El conflicto salarial entre el gobierno de Corrientes y el Poder Judicial provincial se agudiza. El gobernador Valdés señaló que el aumento pactado para abril generaría un desbalance financiero crítico, mientras el sindicato judicial reclama su cumplimiento inmediato.
El conflicto salarial entre el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial de Corrientes sumó un nuevo capítulo de tensión. El gobernador Juan Pablo Valdés rompió el silencio sobre el reclamo de los trabajadores y advirtió que el cumplimiento del aumento del 6% previsto para abril impactaría de forma crítica en las arcas públicas, provocando un desbalance financiero estimado en 48 mil millones de pesos.
A pesar de reconocer la autonomía del Poder Judicial, el mandatario fue tajante al señalar que la viabilidad del pago depende exclusivamente de las conversaciones con el Ministerio de Hacienda. “Si nos piden un refuerzo y nosotros les estamos diciendo que no tenemos la plata, se va a ocasionar un problema claramente”, afirmó Valdés, enviando un mensaje directo a los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Ante la posibilidad de que el incremento no se refleje en los recibos de sueldo de este mes, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) presentó una nota formal dirigida al presidente del STJ, Guillermo Semhan. En el documento, el gremio exige que el tribunal “agote gestiones y recursos” para asegurar que se cumpla cabalmente el Acuerdo Extraordinario N° 02/2026.
La preocupación de los empleados judiciales radica en que el sistema de liquidación SISPER aún no habría habilitado la carga de la nueva escala salarial. Desde el sindicato recordaron que el acuerdo establecía dos tramos de recuperación del 6% (marzo y abril) y que el Poder Judicial goza de la Ley de Autarquía N° 4420 para definir su política de haberes.
Para los representantes de los trabajadores, el incremento es un “magro paliativo” frente a la crisis económica. El SITRAJ destacó que la inflación de marzo fue del 3,4% a nivel nacional y del 4,1% en el NEA, por lo que la falta de pago profundizaría el deterioro de las economías familiares.
“La posibilidad de que no se liquide el segundo tramo alimenta la inquietud de los trabajadores que representamos”, precisaron en el escrito enviado a Semhan. Por ahora, la situación permanece en suspenso: mientras el gremio apela a la autarquía judicial y a la Constitución, el gobernador Valdés insiste en que no hay recursos extraordinarios para cubrir el bache financiero que generaría la medida.