El gobierno de Donald Trump anunció la detención de más de 10.000 presuntos miembros de pandillas, según informó Fox News. La medida se enmarca en una política migratoria respaldada por un presupuesto superior a los 240.000 millones de dólares. Organizaciones civiles y especialistas cuestionan el alcance y los efectos de la estrategia.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a más de 10.000 presuntos pandilleros, según informó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en un comunicado difundido por Fox News. Mullin afirmó que ‘bajo el liderazgo del presidente Trump, el ICE arrestó a más de 10.000 miembros de pandillas’ y agregó que ‘muchos de estos pandilleros fueron liberados en nuestro país por Joe Biden’.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificó al arrestado número 10.000 como Javier Hernández Rosas, señalado como supuesto integrante de la MS-13 y migrante irregular procedente de México.
La ofensiva migratoria se sustenta en el Secure America Act, aprobado en junio de 2026, que asigna 70.000 millones de dólares para operaciones de detención y deportación masiva. A esto se suman los 170.000 millones de dólares de la ley One Big Beautiful Bill Act, totalizando más de 240.000 millones de dólares hasta 2029. Los fondos se destinan a fortalecer la capacidad de ICE y la Patrulla Fronteriza, incluyendo contratación de agentes, ampliación de infraestructura carcelaria y tecnología de vigilancia.
Organizaciones como National Priorities Project advirtieron que estos recursos provienen de recortes en programas sociales como Medicaid y SNAP. Entre enero de 2025 y junio de 2026, al menos 52 personas murieron bajo custodia de ICE, según Human Rights Watch y Physicians for Human Rights. La administración negó un aumento de la mortalidad y defendió sus estándares de atención.
El sistema de detención albergó a 60.000 personas, con capacidad proyectada para 90.000 internos. La reintroducción de la detención familiar, incluyendo niños y mujeres embarazadas, generó críticas de organismos internacionales. La reducción de controles internos en el DHS derivó en menos investigaciones sobre muertes y condiciones de reclusión, según informes independientes.
En el plano legal, la política de detención obligatoria y las deportaciones aceleradas estuvieron bajo revisión judicial. Diversas cortes emitieron fallos contradictorios, mientras la Suprema Corte respaldó en varias ocasiones las medidas ejecutivas del gobierno, según Fox News.
Un análisis de la Universidad de Colorado Boulder identificó un aumento del 170% en los arrestos diarios de ICE respecto al último año de la gestión Biden. En los primeros 250 días del nuevo gobierno se realizaron alrededor de 400.000 deportaciones, duplicando el ritmo histórico. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos advirtió sobre el impacto en menores y víctimas de trata.