El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación contra el presidente de la AFA por su rol en la CEAMSE. La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo y busca determinar la evolución patrimonial del dirigente entre 2017 y 2024.
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó formalmente una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La pesquisa está centrada en el rol del dirigente como presidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y contiene una serie de medidas de prueba destinadas a determinar la evolución de su patrimonio.
La investigación incluye pedidos de información sobre las declaraciones juradas presentadas por Tapia como funcionario público, además de datos vinculados con sus bienes, cuentas bancarias y nivel de consumo, según informaron fuentes judiciales.
El expediente quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y de la Fiscalía Federal encabezada por Pollicita, luego de que esta semana la Cámara Federal porteña resolviera un conflicto de competencia entre distintos juzgados.
Tapia ocupa además la presidencia de la AFA, un cargo ad honorem que no forma parte de la investigación iniciada por Pollicita.
El dirigente se incorporó al directorio del CEAMSE como vicepresidente en 2015 y en 2024 asumió como presidente de la empresa estatal encargada de la gestión de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La investigación se encuentra en etapa inicial y las disposiciones que desplegó la fiscalía apuntan a determinar si existe alguna inconsistencia entre el patrimonio declarado por Tapia y su evolución durante el período analizado.
Según informaron fuentes judiciales, Pollicita solicitó al juez Lijo que se levante el secreto bancario, fiscal y bursátil de Tapia y que distintos organismos públicos aporten información sobre su situación patrimonial. El objetivo es reunir los elementos necesarios para realizar posteriormente un informe económico, financiero y patrimonial.
Entre los organismos a los que se solicitaron datos figuran ANSES, ARCA, el Banco Central, la Caja de Valores, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera (UIF). También se pidieron todas las declaraciones juradas presentadas por Tapia desde su incorporación al CEAMSE, incluidos sus anexos reservados, además de su legajo laboral y los ingresos percibidos en el organismo.
La fiscalía también requirió información a los registros de propiedad automotor, de buques y aeronaves y a los registros inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Juan. A su vez, pidió a Migraciones los movimientos de entrada y salida del país del dirigente y solicitó información para determinar si posee inversiones en criptomonedas.
Otro de los pedidos alcanzó a la CONMEBOL, a través de un exhorto internacional. Pollicita solicitó información sobre los cargos que Tapia ocupó en la entidad, los ingresos que percibió, los períodos en los que desempeñó esas funciones y las cuentas bancarias en las que fueron acreditados esos fondos.
La denuncia contra Tapia y el aumento de su patrimonio
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien señaló un fuerte incremento del patrimonio de Tapia durante los años en los que se desempeñó como funcionario del CEAMSE.
Según el planteo citado por Clarín, el análisis de las declaraciones juradas del dirigente habría mostrado un aumento de aproximadamente 1.000% en su patrimonio entre 2017 y 2024. Tofoni sostuvo en su denuncia que ese crecimiento no tendría correlato con los ingresos lícitos declarados durante ese período.
El empresario también cuestionó los ingresos informados por Tapia. En su presentación mencionó una remuneración anual de $100.233.144 como presidente del CEAMSE y de $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL, mientras que la presidencia de la AFA es ad honorem.
La denuncia fue presentada por Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento con Tapia a partir de la decisión de la AFA de dar de baja un contrato vinculado con la organización de partidos amistosos de la Selección argentina.