La Argentina presentó su descargo argumental en la Justicia estadounidense, a favor de que se sostenga la suspensión de la entrega de acciones de YPF a los fondos buitres, de acuerdo al dictamen de la jueza Loretta Preska.
Ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York, los abogados entregaron un escrito con los fundamentos en defensa de la soberanía nacional y contrario al traspaso del 51 por ciento de los papeles de la petrolera hacia los demandantes en la causa por la reestatización.
De acuerdo con la Constitución nacional, la operación para transferir los papeles requiere los votos de ambas Cámaras y de cumplirla sin esa autorización se estaría violando la letra de la Carta Magna.
El pedido argentino sobre la extensión de la decisión que dejó en pausa el fallo de Preska, hasta que se defina la cuestión de fondo, quedó en evaluación de ese tribunal superior. Mientras corre el lapso de tiempo que detuvo la ejecución, establecido durante el plazo que duren las actuales presentaciones de las partes.
Especialista en la causa, el abogado Sebastián Soler, resumió los puntos destacados que incluyó la defensa entre sus argumentaciones:
*La orden de Preska resolvió una cuestión legal trascendente de un modo que contradice la interpretación legal del gobierno de Estados Unidos y de todas las cortes estadounidenses que examinaron la cuestión antes.
*Si la orden no es suspendida, le infligirá un daño irreparable a la Argentina, que no podrá ser corregido más tarde si la Cámara falla a favor de la Argentina en la apelación de fondo contra la sentencia de primera instancia de Preska que nos condenó a pagar 16.100 millones de dólares. “Sería prácticamente imposible revertirla una vez concretada”, afirma la presentación.
*El período de suspensión hasta que se resuelva la apelación sería breve ya que “solo implicaría una demora moderada, especialmente considerando que el proceso avanza bajo un cronograma de presentación de argumentos de manera acelerada”.
*Permitir que la orden siga vigente generaría una verdadera pesadilla para la política exterior de los Estados Unidos.
Argentina aportó a la Justicia los escritos de réplica en respuesta a los presentados por los demandantes el pasado 17 de julio, según informó la Procuración del Tesoro.
En el caso Petersen/Eton Park, destaca: que la orden del dictamen vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero y los principios de cortesía internacional, al exigir a la República que incumpla su propia legislación interna; que los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda y de la falta del mismo si se cumpliera; que la ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, que la ejecución afectaría a terceros, incluyendo a YPF, sus accionistas y al pueblo argentino, comprometería las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y podría generar represalias judiciales contra ese país.
En el caso Bainbridge, la presentación de Argentina sostiene que: La parte actora no logró justificar la necesidad de una garantía, que la legislación argentina garantiza por sí misma el mantenimiento del statu quo, que la actora no demostró que sufriría un perjuicio y tampoco acreditó que Argentina no enfrentaría un daño irreparable.
Desde la Procuración remarcaron que “el Gobierno nacional continuará defendiendo los intereses de la República con firmeza jurídica y pleno respeto por la soberanía, en contraste con la desidia de quienes nos llevaron a enfrentar esta situación”.