La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia que impone tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua al ex vicegobernador de Santiago del Estero y ex intendente de Pinto, Emilio Alberto Rached, por delitos cometidos durante su gestión municipal. En la misma resolución, se confirmó la condena a la ex secretaria de Economía de Pinto, Ana María Vera.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra el ex vicegobernador de Santiago del Estero y ex intendente de Pinto, Emilio Alberto Rached, por los delitos de peculado y malversación de caudales públicos durante su gestión municipal. La Sala I rechazó el recurso presentado por la defensa y ratificó la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, que había impuesto a Rached una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua.
La causa investigó el destino de fondos enviados por la Secretaría de Infraestructura Urbana del entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, destinados a ejecutar obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en distintos barrios de Pinto. El convenio contemplaba un financiamiento de $80.591.322 para trabajos en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad. Entre las obras previstas figuraban un centro cultural y polideportivo NIDO, una red de desagües cloacales, estaciones elevadoras y una planta depuradora. La denuncia data de 2018.
Rached, ex intendente de Pinto, ciudad a poco más de 260 kilómetros al sur de Santiago, sobre la ruta nacional 34, en el límite con Santa Fe, es de origen radical y también fue vicegobernador y luego senador nacional, cuya figura se hizo conocida al votar en contra de las retenciones, en 2008, junto a Julio Cobos, entonces vicepresidente.
En el mismo fallo, Casación también confirmó la condena contra la ex secretaria de Economía de la Municipalidad de Pinto, Ana María Vera, quien recibió una pena de dos años y tres meses de prisión en suspenso, además de la misma inhabilitación.
Según la sentencia, durante el proceso se acreditaron contrataciones irregulares, comprobantes sin respaldo y cheques emitidos a personas distintas de los proveedores consignados. Uno de los puntos analizados fue la obra de la red cloacal, que registraba un avance cercano al 28%, valuado en unos $16 millones, mientras que el proyecto completo había sido presupuestado en alrededor de $60 millones.
La camarista Ángela E. Ledesma sostuvo que durante el proceso se respetó el derecho de defensa y consideró acreditadas las maniobras de peculado y malversación. Por su parte, el juez Daniel Antonio Petrone adhirió en lo sustancial a esa postura y entendió que la defensa no logró demostrar errores que permitieran modificar la sentencia.