Soberanía hídrica o marketing electoral: Wado de Pedro y los acuerdos con Mekorot

Wado de Pedro, senador de Unión por la Patria presentó dos proyectos de ley para frenar la privatización de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) llevada adelante por el gobierno de Javier Milei. Uno de ellos propone declarar a AySA como “empresa de interés público y estratégico para el desarrollo humano” y prohibir “cualquier intento de privatización, concesión o cesión de su capital accionario”. El otro es un proyecto de declaración que reafirma el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales.

Acompañado por firmas de referentes de Unión por la Patria, el senador propone que el Estado conserve el 90 % de las acciones de AySA y que cualquier intento de vender parte de la empresa requiera una mayoría agravada de dos tercios en el Congreso. En su cuenta personal de X, señaló que: “AySA es de las y los argentinos. Estos proyectos buscan protegerla y dejar claro que defender la administración estatal de estos servicios públicos es defender la soberanía, el bien común, la salud y la vida de nuestro pueblo.”

Sin embargo, la postura de Wado genera ruido si se observa su propia trayectoria política. Cuando fue ministro del Interior del gobierno de Alberto Fernández, impulsó y avaló convenios con Mekorot, la empresa estatal israelí que hoy tiene acuerdos vigentes como asesora de AySA. Mekorot es denunciada internacionalmente por prácticas de apartheid hídrico en Palestina, dejando sin agua a comunidades enteras como parte de la política de ocupación y genocidio del Estado de Israel.

Pese a que la empresa aclaró recientemente que no está interesada en quedarse con AySA, también confirmó que ya presta servicios como consultora y que pretende continuar esa relación si la empresa pasa a manos privadas. ¿Qué tipo de modelo de gestión se está defendiendo, entonces?

Desde Unión por la Patria no dicen nada sobre los contratos en curso entre la empresa israelí y al menos diez provincias argentinas, promovidos desde el Consejo Federal de Inversiones (CFI) desde 2022, sobre los cuales las comunidades no fueron consultadas. La expansión del modelo Mekorot no comenzó con Milei, fue una política sostenida por varios gobiernos y figuras políticas que hoy se presentan como opositoras.

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En este marco, las declaraciones de Wado sobre “el agua como derecho” contrastan con sus decisiones de gobierno. Defender lo público no puede ser una mera pose para la campaña electoral, cuando el mismo modelo de asesoría extranjera, privatista y colonial sigue operando en el corazón de las empresas estatales y en las provincias.

¿Se defiende una gestión democrática del agua o solo se busca conservar el control político sobre un recurso estratégico? ¿Qué hay detrás de los contratos con Mekorot, y por qué el peronismo que hoy se presenta como defensor del agua no rompe con ellos?

Las organizaciones que formar parte de la campaña Fuera Mekorot presentaron un pedido de informes para saber desde cuándo Mekorot brinda servicios a AySA, en qué consisten, si existe contrato a tal fin y su duración, cuánto cobra, entre otros puntos. Como señalan en una publicación reciente, “se puede gestionar una empresa del Estado desde un enfoque mercantilista y excluyente, basado en la rentabilidad y no en el bien común”. Es decir, que la empresa sea estatal no alcanza para asegurarse el acceso al agua como un derecho humano.

Por eso, es fundamental frenar la privatización y tirar abajo los decretos 493/25 y 494/25, pero también desmantelar los acuerdos con Mekorot, transparentar los contratos y abrir verdaderamente la discusión sobre el acceso al agua. Para quienes luchamos por una salida de fondo, una gestión verdaderamente pública y universal, el agua debe estar en manos de quienes más tienen interés en que sea un derecho humano: las y los trabajadores junto a las mayorías populares.

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