para el futuro mediato, no hay desde el ejecutivo ningún anticipo de medidas, políticas públicas y programas que prevengan y trabajen para erradicar la violencia de género, lo que constituye un ejemplo concreto de lo que llamamos Violencia Institucional, además de la Violencia Simbólica ejercida desde el ejecutivo, que habilita los discursos de odio a la cual nos vemos sometidas mujeres y diversidades”, dicen desde La Casa del Encuentro.
“Ya quedó claro que el género no es un tema de agenda, el gobierno desconoce la desigualdad y la inequidad entre los géneros y no acepta la diversidad desconociendo tratados y leyes existentes. Esto se reafirma al ser Argentina el único país del G20 que rechazó firmar el documento sobre Empoderamiento de la Mujer, acordado en Brasilia por ministras y secretarías de Mujeres y de Igualdad de los países miembros y votó en contra de la resolución para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas que aprobó la ONU”, agregan.
“En este marco, la función de la sociedad civil se hace cada vez más imprescindible para no desamparar a quienes se encuentran inmersas en una situación de violencia. Pero esto no reemplaza de ninguna manera la responsabilidad del Estado en esa protección y prevención. La violencia de género existe y se profundiza cada vez más con la feminización de la pobreza llegando, en muchos casos, a su expresión más extrema: el femicidio. Un Estado que no protege, ignora. Un estado que ignora, avala”, concluyen.
“Este 25 de noviembre los feminismos populares de Argentina volvemos a salir a las calles en un contexto de graves retrocesos para las políticas públicas de prevención y abordaje de las violencias. Hay un Estado que niega las problemáticas, por eso lo caracterizamos como un Gobierno negacionista, que tuvo su máxima expresión en el voto contrario en contra de la erradicación y prevención de las violencias. Un Estado que usa las instituciones estatales para discriminar a determinadas poblaciones, para atacar la ESI, que es una gran política que previene abusos contra las infancias y adolescencias, y todo en un contexto de grave crisis económica”, dice a Clarín Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos.
“El Estado afecta la autonomía económica de las mujeres, lo que hace más difícil salir de las violencias, y al mismo tiempo desmantela la atención y abordaje de la prevención de las violencias. La violencia va a crecer -asegura-. Es muy peligroso que el Estado niegue la problemática e impulse discursos de odio usando las instituciones estatales, así que volvemos a salir a la calle para seguir diciendo que los femicidios crecen y que el Estado es responsable”.
La convocatoria es a las 14 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para movilizarse a la Plaza de Mayo. El reclamo, esta vez, es al Poder Ejecutivo.