La legislación establece el cuidado como un derecho humano y una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado.
La Ciudad de México promulgó la Ley del Sistema Público de Cuidados, una normativa que modifica la organización de las labores de cuidado en la capital del país. La ley establece que el cuidado debe entenderse como un derecho humano y una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado.
Según el texto oficial, la norma reconoce tres dimensiones del derecho al cuidado: el derecho a recibir cuidados, el derecho a brindar cuidados y el derecho al autocuidado. En cuanto al derecho a recibir cuidados, se garantiza que las personas en situación de dependencia —como infancias, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades— tengan acceso a servicios dignos, suficientes y de calidad. Respecto al derecho a brindar cuidados, se reconoce el valor social y económico del trabajo de las personas cuidadoras, buscando mejores condiciones laborales y protección de sus derechos. El derecho al autocuidado apunta a que quienes dedican tiempo a cuidar puedan atender su salud física y emocional.
La ley contempla la creación de una red de infraestructura pública que facilite las tareas de cuidado, con servicios como centros de educación inicial y estancias infantiles para menores de seis meses a seis años, casas de día para personas adultas mayores, centros de rehabilitación para personas con discapacidad, lavanderías populares y comedores comunitarios. Estos espacios se integrarán en proyectos urbanos como las Utopías y las Casas de las 3R, cuyo nombre responde a los principios de Reconocer, Redistribuir y Reducir el trabajo de cuidados.
En el ámbito laboral, la legislación impulsa reformas para crear permisos laborales y esquemas de prestaciones sociales compatibles con distintas etapas de la vida, buscando equilibrar las responsabilidades familiares y el empleo. Diversos análisis citados durante la presentación indican que ampliar la cobertura del sistema podría beneficiar a más de tres millones de personas en la Ciudad de México que realizan labores domésticas y de cuidados sin remuneración.
La implementación del sistema será transversal, con coordinación entre dependencias de salud, educación, bienestar, movilidad y otras áreas del gobierno. Tras la promulgación, el Gobierno de la Ciudad de México tendrá un plazo de entre tres y seis meses para instalar la Junta Ejecutiva del Sistema Público de Cuidados y presentar el reglamento que establecerá las reglas de operación, los mecanismos de coordinación institucional y los recursos destinados al funcionamiento.