La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) emitió un comunicado en el que expresa su rechazo a la reglamentación de la reforma laboral, específicamente al Decreto 612/2026, por considerar que impone costos obligatorios a las empresas.
Buenos Aires, 9 de agosto (NA) – La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) emitió un comunicado en el que manifiesta su rechazo al Decreto 612/2026, reglamentado por el Poder Ejecutivo, y dirigió su planteo al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Según informó la entidad, la medida genera un “retroceso” respecto del espíritu inicial de la reforma laboral, al establecer que las contribuciones y aportes acordados en los convenios colectivos de trabajo deberán destinarse exclusivamente a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores.
CADAM cuestiona especialmente los aportes que las empresas deben realizar al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), incluso cuando el trabajador no reciba capacitación. La cámara estima que estos aportes representan una recaudación superior a los 30.000 millones de pesos anuales, que se distribuyen entre determinadas cámaras empresarias, aun cuando las compañías no hayan decidido asociarse voluntariamente.
En el comunicado, la entidad sostuvo: “No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan”. Además, diferenció entre una afiliación voluntaria y una obligación establecida mediante negociación colectiva en la que, según planteó, la empresa no participó.
CADAM también expresó: “Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”.
El sector mayorista reclama que las empresas puedan decidir libremente si desean realizar aportes a cámaras, asociaciones u otras instituciones empresariales. La diferencia planteada por CADAM es entre una contribución voluntaria y una obligación que surge de una negociación colectiva.
El debate se enmarca en las discusiones sobre la implementación de la reforma laboral y su impacto en los costos que deben afrontar las empresas.