La modificación del organigrama de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología transfiere competencias estratégicas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien responde directamente a la secretaria general de la Presidencia.
El Gobierno nacional dispuso una reestructuración de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que implicó cambios en la dependencia jerárquica de varias áreas. La medida fue oficializada en las últimas horas y modifica el esquema de control sobre organismos como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la empresa Arsat y el Correo Argentino.
Según fuentes oficiales, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología dejará de reportar al jefe de Gabinete y pasará a depender del vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. Por su parte, el Enacom quedó bajo la órbita directa del jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que Arsat y el Correo Argentino serán supervisados por Gustavo Coria, colaborador de Santilli.
Santilli mantiene una relación de dependencia directa con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según indicaron allegados a la gestión. Esta vinculación se explica, en parte, por la aspiración de Santilli de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, para lo cual requiere el respaldo de la conducción del partido oficialista y de acuerdos con otras fuerzas políticas.
Los funcionarios que hasta ahora estaban al frente de cada repartición continuarán en sus cargos, aunque su permanencia no está garantizada. Entre ellos se encuentran Darío Genua, exsecretario de Innovación, quien tuvo cargos durante la gestión de Mauricio Macri y Alberto Fernández, y Martín Ozores, actual presidente del Enacom, proveniente del sector privado y con experiencia en la administración macrista.
Con los cambios, las decisiones políticas y administrativas sobre el área de comunicaciones quedarán centralizadas en figuras que son funcionarios públicos, a diferencia del esquema anterior en el que, según fuentes gubernamentales, responsables de esas áreas debían reportar a personas sin cargo formal.
Uno de los expedientes que queda bajo la órbita de Santilli es la autorización de la fusión entre Telefónica y Telecom, empresas del Grupo Clarín. El proceso estaba siendo seguido por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y ahora será monitoreado por Santilli bajo la supervisión de Karina Milei.
Además, en el Enacom se tramita una licitación para la contratación de un software de alertas tempranas denominado AlertAR. El llamado se realizó el 7 de julio y las ofertas deben presentarse el 22 del mismo mes, un plazo que fuentes del sector calificaron como inusualmente breve.
Otra cuestión que deberá evaluar la nueva gestión es un pedido de informes presentado por la diputada Margarita Stolbizer sobre una transferencia de fondos del Fondo del Servicio Universal (FSU) del Enacom a Arsat. La diputada solicitó detalles sobre el monto y la justificación de la operación. La respuesta oficial indicó que se trata de un contrato firmado en 2020 y que el desembolso obedece a ajustes cambiarios.
En el caso del Correo Argentino, una de las tareas asignadas a Coria será la revisión del contrato con la empresa Flecha Log, propiedad de Leonardo Scatturice. Scatturice adquirió OCA y es propietario de Flybondi. La empresa Flecha Log presta servicios logísticos al Correo, incluyendo el transporte para elecciones nacionales. Scatturice también tiene un contrato de consultoría con la Secretaría de Inteligencia (SIDE), actualmente bajo investigación judicial a raíz de una denuncia presentada por la diputada María Eugenia Talerico, quien sostiene que el convenio viola la Ley de Inteligencia.
En Arsat, la empresa de soluciones satelitales y fibra óptica, su ex presidente Facundo Leal se encuentra detenido desde que la Justicia allanó sus domicilios y secuestró casi 2,5 millones de dólares, armas y dispositivos de espionaje. La causa se tramita en el juzgado federal de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez. En el expediente declaró el chofer de Leal, Tomás Scalera, quien mencionó reuniones con personas identificadas como “Vidal”, “Paolini” y “Bonora”, y señaló que uno de ellos podría tener vínculos con la empresa Huawei. Scalera también afirmó haber escuchado el apellido “Scatturice” en conversaciones de Leal cuando este trabajaba en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).
En la misma causa, Gerardo Boschin, ex gerente de compras de Arsat y luego presidente de Trenes Argentinos, es investigado por su presunta participación en maniobras ilícitas. Boschin fue desplazado de su cargo en Arsat tras el allanamiento en la vivienda de Leal.
El abogado defensor de Leal y Boschin es Marcelo Rocchetti, quien también representa a Pablo Toviggino, vinculado a una causa por la propiedad de una mansión en Villa Rosa. La Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ordenó que la causa pase al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Borinsky había votado en contra de un recurso similar en la misma causa días antes, según consta en el expediente.
Fuentes judiciales indicaron que Borinsky aspira a ser propuesto por el presidente Javier Milei como juez de la Corte Suprema. En Tribunales se mencionó que Borinsky y el viceministro de Justicia, Santiago Viola, habrían asistido juntos a partidos del Mundial de fútbol en Estados Unidos, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.