La escribana, quien intervino en operaciones inmobiliarias del Jefe de Gabinete, compareció ante la Justicia para brindar detalles sobre las transacciones. Hasta ahora mantenía un perfil bajo dentro del Colegio de Escribanos.
La escribana Adriana Nechevenko declaró este miércoles ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Fue citada como testigo por su participación en las operaciones de compra de un departamento en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz.
Nechevenko, con más de 40 años de ejercicio profesional, figura en el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y opera en una oficina en el barrio de Monserrat. Según fuentes del ámbito notarial consultadas, no tenía un perfil destacado dentro de la entidad y no se registran antecedentes de participación en otras operaciones controvertidas.
Durante su declaración, que se extendió por dos horas, la profesional explicó los mecanismos de financiación utilizados en ambas transacciones. Respecto al departamento en Caballito, detalló que se realizó a través de una hipoteca contra saldo del precio. En el caso de la propiedad en el country, informó que la compra se concretó con un préstamo de 100.000 dólares, garantizado con una hipoteca sobre la vivienda anterior de Adorni en Parque Chacabuco, más 20.000 dólares de fondos propios del funcionario.
Al día siguiente, Nechevenko volvió a los tribunales para entregar documentación complementaria sobre las operaciones que no tenía al momento de su primera declaración. Consultada sobre el pedido de exhibir su teléfono celular para corroborar aspectos de su relato, la escribana argumentó que no lo llevaba consigo durante la audiencia y que el dispositivo visto en imágenes previas no le pertenecía, asegurando que está a disposición de la Justicia si es requerido.
Respecto al origen de los fondos involucrados, Nechevenko señaló que su obligación como escribana se satisface con la declaración de origen legal por parte de las partes. La causa fue iniciada a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.