El Senado de Brasil votó este martes y decidió suspender una norma del Conanda que garantizaba el acceso al aborto legal para niñas y adolescentes víctimas de violación.
El Senado de Brasil votó este martes y decidió suspender una norma del Conanda que garantizaba el acceso al aborto legal para niñas y adolescentes víctimas de violación. La decisión se tomó en una sesión breve y sin registro nominal de votos, y dejó sin efecto un marco específico para la atención de embarazos infantiles producto de abuso sexual.
La medida, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados en noviembre de 2025, quedó habilitada para entrar en vigor tras la aprobación del Senado. La resolución anulada, emitida por el Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y los Adolescentes (Conanda), establecía pautas para asegurar confidencialidad, autonomía, asistencia jurídica gratuita y el derecho de la víctima a ser escuchada sin nuevas violencias institucionales.
La normativa suspendida fijaba que los familiares no podían invalidar la voluntad de la menor y exigía a los profesionales de la salud intervenir de manera humanizada. También contemplaba protocolos para evitar la revictimización en los sistemas judicial y sanitario.
La resolución del Conanda precisaba que la interrupción del embarazo no dependía de la presentación de un boletín de denuncia policial, de una decisión judicial autorizativa ni de la comunicación a los responsables legales cuando hubiera sospecha de violencia sexual dentro de la familia. El texto señalaba que, si existía diferencia entre los deseos de la menor y los de sus padres, los profesionales debían acudir a la Defensoría Pública y al Ministerio Público para definir el procedimiento adecuado.
La inclusión y votación del Proyecto de Decreto Legislativo se realizó de manera súbita, como un ítem extrapauta. La propuesta, impulsada por la diputada Chris Tonietto (PL-RJ), aguardaba análisis en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, instancia que resolvió el asunto en la misma jornada.
La senadora Damares Alves, exministra durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, ofició como relatora y argumentó que el Conanda sobrepasó sus atribuciones. “Los padres, si no son responsables del abuso, deben participar en la protección de la niña”, declaró Alves, según recogió CNN Brasil. Además, añadió que la suspensión de la normativa ofrece al Conanda la oportunidad de revisar el texto.
En la práctica, la suspensión deja sin efecto un marco que buscaba blindar los derechos de las menores ante situaciones de violencia sexual, y traslada nuevamente la decisión a interpretaciones judiciales y médicas bajo el alcance de la ley penal vigente. La resolución garantizaba que ni la familia ni otros actores pudieran interferir en la decisión de la víctima, siempre que existiera evidencia o sospecha fundada de abuso.
Datos oficiales del Ministerio de Salud indicaron que en 2025 se registraron cerca de 275.000 nacimientos de madres adolescentes en Brasil. De esa cifra, 11.600 bebés nacieron de niñas entre 10 y 14 años. El Código Penal califica como violación de persona vulnerable cualquier relación sexual con menores de 14 años.
(Con información de CNN Brasil y EFE)