Se trata del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se integra con un aporte equivalente a cargo del empleador de 1%mensual para grandes empresas y 2,5% mensual para mipymes. A su vez, las empresas que adopten este sistema accederán a una reducción de contribuciones a la ANSES por el mismo porcentaje.
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El punto más controvertido es que el esquema implica una reconfiguración del destino de aportes que hoy se dirigen al sistema jubilatorio.
Reuters
Mientras el Senado debate este miércoles el proyecto de reforma laboral en el marco de las sesiones extraordinarias, el oficialismo introdujo en las últimas horas cambios clave para reunir apoyos para su aprobación. El foco sigue puesto en uno de los ejes más sensibles de la iniciativa: la reducción del costo del despido para las empresas mediante la creación de fondos específicos que financien total o parcialmente las indemnizaciones.
El proyecto contempla dos instrumentos: los fondos de cese laboral —inspirados en el régimen de la construcción— y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este último fue modificado ayer en su esquema de financiamiento.
Fondos de cese: una alternativa que depende de acuerdos sectoriales
El primero de los mecanismos es el fondo de cese laboral. Bajo este esquema, el empleador deposita mensualmente un aporte en una cuenta individual a nombre del trabajador. Ese dinero puede utilizarse no solo ante un despido, sino también en caso de renuncia, e incluso como complemento jubilatorio al final de la vida laboral.
Durante el último año, el Gobierno avanzó en la reglamentación para que estos fondos —que en la práctica funcionan como un seguro— puedan ser comercializados por aseguradoras y administrados a través de instrumentos financieros específicos. La Comisión Nacional de Valores (CNV) habilitó fondos comunes de inversión para canalizar estos recursos, estableciendo que el dinero sea inembargable, y la Superintendencia de Seguros también emitió las normas correspondientes.
Sin embargo, la viabilidad política y práctica del sistema aparece condicionada por la propia redacción del proyecto. El artículo que reemplaza el actual 245 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, mediante convenio colectivo, las partes “podrán sustituir” el régimen indemnizatorio tradicional por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará a cargo del empleador. La interpretación dominante es que no podrían convivir ambos sistemas a elección del trabajador: solo regiría el nuevo esquema si sindicatos y cámaras empresarias acuerdan reemplazar el modelo vigente.
FAL: cambio en el aporte para sumar votos
El segundo instrumento es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pensado como una herramienta para que las empresas puedan afrontar despidos sin que el costo impacte de manera directa y total al momento de la desvinculación.
Originalmente, el proyecto establecía que el FAL se integraría con un aporte equivalente a tres puntos porcentuales de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Pero en un giro introducido ayer para conseguir mayor respaldo en el recinto, el esquema fue modificado.
Según la nueva redacción que se discute en el Senado, el FAL se financiará con un aporte mensual a cargo del empleador equivalente al 1% para grandes empresas y al 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Los recursos se depositarán en una cuenta específica del empleador y podrán invertirse en instrumentos financieros autorizados. El objetivo es que ese fondo cubra total o parcialmente las indemnizaciones en caso de despido.
El sistema estará sujeto a controles de distintos organismos estatales y prevé sanciones para empleadores que utilicen indebidamente los fondos o los canalicen hacia entidades vinculadas.
En términos fiscales y previsionales, el punto más controvertido es que el esquema implica una reconfiguración del destino de aportes que hoy se dirigen al sistema jubilatorio. Para sus críticos, el mecanismo supone que el Estado termine asumiendo indirectamente parte del costo de los despidos privados al resignar recursos que alimentan el SIPA. Para el oficialismo, en cambio, se trata de un esquema que brinda previsibilidad, reduce litigiosidad y fomenta la contratación formal.
Con estas modificaciones sobre la mesa, el Senado continúa el debate de un capítulo que concentra tensiones tanto económicas como políticas y que podría redefinir el esquema indemnizatorio vigente desde hace décadas.