La Haya, 5 dic (EFE).- El Gobierno francés instó este jueves a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “contribuir a identificar y clarificar” el derecho internacional aplicado a la lucha contra el cambio climático, y aseguró que su decisión tendrá una influencia “indudable” en los Estados, que conocerán “con certeza y sin ambigüedades” sus obligaciones legales.
En un discurso durante las audiencias en curso ante la CIJ, Diégo Colas, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio francés de Exteriores, aseguró que Francia es “plenamente consciente de la gravedad de este procedimiento consultivo (ante el tribunal) y del fenómeno que lo inspiró”, y subrayó el “contexto de urgencia” que lo enmarca, puesto que busca “garantizar un futuro habitable y sostenible para todos”.
“Debemos actuar de manera inmediata y drástica para cambiar las trayectorias de las emisiones actuales. Sin una acción decidida hacia la mitigación y la adaptación, nos dirigimos de manera precipitada hacia consecuencias cada vez más graves del cambio climático, desastrosas tanto para el medioambiente como para los seres humanos”, señaló.
Además, recordó que los efectos del cambio climático “no perdonan a ningún Estado” y requieren “una acción coordinada” de la comunidad internacional, teniendo en cuenta “necesariamente las circunstancias específicas” de cada país, sobre todo de los Estados más vulnerables al calentamiento global por su geografía y nivel socioeconómico.
“Francia está convencida de que este procedimiento consultivo ofrece una oportunidad única para que la Corte contribuya a identificar y clarificar el derecho internacional en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático. La influencia de esta opinión en la interpretación y aplicación del derecho por los Estados en relación con el cambio climático es indudable”, admitió.
No obstante, defendió que, como la opinión consultiva que emita la CIJ permitirá a los países “conocer con certeza y sin ambigüedades la naturaleza y el alcance de sus obligaciones legales”, la interpretación de los jueces debe “encontrar su principal fuente en el derecho relevante y aplicable”, que estaría en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.
“Estos tres instrumentos son los textos de referencia en esta materia”, explicó Colas.
París defendió que una “opinión útil” de la CIJ sería “operativa tan pronto como se emita” y recordó que los efectos de su decisión “son igualmente tangibles a nivel regional y nacional”, y no solo para la ONU, cuya Asamblea General solicitó el año pasado a este tribunal emitir una opinión consultiva respondiendo a una serie de preguntas.
Los magistrados deberán identificar las obligaciones de los Estados, según el derecho internacional, a la hora de proteger a otros países y a las generaciones futuras de los efectos catastróficos de “las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero”.
También deberán definir “las consecuencias legales” en casos de “actos y omisiones” por parte de los Estados de las obligaciones identificadas, en particular hacia los pequeños insulares, que, por su geografía, se vean perjudicados por las consecuencias.
Para elaborar su opinión consultiva, la CIJ escucha desde el pasado lunes y hasta el 13 de diciembre los argumentos de un total de 98 países y 12 organizaciones internacionales. Se espera que emita su decisión a lo largo del próximo año. EFE