La necesidad imperiosa de la administración de Javier Milei de privatizar la compañía de saneamiento estatal AySA, y presentar los mejores números posibles en sus balances, chocará con la presión de agrupaciones de consumidores que reclaman ante la Justicia y obtienen cautelares a favor de sus planteos. Los reclamos, básicamente, pueden reducirse al argumento de que el acceso al agua potable es un derecho humano refrendado en la normativa nacional.
Los efectos de las cautelares son temporarios —hasta que se defina la cuestión central—, pero la reciente noticia es demoledora para las aspiraciones del management de la empresa pública de comenzar a cortar el servicio de agua a aquellos clientes que están morosos y que pueden hacerlo rápidamente en el caso de industrias o locales comerciales o restringiendo al máximo el acceso al líquido elemento en los hogares con deudas.
El Gobierno quiere privatizar AYSA, pero la Justicia frena el procedimiento
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín, a cargo de la jueza Martina Isabel Forns, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres, y ordenó suspender por seis meses la aplicación de disposiciones del Decreto 493/2025 que habilitaban a la concesionaria a cortar el suministro de agua potable y desagües cloacales a usuarios residenciales por falta de pago.
En el artículo 3º del marco regulatorio de la empresa se lee en el apartado P. “Podrá efectuar el corte del servicio en caso de mora, conforme los términos y condiciones establecidos en el artículo 81 del presente Marco Regulatorio”.
Allí se lee: “La Concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes, sin perjuicio de los cargos por mora e intereses que se establecen en el presente Marco Regulatorio. El corte del Servicio Público procederá por falta de pago de una factura con una mora de, como mínimo, SESENTA (60) y QUINCE (15) días para los Usuarios residenciales y no residenciales, respectivamente, contados a partir de su segundo vencimiento. Previamente, la Concesionaria deberá cursar una intimación de pago, que podrá ser electrónica, como mínimo con SIETE (7) días hábiles de anticipación respecto del segundo vencimiento estipulado en el párrafo anterior.”
Todos estos puntos del Decreto del Gobierno quedan en suspenso por medio año, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Antes del DNU, la normativa permitía para usuarios residenciales únicamente la restricción del caudal de agua, se garantizaba un mínimo vital, y prohibía expresamente el corte de cloacas. El nuevo esquema autoriza el corte total de ambos servicios, incluso a viviendas particulares, por una sola factura impaga.
Según la demanda de las organizaciones de consumidores, la modificación vulnera el derecho humano al agua y a la salud, el ambiente sano, la vivienda digna y la protección de consumidores. Además, prioriza criterios económicos por sobre la función social de un servicio público esencial y la magistrada sostuvo estos puntos al señalar en su fallo que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano básico reconocido por la ONU, la Corte Suprema y diversos tratados internacionales, y que su interrupción afecta de forma directa la vida, la salud y la salubridad pública.
También se cuestionó que el decreto no cumpla con los requisitos constitucionales de necesidad y urgencia, eludiendo el debate legislativo. En el análisis cautelar, la jueza Martina Forns entendió que la normativa cuestionada impacta especialmente sobre niños, personas mayores y personas con discapacidad, sectores que requieren especial protección jurídica.
En declaraciones periodísticas, el titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, reconoció que “el agua no es gratis” y que “tiene su precio, su valor y su tarifa”, pero advirtió que ese costo “debe ir en equilibrio con las obligaciones del Estado de garantizar agua potable y cloacas para todos”.
Javier Milei busca “emprolijar” los números de AySA para venderla
El directorio de la compañía está trabajando contra reloj para presentar los números de la empresa lo más prolijos posible para que los interesados en adquirirla —se insiste en el interés de capitales estadounidenses— puedan realizar una oferta acorde a las necesidades de los funcionarios del ministerio de Economía, que pasan las horas observando el ingreso y egreso de dólares a las finanzas de la Nación.
AySA está presente en la región del AMBA y opera en 27 distritos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, donde viven más de 15,1 millones de personas. Según su reporte de sustentabilidad del año 2023, abastece de agua a 11,3 millones de habitantes y de cloacas a unos 9,4 millones personas.
La principal diferencia entre un programa y el otro es que el plan diseñado por la administración Milei y publicado en el Boletín Oficial busca “concretar un exitoso proceso de privatización o concesión del servicio”. Así lo indica el documento anexado a la resolución, donde también se habla de establecer “condiciones operativas adecuadas sobre las cuales favorecer la futura planificación de mediano y largo plazo para asegurar la sustentabilidad del servicio”.
Entre los principales interesados para quedarse con las operaciones de la empresa de saneamiento se encuentra la firma israelí, Mekorot, la compañía estatal de agua de Israel. Durante su visita oficial a ese país, el presidente Milei mantuvo reuniones con representantes de la firma y funcionarios del área.
Pero, también, podrían adquirir los pliegos, Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, empresa proveedora de insumos químicos para la potabilización del agua. Filiberti ya había tenido participación en AySA durante gestiones anteriores y mantiene vínculos con distintos sectores políticos.
Entre los candidatos, también aparece un actor político y económico del pasado, con mucha actualidad empresaria. Uno de los dueños del grupo Edenor, que es controlado por el exministro de Carlos Menem, José Luis Manzano