El organismo internacional sostuvo que la norma que trata el Congreso restringiría indebidamente las libertades de asociación y expresión.
WASHINGTON. – En medio de los cuestionamientos de diversos sectores en la Argentina al proyecto sobre lobby que impulsa el Gobierno en el Congreso, Human Rights Watch (HRW) advirtió este lunes que, en caso de aprobarse, podría imponer “cargas irrazonables” a las organizaciones independientes de derechos humanos y a otros grupos de la sociedad civil, y pidió “correcciones”.
La organización internacional con sede en Nueva York señaló mediante un comunicado que el proyecto de ley busca promover la transparencia e integridad, pero que tal como está diseñado “impondría nuevas cargas administrativas y riesgos legales tan serios que, en la práctica, impedirían que muchos grupos de la sociedad civil participen en el proceso de formulación de políticas públicas”.
Organizaciones de la sociedad civil, entidades profesionales y cámaras empresarias han coincidido en cuestionar aspectos centrales de la iniciativa del Gobierno, desde la amplitud de las definiciones, la viabilidad práctica de varios artículos y hasta las sanciones previstas.
“Es valioso que el Gobierno quiera regular y garantizar la transparencia en torno a las actividades de lobby, pero debe asegurar los derechos de la población y de las organizaciones de la sociedad civil a incidir en políticas públicas”, indicó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
“El Congreso debería corregir las disposiciones excesivamente amplias del proyecto de ley para garantizar que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer su trabajo sin restricciones indebidas”, agregó.
La semana pasada, en la última reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ninguno de los 26 expositores convocados respaldó el texto oficial. La Libertad Avanza (LLA) optó por postergar el dictamen y abrir una instancia de negociación con bloques dialoguistas que ya trabajan en propuestas alternativas.
El objetivo de la norma, según la administración de Javier Milei, es limitar la influencia indebida sobre las decisiones de gobierno y aumentar la transparencia de las actividades de lobby, recordó HRW en la nota publicada este lunes, titulada “Argentina debe corregir la propuesta de ley sobre lobby”.
El proyecto de ley, presentado como “Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, prohibiría toda comunicación destinada a influir en las políticas gubernamentales, a menos que las entidades y las personas involucradas se registren primero como lobbistas y presenten, de manera rápida y detallada, informes sobre cada contacto y comunicación que mantengan, añadió HRW, que realizó una extensa descripción de las implicancias del plan.
El organismo destacó que crearía un registro público de gestores de intereses y exigiría que se registren tanto los lobbistas profesionales como los representantes de empresas, cámaras empresariales y cualquier otra persona u organización que busque influir en las decisiones del Poder Ejecutivo o del Congreso.
“La inscripción en el registro no sería automática ni estaría garantizada. Por el contrario, las autoridades a cargo del registro, que operarían bajo la órbita del Poder Ejecutivo, podrían rechazar la inscripción, por ejemplo, si consideran que no es ‘compatible’ con el objeto social registrado de la organización”, detalló.
Las autoridades también podrían suspender o cancelar la inscripción por incumplimientos de la ley; por ejemplo, por no informar acerca de reuniones con la debida rapidez. Esto permitiría a las autoridades del Poder Ejecutivo impedir arbitrariamente que grupos de la sociedad civil participen en actividades de incidencia, señaló HRW.
Entre otros aspectos, el organismo advirtió que el proyecto exigiría que las personas u organizaciones registradas informen detalladamente sobre cada reunión o “contacto” que tengan con las autoridades públicas en un plazo de cinco días.
“Es muy probable que a las organizaciones de la sociedad civil les resulte más difícil que a los grupos empresariales hacer frente a estas cargas administrativas. Con ello, se corre el riesgo de inclinar la balanza de tal manera que, en última instancia, los grupos de interés con grandes recursos económicos aumenten su acceso al Gobierno y al Congreso y las organizaciones de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil lo disminuyan”, alertó HRW.
Otro de los puntos controvertidos, según HRW, es que el proyecto que impulsa el Gobierno modificaría el Código Penal para permitir penas de hasta dos años de prisión para cualquier persona que realice actividades de lobby sin previa autorización.
Además, permitiría imponer una pena de prisión de hasta tres años a quienes lleven a cabo una “representación clandestina de intereses extranjeros”, incluyendo a quienes no declaren que están tratando de influir en decisiones vinculadas a la “defensa nacional, seguridad interior o relaciones exteriores” con financiamiento extranjero, añadió.
“En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Argentina está obligada a respetar los derechos a la libertad de asociación y de expresión. Cualquier restricción a estos derechos debe estar claramente definida, y ser necesaria y proporcional para alcanzar un fin legítimo, como la protección de los derechos de terceros”, recordó el organismo en el comunicado.
Tal como está redactado, el proyecto “no tiene en cuenta estas obligaciones de derechos humanos” e incluso otorgaría al Poder Ejecutivo “facultades excesivas para sancionar a las organizaciones de la sociedad civil que buscan mejorar la respuesta gubernamental ante hechos de corrupción y violaciones de derechos”, señaló HRW.
“Si al Congreso le importa la transparencia en las decisiones públicas, debería regular debidamente el lobby sin obstaculizar el trabajo de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil”, cerró Goebertus.