Amnistía Internacional emitió un duro comunicado en el que criticó la reciente decisión del Poder Ejecutivo de nombrar por decreto a dos nuevos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según la entidad, esta medida no solo representa un “grave retroceso para la independencia judicial”, sino que también afecta la legitimidad del máximo tribunal y vulnera el principio de igualdad de género.
“La designación de dos varones mediante el Decreto 137/2025, sin el acuerdo del Senado y a través de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo”, señala el documento, que también califica la decisión como “una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en la Corte”.
Un decreto polémico y una advertencia sobre la división de poderes
La designación de jueces por decreto ha sido históricamente una práctica controvertida en la política argentina. De acuerdo con Amnistía, el Ejecutivo se valió de una interpretación forzada de la facultad que le permite “llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso”, cuando en realidad el mecanismo constitucional exige una mayoría de dos tercios en la Cámara Alta para avalar cualquier nombramiento en la Corte.
“La división de poderes hace a la esencia misma de nuestro sistema republicano de gobierno y nunca puede ser avasallada por no conseguir los acuerdos políticos respecto de candidatos en particular”, sostiene el comunicado, y advierte que el Senado tiene el derecho constitucional de rechazar una designación si considera que no están dadas las condiciones para aprobarla.
Además, Amnistía subrayó que la maniobra presidencial ignoró las numerosas impugnaciones presentadas durante el proceso de evaluación pública, en las que se cuestionó la idoneidad e independencia de los candidatos y se alertó sobre la histórica desigualdad de género en la composición de la Corte.
Riesgos para la legitimidad del tribunal
La organización de derechos humanos insistió en que las reglas constitucionales no son “meras formalidades”, sino garantías esenciales para el equilibrio de poderes. En este sentido, advirtió que designar jueces sin el proceso correspondiente deja al tribunal en una situación de fragilidad institucional.
“Eludir el procedimiento constitucional compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, al dejar a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria, que los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía”, señala el documento.
En la misma línea, Amnistía remarcó que la búsqueda de consensos políticos es fundamental para la estabilidad de la Corte y para la seguridad jurídica del país. Además, desestimó el argumento de la necesidad de completar el tribunal con urgencia, asegurando que la Corte tiene mecanismos para funcionar con solo tres integrantes hasta que se logre una integración acorde a lo que establece la Constitución.
“Argentina no merece una Corte designada por decreto”
En un cierre categórico, Amnistía Internacional reafirmó la importancia de la independencia judicial y rechazó cualquier intento de manipulación política en la designación de jueces. “El Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe ser un pilar de respeto y confianza para la sociedad. Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad”, concluyó el comunicado.