La iniciativa de Unity Marine para producir salmón en 16 sitios del archipiélago enfrenta a residentes que piden una consulta popular contra el avance de la actividad, en medio de un debate por su impacto ambiental y económico.
El proyecto de salmonicultura industrial en las islas Malvinas generó una división entre sus habitantes y motivó un pedido para definir su futuro mediante un referéndum. La iniciativa de Unity Marine contempla producir 50.000 toneladas de salmón anuales en 16 sitios del archipiélago, con una inversión económica significativa y cuestionamientos ambientales.
Unity Marine es una empresa conjunta integrada por la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS. De concretarse, sería el mayor desarrollo industrial costero de la historia de las islas. El proyecto abarcaría 16 lugares y generaría una producción estimada de 50.000 toneladas de salmón por año.
La dimensión de la iniciativa despertó preocupación debido a que las aguas de las islas concentran una gran diversidad de especies, entre ellas krill, calamares, lobos y elefantes marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos. Al mismo tiempo, la iniciativa promete un impacto económico considerable para una comunidad de aproximadamente 3500 habitantes. Una evaluación encargada por el gobierno isleño estimó que una producción de 30.000 toneladas anuales podría aportar 35 millones de libras por año y generar 133 puestos de trabajo.
En contraposición, surgió la organización Salmon Free Falklands (SFF), integrada por residentes que rechazan la salmonicultura. Sus miembros reclaman que el futuro de la actividad sea definido por los habitantes mediante un referéndum. Cuestionan la consulta pública que comenzó el 7 de agosto y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre. Según aseguran, perdieron confianza en ese mecanismo y consideran que una votación permitiría tomar una decisión definitiva.
Sally Poncet, integrante de SFF, cuestionó los estudios realizados por encargo del gobierno. Sostuvo que algunos de esos informes utilizan datos proporcionados por Unity Marine que no pueden verificarse. Además, advirtió sobre los posibles efectos que podrían generar los desechos de las explotaciones sobre la fauna marina.
Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad de protección ambiental de Tasmania y actual asesora de SFF, señaló que la capacidad de carga del ecosistema todavía no fue determinada mediante un proceso científico riguroso. También puso en duda qué ocurriría ante eventuales mortalidades masivas de peces, especialmente por las dificultades logísticas que implica operar en un territorio remoto.
El gobierno isleño rechazó las acusaciones de que ya tenga una postura definida. Aseguró que “ni defiende ni se opone a la salmonicultura” y explicó que los estudios disponibles buscan analizar diferentes escenarios y aportar información al debate público. Según las autoridades, esos documentos no constituyen evaluaciones ambientales definitivas ni autorizaciones para desarrollar un proyecto determinado. La documentación incluye análisis ambientales, socioeconómicos y regulatorios, además de una descripción de la iniciativa elaborada por Unity Marine.
El debate también tiene un antecedente en la Argentina. Tierra del Fuego prohibió en 2021 el cultivo y la producción de salmónidos en sus aguas lacustres y marítimas. Esa normativa fue modificada en diciembre de 2025. La nueva legislación mantuvo la prohibición en las aguas del Canal Beagle, pero habilitó la posibilidad de desarrollar acuicultura sustentable en otros sectores de la provincia, con la condición de someterse a estudios de impacto ambiental y de que las autoridades determinen qué áreas son aptas.
La discusión en las Malvinas también llegó a encuentros con especialistas. La semana pasada, según informó Penguin News, dos consultores canadienses invitados por Unity Marine presentaron información sobre la experiencia de British Columbia, donde funcionan granjas de salmón. Los residentes consultaron a los expertos sobre contaminación, ruido y posibles efectos sobre mamíferos marinos. Los especialistas reconocieron que serían necesarios estudios específicos en las islas para determinar qué conclusiones obtenidas en Canadá podrían trasladarse a ese ecosistema.
El proyecto tiene un antecedente judicial. En 2022, el gobierno había rechazado la salmonicultura, pero Unity Marine consiguió una revisión judicial al argumentar que antes de tomar aquella decisión debía realizarse una consulta en todo el archipiélago. Posteriormente, las partes acordaron dejar sin efecto esa resolución y establecer el proceso de consulta que actualmente se encuentra abierto.
James Wallace, director gerente de Fortuna, aclaró que Unity Marine todavía no solicitó una licencia para operar y defendió la necesidad de realizar una evaluación ambiental sólida antes de avanzar. Los opositores, en cambio, consideran que el proceso vigente todavía no ofrece garantías suficientes.