La reforma a la Ley de Glaciares, que obtuvo media sanción en el Senado durante el mes de febrero, generó un nuevo capítulo de controversia en la Cámara de Diputados. El debate se trasladó a una audiencia pública que fue duramente cuestionada por la diputada nacional Sabrina Selva, quien la tildó de “simulación” y “farsa”.
Cuestionamientos al procedimiento
En declaraciones a medios nacionales, la legisladora por Unión por la Patria detalló una serie de irregularidades. Según su relato, de más de 100.000 personas inscriptas para participar, solo se seleccionaron arbitrariamente alrededor de 200 para exponer de manera presencial o virtual. Selva afirmó que no se transparentó el criterio de selección y que incluso se manipuló el listado de oradores durante el desarrollo de la audiencia.
“El oficialismo que convocó a esta audiencia arrancó cercenando la participación”, sostuvo la diputada. Además, señaló que hubo respuestas a solicitudes de inscripción que modificaban la intención de participar oralmente por una ponencia escrita, un procedimiento que, a su juicio, no cumple con los requisitos legales.
Un marco legal incumplido
Selva fundamentó sus críticas en el Acuerdo de Escazú, la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Remarcó que, de acuerdo con estas normativas, la audiencia pública debió realizarse antes de que el proyecto obtuviera la media sanción en la Cámara Alta. “Están queriendo subsanar un vicio inicial en el procedimiento, incurriendo en otra nulidad”, argumentó.
La política contrastó lo sucedido con procesos participativos anteriores, como los extensos debates por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Medios o las audiencias por tarifas. “Hay experiencias anteriores que arrancaron con lo más importante: garantizar la participación”, afirmó.
La falsa dicotomía y el fondo del debate
Más allá del procedimiento, Selva alertó sobre el fondo de la reforma. Criticó que el gobierno haya instalado, a su criterio, una “falsa dicotomía” entre quienes apoyan el desarrollo minero y quienes se oponen. “Uno no puede pensar en desarrollo sin algo fundamental como el agua”, sentenció, vinculando directamente la protección de los glaciares con la seguridad hídrica del país.
La reforma en discusión flexibiliza los criterios de protección al permitir que las provincias definan la “relevancia hídrica” de estas reservas, un cambio que sus defensores consideran necesario para el desarrollo económico y que sus detractores ven como una amenaza ambiental.
Con la audiencia pública ya realizada, el proyecto avanza ahora en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, en medio de un clima de fuerte polarización y con la mirada de organizaciones ambientales y sectores productivos.