De cara a la audiencia pública de la semana que viene donde se tratarán las “revisiones tarifarias integrales” que regirán hasta abril de 2030; las distribuidoras y transportadoras de gas salieron a ruedo con un triple combo de planteos tarifarios y regulatorios.
En primer lugar, solicitaron a la administración mileísta un aumento de tarifas en sus ingresos específicos, que oscila entre el 38% y 49,5% en el caso de las distribuidoras y entre el 22,7% y 35% por el lado de las transportadoras. Esos incrementos —que tendrían un impacto final en las facturas residenciales del 13% al 20% y correrían a regir a partir de abril— están destinados a cubrir las obras, inversiones y los gastos operativos previstos para los próximos cinco años.
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En segundo lugar, las empresas gasíferas pidieron dejar de lado el ajuste semestral por mayores costos de operación que prevé el marco regulatorio y mantener el actual esquema de actualización mensual con una fórmula automática que tome en cuenta la variación inflacionaria, el índice de precios de la construcción y las mejoras salariales.
El tercer punto incluido tuvo como dato saliente un masivo rechazo a la pretensión oficial de separar en las boletas el pago de los ítems específicos del servicio de gas y los correspondientes a los recargos y tasas municipales. De distintas maneras, todas las distribuidoras se manifestaron en contra de la modificación reglamentaria impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que apunta a desdoblar las facturas y no cortar el suministro a los usuarios que opten por no pagar las tasas y recargos municipales que encarecen el servicio.
Las posturas de las gasíferas quedaron sobre el tapete en las notas y documentos que elevaron al Enargas, en el marco de la audiencia pública que ha sido convocada para el 6 de febrero con fin de exponer y delinear los aumentos y cambios regulatorios que se aplicarán el período quinquenal que se extiende hasta 2030.
En lo que atañe a las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Gasnor, Gasnea, Gas Cuyana, Gas del Centro, Camuzzi Pampeana, Camuzzi Sur, Litoral Gas y Redengas; las subas solicitadas en los cargos fijos de las facturas van del 38% al 49,5%.
En el caso de Naturgy BAN —cuya área de concesión abarca 30 partidos de las zonas Norte y Oeste del Gran Buenos Aires—, los aumentos en juego prevén elevar el cargo fijo actual de los clientes hogareños R1 de $ 2.122 a $ 3.174. Para los R2.3, el cargo fijo pasaría de $7.300 a $10.919 mensuales; mientras que para los R3.2, el salto sería de $ 11.070 a $ 16.557. Para los R 3.4 que son los hogares que más consumen, el cargo fijo aumentaría de $ 22.725 a $ 33.990 por mes.
En tanto, por el lado de las transportadoras TGS y TGN, los incrementos pedidos para mejorar sus cajas oscilan entre el 22,7% y 35%. Según los números aportados por TGS, para un usuario residencial R1 de Metrogas, el aumento en juego para el transporte representaría una suba final del 3,6% y pasaría a pagar por ese concepto $ 1.470 mensuales. En el caso de un hogar R 2.3, el incremento final en las boletas llegaría a $ 1.260 y los $ 5.560 que abona actualmente por el ítem de transporte ascenderían a $ 6.820 mensuales.
Los aumentos acumulados que pidieron distribuidoras y transportadoras implicarían un impacto en las boletas finales del 13% al 20%. Si bien desde el Gobierno hicieron trascender que el tope máximo de traslado a las facturas no superaría el 10%, no se descarta que los funcionarios de Energía y Economía terminen aceptando los pedidos de las gasíferas, pero con una aplicación desdoblada entre abril y los últimos meses de 2025.
Metrogas propone nuevo mecanismo
En cuanto a la nueva “metodología de ajuste periódico” de los ingresos de las empresas, el propio Enargas alienta la implementación de un esquema mensual en lugar del semestral que contempla el marco regulatorio.
En el “material de consulta” que aportó para la audiencia pública, la intervención del ente regulador que encabeza Carlos Casares destacó que “la periodicidad en materia del ajuste por indicadores económicos no solo es importante para mantener la sustentabilidad económica-financiera de la prestación y la calidad del servicio, sino también para cumplir con los principios de certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad de las tarifas, tal como lo ha destacado la Corte Suprema”.
En línea con ese argumento, el órgano de control propuso una fórmula mensual que combina la evolución de los índices de precios minoristas y mayoristas “para poder mantener el poder adquisitivo de las tarifas del servicio de distribución y transporte, a fin de atender a la sustentabilidad económica-financiera de la prestación y la calidad del servicio”.
Tasas municipales y facturas sin desdoblar
Por su parte, la movida de Caputo para segmentar las facturas separando el costo del servicio de las tasas municipales para que los usuarios decidan si pagan o no los recargos locales no cayó bien entre las empresas, las cuales pidieron diferir el tratamiento del tema por considerarlo “inconveniente e improcedente”.
La que más fundamentó el rechazo a esa modificación reglamentaria fue Naturgy BAN y entre otros argumentos destacó los siguientes:
- La pretensión de mantener una factura diferenciada frente a una medida cautelar implicaría nuevos desarrollos en los sistemas de cobranza que no podrán implementarse de manera inmediata debido a su alta complejidad técnica.
- En el caso de las entidades cobradoras, se debería implementar un esquema que permita manejar partidas de forma separada para un mismo período de facturación, lo cual incluiría cambios en la publicación de deuda en plataformas como Pago Mis Cuentas (PMC) y Red Link, así como la generación de dos códigos QR independientes para permitir a los clientes abonar mediante billeteras virtuales uno u otro valor.
- La implementación del nuevo esquema generará incertidumbre en la gestión de los débitos automáticos, ya que será necesario habilitar mecanismos que permitan a los clientes elegir, antes de procesar el débito, qué importes desean pagar. Esto podría derivar en una reducción significativa en la adhesión al débito automático, que actualmente es el canal de pago más seguro. Tal disminución incrementaría los costos de comisiones bancarias al desplazar a los clientes hacia canales más onerosos.
- Además, se verían afectados los procesos de cobro telefónico, ya que el IVR utilizado para la gestión de pagos deberá ser adaptado para reflejar las nuevas opciones de pago disponibles para los clientes.
- Existe un riesgo significativo de que los clientes experimenten confusión al momento de realizar los pagos, lo que podría derivar en el incremento de la morosidad. Este escenario tendría un impacto financiero negativo en la compañía, al aumentar los costos asociados al seguimiento y recupero de deuda.