La Cámara Alta realizará este lunes un encuentro entre jefes de bloques para resolver el procedimiento del pedido de interpelación al jefe de Gabinete. La discusión se centra en los requisitos de votación necesarios para habilitar el debate.
El Senado de la Nación convocó a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para las 18 de este lunes, con el objetivo de definir el orden y los términos de la sesión prevista para el jueves. El encuentro fue solicitado por la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, tras el acuerdo alcanzado el miércoles pasado entre los titulares de La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo, Patricia Bullrich y José Mayans respectivamente.
El punto central de la discusión es cómo se tratará el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentado por el senador Mayans. Según fuentes parlamentarias, el conflicto radica en la interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece los requisitos para habilitar un proyecto de resolución no dictaminado. El oficialismo sostiene que se necesitan dos tercios de los votos para su tratamiento, mientras que el kirchnerismo afirma que basta con mayoría simple.
En la reunión del miércoles, Bullrich y Mayans acordaron posponer la sesión y convocar a una nueva reunión para resolver la controversia. La decisión generó malestar entre algunos aliados del oficialismo, que consideran que la dilación beneficia al kirchnerismo al mantener en el foco mediático al jefe de Gabinete.
De no alcanzarse un acuerdo, se estima que el oficialismo buscará reunir los 24 o 25 votos necesarios para trabar el intento opositor. En ese caso, se deberá convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Agustín Coto, para dictaminar sobre el procedimiento.
El pedido de Mayans incluye una moción de “censura”, que requiere mayoría absoluta del Senado (37 votos) y luego debe ser refrendada por la Cámara de Diputados con al menos 129 adhesiones. Fuentes consultadas señalaron que la censura es un apercibimiento y no implica la remoción del funcionario.