La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó este viernes una serie de medidas cautelares a favor del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela acusado de espionaje y terrorismo. Entre ellas, la entidad -que funciona como un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA)- instó al gobierno de Nicolás Maduro a que brinde información sobre el paradero de Gallo y que “se permita la comunicación del beneficiario con su familia”. Pero en la resolución, además, el organismo da a conocer que dos abogados, en representación del agente de la fuerza de seguridad, se acercaron el 17 de diciembre hasta la fiscalía general de aquel país en busca de respuestas que les fueron denegadas.
“El 17 de diciembre de 2024, los abogados Nahuel Gallo en Venezuela fueron citados a la Fiscalía para recibir información sobre su paradero, pero se les notificó que la denuncia por su desaparición no procedería y no se les brindó información. Al intentar presentar la denuncia, en las oficinas centrales de la Fiscalía General en Caracas se negaron a recibirla”, se precisó en la resolución de la CIDH, que hace un repaso por los días previos a la detención de Gallo, ocurrida el 8 de diciembre en San Antonio de Táchira en momentos en que entraba al país desde Cúcuta, Colombia, por el Puente Internacional Simón Bolívar.
Hasta el momento, desde el Ministerio de Seguridad no se habían difundido detalles que dieran cuenta de un contacto entre dos abogados representantes de Gallo y las autoridades de Venezuela. Ante la consulta de LA NACION, cercanos a la cartera que comanda Patricia Bullrich no negaron el encuentro, si bien dejaron en claro que no prosperó y que al momento el gendarme se encuentra sin ningún tipo de defensa asignada.
Aun así, evitaron brindar algún tipo de respuesta acerca de quiénes fueron los letrados que se presentaron ante la fiscalía general en Venezuela y si estos fueron enviados por el gobierno argentino. En cambio, las mismas fuentes deslizaron que todo lo relacionado con este episodio es de carácter reservado y responde a una cuestión de “secreto de Estado”. Desde la Cancillería que dirige Gerardo Werthein mantuvieron el hermetismo al explicitar que no harían ningún tipo de comentario al respecto.
Según se da cuenta en el comunicado, los dos abogados se presentaron en la fiscalía general de Venezuela, a cargo de Tarek William Saab, 11 días después de la detención de Gallo, y una semana antes que Venezuela confirmara oficialmente por medio de un comunicado que el gendarme había sido apresado y “procesado por vinculación a acciones terroristas”.
En el escrito de la CIDH también se hace mención a que la suegra de Gallo “habría ido a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM),en Boleíta, Caracas “para obtener información sobre su paradero y los funcionarios le respondieron que él no se encontraría en dicha sede”.
Estos datos proporcionados en la resolución de la CIDH se dan en momentos en que el Gobierno intenta por todos los medios garantizar la designación de una defensa para Gallo y en medio de la intervención de la Justicia federal e internacional para que se informe, por vía diplomática, el paradero del gendarme.
En tanto, desde la CIDH consideraron que este asunto reúne “requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad” y por lo tanto habilitaron medidas cautelares en favor de Gallo. Entonces, solicitaron a Venezuela:
El pedido de medida cautelar a la CIDH fue realizado por el Instituto Casla, especializado en derechos humanos, a través de su directora ejecutiva. Ante esto, la comisión interamericana pidió respuestas a Venezuela el 23 de diciembre, pero no las recibió hasta ahora y se venció el plazo para que el chavismo presente una contestación.
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