Un estudio técnico de sismorresistencia detectó fallas estructurales en el inmueble adquirido por el Estado en 2018. Más de 700 trabajadores ocupan el edificio a diario.
El edificio donde funciona el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicado en la avenida República de Panamá 3650, San Isidro, presenta un alto riesgo de colapso ante un sismo de gran magnitud, según un estudio técnico de sismorresistencia que reveló problemas en el diseño de la estructura.
La edificación fue adquirida por el Estado en 2018 al Banco de la Nación por un valor de US$ 33.5 millones. La compra se realizó sin contar previamente con un estudio estructural que determinara si el inmueble cumplía con las condiciones de seguridad. El entonces ministro de Vivienda, Javier Piqué, confirmó que no se habían solicitado estudios estructurales antes de la operación.
El problema fue detectado en un informe de sismorresistencia elaborado en 2020 por el especialista Carlos Cortijo Narváez. El documento, de 252 páginas, determinó que el edificio incumple parámetros del Reglamento Nacional de Edificaciones debido a fallas de diseño originadas en los años 90, cuando la construcción pertenecía al desaparecido Banco Banex.
El estudio señala que el principal punto crítico se encuentra en el sexto piso. La distribución de algunos elementos estructurales genera una pérdida de simetría, vinculada a la ubicación de la caja de ascensores, lo que provoca un fenómeno de torsión estructural. Ante un terremoto, los niveles superiores podrían experimentar movimientos más intensos, generando un comportamiento denominado “piso blando”. El informe advierte que la energía acumulada podría provocar la destrucción de los soportes del sexto nivel y un posible colapso de la torre.
Actualmente, alrededor de 700 trabajadores del MVCS ocupan diariamente las oficinas del edificio.
Entre las soluciones técnicas planteadas se encuentra la instalación de disipadores sísmicos para controlar la energía generada durante un sismo. En febrero de 2024, el ministerio otorgó la buena pro al Consorcio REYCH por más de 700 mil soles para elaborar los planos de reforzamiento. Sin embargo, surgieron desacuerdos técnicos y de plazos entre el consultor y el ministerio, lo que derivó en la resolución del contrato y un proceso arbitral administrado por MARC-PERÚ.
En febrero de 2026, el ministerio lanzó una nueva convocatoria para contratar a otra empresa consultora que elabore el expediente técnico de emergencia y retome el proceso de reforzamiento.