El 27 de agosto, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron un acuerdo por el cual empresas estadounidenses explotarán 17 campos estratégicos en el país sudamericano, con una inversión superior a los 100.000 millones de dólares. El pacto, calificado por el presidente Donald Trump como ‘el mayor acuerdo petrolero de la historia’, otorga a Washington el control de más del 20 % de las reservas probadas de crudo venezolano.
El 27 de agosto, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron un acuerdo por el cual empresas estadounidenses explotarán 17 campos estratégicos en el país sudamericano, con una inversión superior a los 100.000 millones de dólares. El pacto, calificado por el presidente Donald Trump como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, otorga a Washington el control de más del 20 % de las reservas probadas de crudo venezolano.
Según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el acuerdo implica el desarrollo de 17 campos estratégicos en el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, y una inversión de más de 100.000 millones de dólares. La funcionaria precisó que las operaciones aportarán más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado venezolano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó que el acuerdo no tendrá costo para el contribuyente estadounidense y que reducirá los precios de la gasolina en medio del aumento por la guerra de Irán. Medios estadounidenses indicaron que Chevron, que opera en Venezuela, sería una de las petroleras implicadas.
El acuerdo se produce tras meses de negociaciones y luego de que el 3 de enero, durante la rueda de prensa por la captura de Nicolás Maduro, Trump adelantara que las energéticas estadounidenses entrarían en Venezuela para explotar la industria petrolera. El 4 de enero, Trump declaró: “Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas de su país que nos permitan reconstruir su país”.
El 6 de enero, Venezuela anunció la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo no sancionado, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que su país comercializaría el crudo almacenado y luego, de forma indefinida, vendería la producción que salga de Venezuela en el mercado.
En materia de sanciones, Trump flexibilizó las restricciones impuestas a Venezuela mediante excepciones, aunque mantuvo la base sobre el Gobierno y la petrolera estatal PDVSA. A finales de enero autorizó a entidades estadounidenses establecidas a comprar, levantar, exportar, transportar, almacenar y vender crudo o productos venezolanos bajo condiciones. En marzo habilitó ciertas transacciones con PDVSA, y el 27 de agosto actualizó la autorización de operaciones de petróleo y gas para seis compañías: BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell, y sus subsidiarias.
La administración de Delcy Rodríguez cedió el control estatal sobre la actividad petrolera para abrir el capital privado y extranjero, al reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esa reforma, aprobada en enero, permitió la llegada de nuevo capital: según Rodríguez, se suscribieron medio centenar de acuerdos para nuevas inversiones en más de 76 áreas productivas de hidrocarburos. La funcionaria también anunció que el país produce actualmente 1,23 millones de barriles por día (bpd), su nivel más alto desde febrero de 2019. En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3,1 millones de bpd.
El acuerdo abarca la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona de más de 55.000 kilómetros cuadrados al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro, que contiene el 87 % de las reservas de crudo del país, según PDVSA. Esta zona fue descubierta en 1936 y nacionalizada en 2007 por el entonces presidente Hugo Chávez.
Los yacimientos venezolanos son principalmente de crudo pesado, lo que requiere procesos complejos de extracción y refinación, especialmente con infraestructura deteriorada. Trump advirtió que el suministro de petróleo venezolano ayudará a Estados Unidos “a largo plazo”.