La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó las desvinculaciones dictadas en mayo de 2025 por el Juzgado Federal N° 1 a favor de 14 imputados y ratificó la revocación de los sobreseimientos de otros dos. La causa investiga la presunta emisión de facturas apócrifas para evadir impuestos.
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por los vocales Liliana Navarro y Julián Falcucci, confirmó la nulidad de los sobreseimientos que había dictado el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba a favor de 14 imputados por el delito de lavado de activos en una causa por presunta emisión de facturas apócrifas para evadir impuestos. La decisión fue notificada la semana pasada.
El fallo dispuso que son nulos los sobreseimientos otorgados el 9 de mayo de 2025 por el juzgado subrogado por el juez de Río Cuarto Carlos Ochoa, al constatar la falta de fundamentación de esas resoluciones. En forma paralela, la Cámara ratificó la revocación de los sobreseimientos que beneficiaban a Augusto Boero y Mario Eduardo Morselli, quienes continuarán investigados por lavado de activos.
Los imputados cuya desvinculación quedó sin efecto son Norberto Enrique Debarre, Paola Virginia Sayago, María José Marengo, Tomás Debarre, Jésica Yamila Bodes, Sebastián Toranzo, Mauricio Andrés Pizzi, Mario Ernesto Casco, Paola Andrea Arévalo, Leuterio Carlos Bonetto, Fernando Ricardo Lozano, Cinthya Vega, Gastón Pereyra y Martín Alejandro Sarmiento.
La causa, de gran envergadura en Córdoba, investiga la presunta emisión de facturas apócrifas para evadir impuestos. El acusado como autor de las maniobras es Diego Vieyra Ferreyra, para quien la fiscalía había solicitado la elevación a juicio por asociación ilícita fiscal. En la investigación también hay numerosos empresarios que habrían usufructuado la emisión de facturas truchas, para quienes se requirió la elevación a juicio.
El juzgado no resolvió aún esa instancia porque había desvinculado de la investigación por presunto lavado de activos a los empresarios que, tras el fallo de la Cámara Federal, deben ser investigados nuevamente.
Al invalidar lo resuelto en primera instancia, la Cámara Federal dispuso devolver las actuaciones e instruir al juez de primera instancia para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a los lineamientos fijados por la Cámara Federal de Casación Penal, que ya se había pronunciado en septiembre de 2024.