El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos evalúa una póliza de hasta US$500.000 para agentes locales que participen en tareas migratorias. La iniciativa busca cubrir gastos legales y sentencias, en el marco del crecimiento de los acuerdos 287(g).
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos evalúa una propuesta para ofrecer un seguro a los oficiales de agencias policiales locales que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El plan contempla una cobertura de hasta US$500.000 para gastos derivados de denuncias por presunta conducta indebida durante funciones migratorias.
Según la iniciativa publicada por el DHS, cada oficial podría adquirir una póliza y solicitar al gobierno federal el reintegro de hasta US$250 por año. La cobertura incluiría honorarios legales, acuerdos extrajudiciales y sentencias relacionadas con el desempeño de tareas migratorias.
El proyecto está en etapa de consulta. El ICE solicitó comentarios de empresas y especialistas del sector asegurador sobre los mecanismos necesarios para implementarlo. Una compañía contratada por la agencia tendría a su cargo la coordinación y gestión de los reembolsos.
La propuesta se vincula con el crecimiento de los acuerdos 287(g), mediante los cuales el ICE delega funciones migratorias a policías y sheriffs estatales y locales. Los agentes participantes deben recibir capacitación y autorización antes de ejercer las atribuciones contempladas en cada convenio.
Entre las tareas que pueden desarrollar se incluyen la consulta sobre el estatus migratorio, la detención de determinadas personas y otras actuaciones vinculadas con procedimientos migratorios federales. La autorización no permite realizar arrestos fuera de las facultades establecidas.
El programa opera bajo una disposición de la legislación federal de 1996. La agencia sostiene que su objetivo es coordinar esfuerzos con autoridades locales para identificar a personas que puedan estar sujetas a procedimientos de inmigración, particularmente en casos con antecedentes penales.
Según CNN, el número de arrestos efectuados por agencias asociadas pasó de unos 250 mensuales durante 2024 a aproximadamente 3000 por mes a comienzos de 2025. La expansión de estas operaciones llevó al ICE a considerar nuevos mecanismos de respaldo para los oficiales participantes.
Una de las dificultades señaladas es que algunas pólizas contratadas por departamentos policiales excluyen actividades consideradas como control migratorio proactivo. Esto puede dejar a los oficiales expuestos a gastos personales cuando enfrentan reclamos relacionados con sus actuaciones.
La iniciativa federal pretende cubrir ese vacío y facilitar la incorporación de nuevas agencias a los acuerdos migratorios.
La propuesta también generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos civiles y grupos vinculados a la inmigración. Uno de los argumentos es que una cobertura financiada por el gobierno federal podría disminuir las consecuencias económicas personales para agentes acusados de vulnerar derechos durante operativos migratorios.
Desde esa perspectiva, el seguro podría modificar los incentivos para asumir determinadas actuaciones, especialmente cuando existen denuncias por uso excesivo de la fuerza, detenciones sin justificación o registros e incautaciones que no se ajusten a la legislación.
“La policía debe cuidar a las personas y no estar separando familias”, declaró Sarahi Castillo, residente de Los Ángeles, a Telemundo.