El Gobierno argentino espera que la llegada de Trump al poder signifique un apoyo no solo político sino, sobre todo, económico y financiero. No está garantizado que eso vaya a ocurrir sencillamente. Aunque habrá que ver en concreto qué magnitud tiene hacia cada país, (teniendo en cuenta que Trump es “transaccional” en el sentido de que pega para negociar), la suba de aranceles probablemente lleve a un cambio de tendencia respecto a las tasas de interés de la FED, referencia internacional. Ese eventual fortalecimiento del dólar, junto a devaluaciones de monedas importantes para el comercio exterior argentino como el real brasileño (algo que viene ocurriendo) agudizarían el problema cambiario que hoy tiene la Argentina, con una moneda demasiado apreciada. Eso podría implicar menos exportaciones, más importaciones y nuevos golpes recesivos. O podría empujar a una devaluación, escenario del cuál el Gobierno viene escapando.
En su discurso aniversario, Milei apeló al desgastado recurso macrista de que lo peor ya pasó. El presidente anunció el fin de la recesión económica, que habrá que terminar de certificar en las estadísticas oficiales del tercer trimestre (julio-septiembre) a conocerse la semana próxima. Pero no se quedó allí, habló de una “brutal recuperación en el último trimestre” (octubre-diciembre). Todos los indicadores económicos conocidos a la fecha, en el mejor de los casos señalan que la caída económica está encontrando un piso, pero de ninguna manera experimenta una “brutal recuperación”: por ejemplo, por el lado de la oferta, la industria y la construcción volvieron a caer en octubre; y, por el lado de la demanda, las ventas en supermercados retrocedieron en septiembre (en todos los casos se trata de los últimos datos disponibles).
El presidente habló de la “brecha cambiaria muerta”. Es que, en los últimos meses, el Gobierno logró un colchón de dólares gracias al blanqueo, que llegó a USD 23.300 millones, según indica un informe de CIFRA. A diferencia del blanqueo hecho por Macri -que sumó más de USD 114.000 millones en 2016- el actual llevó a un crecimiento más rápido y mayor de los depósitos en dólares. Esto permitió, junto con una mayor liquidación de dólares por parte del sector agroexportador, inusual para la segunda parte del año, cierto margen al Banco Central para intervenciones en el mercado de cambios y una fuerte emisión de bonos de empresas privadas (Obligaciones Negociables), fomentando a su vez el carry trade, mecanismo que aprovecha el capital financiero especulativo para hacer enormes ganancias en dólares gracias el diferencial de tasas de interés en pesos, pero que podría alterarse ante cambios en la economía internacional. El dólar planchado no solo juega un rol en la política de desaceleración inflacionaria, sino que opera como una suerte de seguro cambiario para que el “carry trade” de los especuladores sea ganancioso (su truco está en que la tasa de interés en pesos le gane a la tasa de devaluación).
Esta situación le permitió al Gobierno lograr una baja en los tipos de cambio paralelos, haciendo casi desaparecer la brecha. Pero la precariedad financiera se mantiene porque el BCRA sigue teniendo reservas negativas (USD 5.500 millones estimado); volvió el déficit de cuenta corriente (salen más dólares de los que entran: pago de deuda, pago de servicios -incluido el turismo- y menor superávit comercial); a la vez que la deuda en dólares del Estado se acrecentó en casi USD100.000 millones este año. Eso explica la decisión de sostener el cepo a pesar de las promesas en campaña. El presidente en la cadena nacional reeditó la promesa de salir del cepo durante 2025, pero la falta de precisiones sobre una fecha para su levantamiento es una confesión de partes de las fragilidades que encierra el esquema económico.
La brecha más que muerta, como afirmó Milei, está adormecida por la anestesia del ministro de Economía, Luis Caputo. Pero el equilibrio cambiario no es definitivo. Mucho más con la hipoteca de la deuda pública en dólares, que el gobierno intentará renegociar debido a los altos vencimientos del próximo año, para lo cual apuesta al apoyo de Trump. Por eso Milei habló de que buscará un nuevo acuerdo con el FMI o los acreedores privados, o con ambos. La fraudulenta deuda que se recicla desde la dictadura, que volvió a pegar un salto enorme con la hipoteca que contrajeron Macri y Caputo, y que convalidó el Gobierno del Frente de Todos con las reestructuraciones de Martín Guzmán, hoy esa deuda presenta un horizonte traumático de una nueva reestructuración.
