Un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) reveló que el empleo directo en el sector autopartista cayó un 7,7% entre 2024 y 2025, afectado por la menor producción local de vehículos y el aumento de las importaciones asiáticas.
El empleo directo en el sector autopartista argentino se redujo de 53,7 mil personas en 2024 a 49,6 mil en 2025, lo que representa una pérdida de 4.100 puestos de trabajo, según un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) elaborado con datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La caída del 7,7% se explica en un 80,5% por las empresas autopartistas cuyo principal destino productivo es la producción local de vehículos, afectadas por la cancelación anticipada de modelos y el incremento de las importaciones asiáticas. En el mercado de reposición, que genera el 34,1% del empleo total, también se verificó un fuerte impacto de las importaciones asiáticas.
Casi la mitad del empleo del sector se concentra en pymes de menos de 300 empleados, correspondiendo el 21% a empresas de menos de 100 trabajadores. Las perspectivas para 2026, con una proyección de nueva caída en la producción de vehículos del 7,5% y la consolidación de las importaciones asiáticas, no permiten ser optimistas respecto al empleo sectorial.
El presidente ejecutivo de AFAC, Juan Cantarella, señaló que “el sector automotor y autopartista argentino es uno de los más abiertos y expuestos a la competencia externa”. Destacó que mientras la suma de importaciones y exportaciones sobre el PBI nacional es del 25%, en el sector automotor supera el 130% de la producción. “La estructura productiva se basa en un esquema de especialización y complementación con Brasil; al ser una industria que depende esencialmente de las exportaciones para producir a escalas mínimas eficientes, las reglas ecuánimes son imprescindibles para ser competitivos”, agregó.
Cantarella también remarcó que Argentina enfrenta una “carrera doblemente dificultosa”: por un lado, competencia con lo que denominó “doping” y, por otro, una “pesada mochila tributaria que se ha prometido aliviar pero con una velocidad limitada por las necesidades fiscales esenciales para una estabilidad macroeconómica imprescindible”.
