El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. publicó una norma que restringe los créditos fiscales de Obamacare a no ciudadanos que acrediten la categoría de ‘extranjero elegible’. La medida elimina una excepción para hogares con ingresos inferiores al nivel federal de pobreza y establece controles adicionales.
Un nuevo cambio limita los créditos fiscales de Obamacare a determinados no ciudadanos en EE.UU., elimina una excepción para hogares con ingresos inferiores al nivel federal de pobreza y exige controles adicionales antes de conceder la asistencia. La norma entró en vigor el 20 de julio, aunque sus disposiciones tienen distintas fechas de aplicación.
¿Qué condición migratoria se exigirá para recibir los créditos fiscales?
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), publicó la norma definitiva el 20 de mayo. El documento adapta las regulaciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible a la Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras.
Los solicitantes no ciudadanos deberán tener la condición de “extranjero elegible” para acceder al crédito fiscal para primas (PTC) en los planes que comiencen el 1° de enero de 2027. Este beneficio reembolsable ayuda a pagar la prima mensual de un seguro contratado en el mercado de salud.
El afiliado puede reclamarlo al presentar su declaración tributaria o pedir que el mercado envíe por anticipado todo o parte del monto estimado a la aseguradora. Esta segunda modalidad recibe el nombre de APTC.
El requisito migratorio también alcanzará a las reducciones de costos compartidos (CSR). Estos descuentos disminuyen los gastos que una persona debe afrontar cuando utiliza servicios médicos, como deducibles, copagos y coseguro. Por ese motivo, los mercados deberán comprobar el estatus declarado antes de conceder cualquiera de los beneficios.
La excepción que dejará de aplicarse a ciertos no ciudadanos
La disposición anterior permitía conceder el APTC a personas presentes legalmente en EE.UU. que no calificaban para Medicaid debido a su situación migratoria. Para acceder, debían proyectar ingresos familiares inferiores al 100% del nivel federal de pobreza y cumplir con los demás criterios del programa.
Desde el 1° de enero de 2026, la regulación elimina esa vía de acceso. En consecuencia, los mercados ya no deberán considerar desde esa fecha elegibles para el pago anticipado del crédito fiscal a quienes se encuentren en esas condiciones.
¿Cómo se comprobarán los ingresos de los solicitantes?
Los mercados tendrán que realizar verificaciones adicionales cuando las fuentes de datos sitúen el ingreso familiar anual por debajo del 100% del nivel federal de pobreza. La exigencia tendrá carácter permanente.
También desaparecerá la obligación de aceptar una declaración del hogar cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no proporcione información. Esta política busca evitar asignaciones incorrectas de APTC y posteriores obligaciones tributarias para los beneficiarios.
El efecto sobre el Programa Básico de Salud
Para los años de planes que comiencen a partir del 1° de enero de 2027, una persona deberá ser ciudadana o “no ciudadana elegible” para integrar el cálculo de los pagos federales del Programa Básico de Salud (BHP).
La población excluida del APTC por tener ingresos inferiores al umbral federal dejó de formar parte de ese cálculo desde el 1° de enero de 2026. Los recursos que reciben los estados por el BHP dependen del crédito fiscal que cada afiliado habría obtenido mediante un plan de salud calificado.
¿Quiénes podrán solicitar una exención por dificultades económicas?
Las personas que no califiquen para APTC o reducciones de costos compartidos debido a sus ingresos proyectados podrán pedir una exención si atraviesan una variación económica en el hogar. Esta opción abarcará tanto a quienes estén por debajo del 100% como a quienes superen el 250% del nivel federal de pobreza.
La exención permitirá contratar una cobertura catastrófica, siempre que el solicitante satisfaga los demás criterios. Una guía del 4 de septiembre pasado ya reconocía esta alternativa en determinados mercados, pero la norma la extiende a todos los estados.
Los planes catastróficos podrán tener una duración de hasta diez años consecutivos. También podrán cubrir determinados servicios antes de alcanzar el deducible mediante diseños de seguros basados en el valor.