El Ejecutivo de José Antonio Kast presentó una indicación legislativa que obligaría a instituciones de salud y educación a entregar datos de extranjeros en situación irregular para facilitar su expulsión.
Santiago de Chile, 14 may (EFE).- El Gobierno de Chile está tratando de impulsar una reforma a un proyecto de ley para que las instituciones de salud y educación estén obligadas a entregar datos de migrantes irregulares a las autoridades para facilitar su expulsión, informaron este jueves medios locales.
La indicación legislativa fue presentada hace unos días por el Ejecutivo del ultraconservador José Antonio Kast durante una sesión parlamentaria para revisar un proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas.
“Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que éstas requieran”, de acuerdo al texto.
Dichos antecedentes incluyen “el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación”, según la indicación.
En Chile, viven actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular, la mayoría venezolanos, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Consultado este jueves en una rueda de prensa sobre la indicación, Kast declaró que hay que “ordenar” las prestaciones sociales que entrega el Estado y sostuvo que “la única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos”.
“La cantidad de pacientes que se atienden en los consultorios, donde el per cápita no alcanza para generar todas las prestaciones, es importante, tenemos que ordenarlo. En el tema de la educación es lo mismo”, indicó el gobernante, que ganó las elecciones el pasado diciembre con un mensaje de mano dura contra la migración irregular, a la que asocia al aumento de la criminalidad.
En una declaración posterior enviada a los medios, el Ministerio del Interior aseguró que “nadie va a estar persiguiendo a niños porque están protegidos conforme al Derecho Internacional”. Se trata, apuntó, de recabar la información que tengan los centros de educación “respecto a los adultos responsables”.
“No estamos diciendo que se van a iniciar procedimientos exhaustivos de chequeo en todos los organismos que la ley posibilite, sino, simplemente se trata de tener la posibilidad de acceder a cierta información, quizás de una manera más específica, más puntual, en vez de un requerimiento masivo”, añadió la cartera.
En la primera semana en el cargo, Kast inició la construcción de una zanja en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia, para evitar los ingresos irregulares y prometió intensificar los vuelos de deportación de migrantes.
Desde el inicio de la actual Administración, en marzo pasado, se han realizado dos vuelos de expulsión de migrantes irregulares -principalmente con antecedentes penales-, que han transportado a total de 80 personas, una política que llevaron a cabo gobiernos anteriores.
En 2025, último año completo del expresidente izquierdista Gabriel Boric, un total de 1.117 extranjeros fueron expulsados. Diversos reportes estiman que más de 75.000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.
Caracas rompió relaciones diplomáticas con Chile tras las elecciones de 2024 en el país caribeño, por lo que ahora mismo no hay servicios consulares y resulta imposible deportar a esos ciudadanos con órdenes de expulsión.
El mismo Kast, aliado del estadounidense Donald Trump, reconoció esta semana que la promesa de expulsar a los 330.000 migrantes irregulares de manera casi inmediata era una “hipérbole” y que su Gobierno busca acercar posturas con Venezuela para poder concretar las deportaciones.
Desde la llegada del ultraderechista al poder, las autoridades migratorias también realizan con cierta frecuencia operativos de fiscalización para detectar migrantes irregulares en lugares de trabajo como mercados, comercios y construcciones, entre otros.