A dos décadas de la sanción de la Ley 26.150, la norma muestra avances en prevención y detección de abusos, pero también quedó en el centro de una fuerte disputa política. Entre el 70% y el 80% de niñas, niños y adolescentes identificaron situaciones de abuso gracias a contenidos escolares, mientras la tasa de embarazo adolescente cayó un 49% entre 2014 y 2020, según informes de Unicef y del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.
A veinte años de la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), y en medio de nuevos cuestionamientos impulsados por dirigentes libertarios y funcionarios como la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, este es el balance de una de las políticas educativas que más debates generó desde su creación.
La Ley Nacional de Educación Sexual Integral establece el derecho de todos los estudiantes de los tres niveles de escolaridad a recibir información “actualizada y científicamente validada” acerca de la sexualidad. Los contenidos abarcan desde aspectos biológicos, como la anatomía humana y el cuidado propio, hasta la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el respeto a la diversidad en orientaciones sexuales y tipos de cuerpos. Son básicos, comunes y de carácter obligatorio de acuerdo con la franja etaria de los alumnos. También obliga a docentes y directivos de escuelas a garantizar su cumplimiento, sin requerir la autorización de los adultos responsables.
Recorrido
La Ley 26.150 tuvo dos momentos centrales desde su aprobación. El primero ocurrió en 2006, cuando se sancionó durante la presidencia de Néstor Kirchner, en medio de fuertes resistencias de sectores religiosos y conservadores. La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) publicó entonces un comunicado en rechazo a la normativa; el arzobispo emérito de La Plata, monseñor Héctor Aguer, comparó la ESI con la corrupción de menores; y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la República Argentina (Faera) consideró que forma parte de un enfoque “monopólico y uniformador”.
El segundo punto de inflexión llegó a partir de 2018. En el contexto del debate por la legalización del aborto y de los reclamos del movimiento feminista, la implementación de la ESI comenzó a incorporar de manera más explícita contenidos vinculados con perspectiva de género, diversidad sexual, consentimiento, derechos sexuales y reproductivos, y cuestionamiento de estereotipos de género. Aunque el texto de la ley se mantuvo prácticamente sin modificaciones, su implementación incorporó nuevos lineamientos curriculares y quedó articulada con otras normas de ampliación de derechos vinculadas a género, diversidad e identidad, como la Ley de Identidad de Género (26.743), sancionada en 2012.
El impacto de la ESI y los cuestionamientos
Para especialistas en educación, la principal transformación de la ESI fue el cambio de paradigma dentro del sistema educativo. Graciela Morgade, doctora en Educación y especialista en ESI, afirmó: “No es la misma desde su concepción. Cuando empezó se pensaba que solo necesitaban ESI las personas adolescentes que se iniciaban en la pubertad y la vida sexual. Ahora tiene perspectiva integral para toda la vida y un alcance mucho mayor”.
Alejandra Doretti, psiquiatra infantil miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), sostuvo: “Muchas veces la primera vez que los padres tocan el tema es cerca de la adolescencia y solo para hablar de cómo evitar el embarazo o el contagio de enfermedades sexuales. Ahora escuchamos a los niños decir que no deben callarse ni aceptar ningún contacto que les resulte inadecuado con un adulto”.
Entre sus detractores, Graciela Spinelli, presidenta de la organización “Padres Unidos contra la ideología de género en la escuela”, declaró: “El problema no es solo la venta de la ideología de género como un viaje a Disney en el que si no te gusta quién sos, lo cambiás, sino que además es la sexualización de los chicos en la clase. Los contenidos actuales legitiman un diálogo que los chicos deberían tener en las casas para que puedan tener una distinción entre lo público y lo privado”.
La médica pediatra Jimena Le Bellot, que dicta talleres sobre ESI para familias, opinó: “Piensan que les va a dar ideas, a sexualizarlos, que van a tener relaciones antes. Y, en realidad, es darles información que si no van a buscar por otro lado: van a ir con un compañero que les va a decir cualquier cosa o van a caer en la pornografía”.
En cuanto al crecimiento de enfermedades de transmisión sexual, los datos oficiales muestran un escenario mixto. De acuerdo con el Boletín N.º 42 de Respuesta al VIH y las ITS publicado por el Gobierno en diciembre de 2025, se notificaron 3134 casos de gonorrea, 3101 casos de clamidia y 36.917 casos de sífilis. Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, indicó: “Solo el 30% de las personas sexualmente activas usaron profiláctico en las relaciones sexuales. Esto muestra que no es un problema de las juventudes sino algo que trasciende los grupos etarios. Quieren ponerle a la ESI una responsabilidad como si fuera un factor unicausal cuando es muchísimo más complejo”.
Ley de identidad de género
La Ley de Identidad de Género (promulgada en 2012) garantizó el reconocimiento del derecho a la identidad de género autopercibida. Su implementación dio lugar a medidas como el DNI no binario, los tratamientos hormonales de adecuación corporal y las intervenciones quirúrgicas de cambio de género. En febrero de 2025, el Gobierno prohibió los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas para menores de 18 años, pero a fines de julio de 2026 la Justicia Federal suspendió de forma cautelar esa medida tras una apelación de la Federación Argentina LGBT+.
Según datos del Renaper, desde la aprobación de la Ley 26.743 en 2012 se registraron 20.804 trámites de rectificación registral. Del total, 10.618 (51%) fueron mujeres; 8049 hombres (38,7%); y 2137 (10,3%) cambiaron a género no binario. En los cuatro hospitales de gestión nacional se registraron 909 tratamientos de terapia hormonal (457 a menores) y 42 cirugías de reasignación de género desde el 29 de mayo de 2015 hasta el 9 de mayo de 2026.
La postura del Gobierno
El presidente Javier Milei calificó la ley de ESI como un “ataque directo contra las familias” y un “mecanismo por el cual se le deforma la cabeza a la gente”. En la plataforma electoral de La Libertad Avanza (LLA) se proponía la “eliminación de la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza” para garantizar “mayores grados de libertad en la elección de contenidos”.
La diputada nacional de LLA, Patricia Vázquez, anticipó que presentará un proyecto para modificar la normativa. “La ley de ESI tenía dos objetivos: evitar embarazos y abusos, y eso se desvirtuó. No pueden leer pornolibros ni tampoco ver carteles que digan ‘si te autopercibís distinto, tenés que exigir que te respeten’. La autopercepción no puede ser generadora de derechos de terceros”, afirmó. Sin embargo, desde el gobierno de Milei afirmaron que, por el momento, no existe una estrategia concreta para impulsar una reforma integral de la normativa en un futuro cercano.