Un esquema económico endeble
El esquema económico está plagado de fragilidades. El presidente se ufanó en la cadena nacional del “ajuste más grande de la historia” que le permitió lograr superávit en las cuentas públicas, muy valorado por el capital financiero especulativo, en tanto implica la garantía para los pagos de una deuda pública plagada de operaciones fraudulentas. Aunque el oficialismo buscará defender el superávit a capa y espada, este presenta varias incertidumbres hacia adelante. Por un lado, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el superávit fiscal primario (diferencia entre ingresos y gastos, sin contabilizar pagos de deuda), se sostuvo, además de con el brutal ajuste, con la recaudación de impuestos vinculados al comercio exterior que se incrementaron gracias a la devaluación de diciembre de 2023, que el oficialismo evita repetir, y por el Impuesto País, que se eliminará a fin de diciembre. El resto de los ítems recaudatorios vinculados a la actividad económica interna cayeron fuertemente. Hacia adelante, el sostenimiento de superávit fiscal dependerá de una reactivación fuerte de la actividad, que no está plenamente asegurada, pero que, a su vez, insumiría cantidades creciente de dólares para importaciones, en un año, como 2025, con altos vencimientos de deuda. Es decir, los dólares disponibles estarán en “disputa” para que sean utilizados en el eventual crecimiento económico o para pagar la deuda.
Por otro lado, el superávit financiero (diferencia entre ingresos y gastos, contabilizando los servicios de la deuda), tiene cierto grado de maquillaje debido a la emisión de instrumentos de deuda, como las Lecap (Letras de Capitalización), que capitalizan intereses que no se contabilizan en el resultado financiero. Como explicó el analista Christian Buteler, hasta octubre, “el resultado financiero acumulado del año muestra un superávit de $2.964.930 millones. Sin embargo, al incorporar el impacto de los intereses capitalizados, este superávit se transformaría en un déficit de $6.492.976 millones”. No se trata de un ocultamiento, sino de la opción que toma el gobierno de emitir títulos que le permiten no contabilizar los intereses, pero la capitalización de intereses termina impactando en el stock total de deuda, que se incrementó fuertemente.
En el primer año de Milei si bien el peso argentino se fortaleció frente al dólar, se trata de un fortalecimiento ficticio debido a los artificios financieros de LLA. Como señaló el economista Pablo Gerchunoff en una entrevista con la revista Crisis: “La única manera de seguir bajando la inflación en estas condiciones es volver a la moneda cada vez más fuerte, lo cual es inconsistente con tu nivel de productividad, que es lo que está ocurriendo”. Es que un fortalecimiento real del peso argentino se debería verificar en un fuerte proceso inversor que conduzca a un aumento considerable de la productividad del país, a un desarrollo de las fuerzas productivas. Pero, nada de esto ocurre. Por el contrario, el fortalecimiento del peso tiene como consecuencia el atraso cambiario porque la cotización del dólar aumenta muy por detrás de la inflación.
De acuerdo al Tipo de Cambio Multilateral que calcula el Banco Central, la inflación se comió el efecto de la devaluación de diciembre de 2023. Es decir que, en la actualidad, el tipo de cambio real está en el mismo lugar que lo dejó Sergio Massa. Visto de otro modo, el dólar tendría que estar por encima de los $3.000 para alcanzar el mismo nivel de competitividad cambiaria que existía inmediatamente después de la devaluación de diciembre de 2023. Esto implica que Argentina se encarece frente al mundo: opera como un desincentivo a las exportaciones y un incentivo a las importaciones, de bienes y servicios, como el turismo que podría insumir muchos dólares en las vacaciones de verano.
En ese escenario, la política comandada por el capital financiero y aperturista, acrecentada por la apreciación del peso que favorece las importaciones, genera fuertes roces con la burguesía industrial (UIA) que exige compensaciones impositivas (incluyendo el RIGI industrial, algo que anunció el gobierno) y mayor flexibilización laboral, como pedido “amigable” frente a sus históricos reclamos devaluatorios (hoy más limitados, pero más fuertes en el campo). Si bien estas tensiones se mantienen dentro de un mismo “plan” político de aval al gobierno, evidencian los límites del “modelo”.
Al mismo tiempo, mientras una fracción del gran capital incrementó sus ganancias, el nivel de vida obrero y popular sigue descendiendo. La recesión no se ha superado (-3,1% del PBI en los primeros 9 meses, -5,5% sacando al campo, afectando sobre todo a la construcción, la industria y el comercio). La característica de la economía argentina es el estancamiento que atraviesa desde hace por lo menos una década. El oficialismo está lejos de sacarla de esta situación.
Los salarios siguen perdiendo
Javier Milei afirmó que los salarios promedio aumentaron de 300 a 1.100 dólares. Está afirmación es, eventualmente, cierta para los asalariados del sector privado registrado. Pero no es válida para estatales e informales. No solo eso: en la comparación el presidente omite que ese resultado es producto del atraso cambiario y no de una mejora en las condiciones de vida de los asalariados. Para evaluar las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores no basta con mirar el salario en dólares. Lo central es mirar el salario en relación al avance de la inflación, es decir medir el poder adquisitivo del salario en relación a los precios de los bienes y servicios que la clase trabajadora consume. Cuando se observa el poder adquisitivo del salario en septiembre (último dato oficial del INDEC) todos los segmentos (privado formal, público formal e informales) están por debajo del nivel que tenían en noviembre de 2023, gracias al golpazo que recibieron con la devaluación del ministro de Economía, Luis Caputo. La pérdida es del 14 % interanual para los sectores formales (privado y público) cuando se compara el promedio de nueve meses de 2024 con el promedio del mismo período de 2023. En el sector no registrado, el poder de compra es 30% más bajo que en el promedio de 2023. No solo eso. En 2023, el poder de compra de los salarios ya estaba en un nivel bajísimo.
La caída del consumo como consecuencia de la baja de los ingresos (en particular de los salarios y las jubilaciones), el aplastamiento del gasto público y la débil inversión, frenan una recuperación. La inflación parece estar encontrando un piso en los últimos meses del año, incluso con algunas consultoras previendo una leve suba. Con la inflación cerca del 2 % mensual, el oficialismo enfrenta el problema de que la suba del tipo de cambio oficial (el llamado “crawling peg”) a un ritmo del 2 % mensual establece una suerte de “piso” a la inflación futura (o al menos en los productos importados o con componente importados). Pero también es un problema reducir la suba del dólar oficial a un ritmo del 1 %, como promete el equipo económico, porque podría agravar el problema del atraso cambiario. A su vez cambian los precios relativos: se estabilizan en general los precios de los bienes y crecen más los de los servicios. Esto queda subregistrado en las estadísticas oficiales por la falta de una actualización metodológica, que el gobierno retrasa. El IPC está atrasado por la canasta de consumos que analiza: si se actualizara, se estima que daría una caída en el salario real acumulada 5% mayor que la oficial. En ese marco, la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones se ve acrecentada por la baja de los medicamentos gratuitos del PAMI, lo que implica un golpe durísimo a las y los adultos mayores. Al mismo tiempo, si bien la dinámica del empleo no es catastrófica, sí es claramente negativa (-2,1% del total de los empleos desde nov. ‘23 a set. ‘24, con la caída más notoria en la construcción) con 11.000 empresas que cerraron (gran mayoría pequeñas).
La apuesta estratégica de Milei y la gran burguesía
El objetivo de Milei no es una “estabilización” parcial como la que estamos viviendo, sino una solución reaccionaria estructural a la crisis orgánica. Aunque haya abandonado el plan de la dolarización en lo inmediato, el contenido es la mayor semicolonización del país posible, lo que a su vez implica el ataque a todas las instituciones del “Estado ampliado”: sindicatos, derecho laboral, universidades, salud y educación públicas, organismos de investigación científica, de defensa de derechos de las mujeres y personas LGTB, etc. En este camino avanzó con la Ley Bases, el DNU 70/23 y otras medidas.
La apuesta del gobierno y la gran burguesía es mantener el déficit cero, el ataque sobre el conjunto de las condiciones de trabajo de las grandes mayorías (asalariados y cuentapropistas) y garantizar el pago de la deuda (renegociando los plazos y -de máxima- con un nuevo préstamo del FMI) con el horizonte de mediano plazo de cambio de composición en las exportaciones del país, logrando consolidar y aumentar el superávit energético. Esto implica una reconfiguración de la clase dominante, liquidando a los sectores de la burguesía que busquen compensar su baja productividad con la “protección” del tipo de cambio (lo que históricamente hizo la burguesía argentina no monopolista).
En 2024 ya lograron USD 4.300 millones de superávit energético. Esto gracias al aumento de producción de gas y petróleo de Vaca Muerta y a la reducción de las importaciones de combustibles. El plan capitalista es llevarlo a USD 30.000 millones para 2030, con las exportaciones energéticas superando a las agro-ganaderas. Faltan aún muchos años pero la gran burguesía se alimenta de esa esperanza.
Ese esquema, como lo muestran los autores de “Con exportar más no alcanza”, no soluciona estructuralmente los problemas de las restricción externa que afectan al país. Al contrario, los agravan. La escasez de dólares emerge de una estructura productiva atrasada y dominada por el capital extranjero y es el resultado de múltiples mecanismos financieros (deuda pública, remesas de utilidades, fuga legal e ilegal) que implican un saqueo permanente de la riqueza que produce la clase trabajadora en el país. Sin alterar esa estructura, un proyecto alrededor de las exportaciones de gas, litio, petróleo y productos agro-ganaderos solo puede perpetuar el atraso nacional.
El ajuste no se detendrá en 2025 pese a que iremos ingresando cada vez más claramente en una coyuntura electoral.