Una protesta en Madrid reunió a más de 10.000 personas para pedir una solución habitacional para Maricarmen, una mujer mayor en proceso de desalojo. El caso generó cruces entre el Gobierno de Pedro Sánchez, la oposición y sus socios parlamentarios, y expuso diferencias sobre la política de vivienda en España.
Más de 10.000 personas se concentraron en Madrid para reclamar una solución al caso de Maricarmen, una mujer mayor que enfrenta un proceso de desalojo de su vivienda. La movilización tuvo lugar en un ático adquirido por la Comunidad de Madrid en el barrio de Salamanca y finalizó con enfrentamientos y actuaciones policiales en las que participaron efectivos de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior.
El caso reavivó el debate sobre la crisis habitacional en España y abrió un nuevo frente de disputa entre el Gobierno de Pedro Sánchez, la oposición y sus socios parlamentarios. La controversia involucra el régimen de alquileres, las alternativas habitacionales y las diferencias políticas sobre cómo abordar los desalojos.
En declaraciones recogidas por el corresponsal en España Marcelo Molina, el presidente Pedro Sánchez responsabilizó a los gobiernos del Partido Popular (PP) en la Comunidad y la Ciudad de Madrid por permitir la actuación de fondos de inversión y no haber intervenido para evitar la situación. Desde ambas administraciones respondieron que se trata de un proceso judicial que no depende de sus competencias y señalaron que habían ofrecido trasladar a la mujer a una residencia de mayores. Según Molina, Maricarmen rechazó esa alternativa porque no quería abandonar su vivienda.
El corresponsal indicó que, pese a las versiones iniciales sobre la participación de grandes fondos de inversión, los propietarios del edificio serían dos hermanos madrileños vinculados al negocio farmacéutico que habían comenzado a invertir en el sector inmobiliario.
El caso generó reacciones contrapuestas en el arco político español. Sumar, socio del Gobierno, reclamó la expropiación forzosa de la vivienda y la aprobación de un decreto para suspender los desalojos. Podemos cuestionó tanto a los propietarios como a los gobiernos de Madrid y la respuesta del Ejecutivo nacional. Desde Vox se criticó la protección a los inquilinos y el sistema de alquileres antiguos, y el partido propone una desregulación más amplia del mercado inmobiliario. El Partido Popular sostuvo que el proceso responde a una decisión judicial y acusó al Gobierno nacional de no contar con un plan de vivienda suficiente. Molina señaló que, durante el intercambio, se mencionó la falta de una cifra oficial sobre la cantidad de viviendas construidas por la administración de Sánchez.
Otro de los actores centrales de la disputa es Junts, fuerza independentista catalana clave para la mayoría parlamentaria del Gobierno. Molina señaló que el partido condiciona su respaldo a la ley de vivienda a la incorporación de medidas de protección para pequeños propietarios y mecanismos de desalojo exprés. El corresponsal comparó algunas de esas demandas con las posiciones de Vox en materia de ocupación y propiedad, aunque destacó que ambos partidos mantienen diferencias profundas sobre la cuestión nacional y la independencia de Cataluña.
Uno de los puntos centrales del caso es la antigüedad del contrato de alquiler. Molina explicó que el acuerdo había sido firmado por el padre de Maricarmen y que, tras su fallecimiento, el derecho de ocupación pasó primero a su madre y luego a ella, en el marco de un régimen de alquileres de larga duración. El corresponsal repasó las modificaciones legales que, según su explicación, limitaron la posibilidad de mantener esos contratos de manera indefinida. Mencionó cambios introducidos durante los gobiernos de Felipe González y señaló que, en este caso, el plazo para continuar con la subrogación del contrato habría vencido años atrás.
Según Molina, el edificio fue vendido en 2018 y sus nuevos propietarios plantearon a Maricarmen la posibilidad de alquilar la vivienda a un precio actualizado o comprarla. El corresponsal indicó que el alquiler anterior rondaba los 400 euros mensuales y que la propiedad se encontraba en una zona de alto valor inmobiliario, mientras que la mujer no habría podido afrontar las nuevas condiciones.
Durante el intercambio, Molina mencionó distintas propuestas que habrían buscado evitar el desalojo. Entre ellas, señaló que un músico y escritor británico nacionalizado español se ofreció a comprar la vivienda y pagar el alquiler, pero los propietarios rechazaron la propuesta. También relató que una escritora ofreció cubrir el costo del alquiler de por vida, mientras que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid propusieron trasladar a Maricarmen a una residencia de mayores. Según su relato, la mujer rechazó esas alternativas y también una invitación de un familiar para alojarse en su casa.
Al cierre del intercambio, Molina señaló que Maricarmen permanecía internada en un hospital y que se esperaba que, al recibir el alta, pudiera alojarse con su primo. El corresponsal advirtió que la controversia política y las protestas por la crisis de vivienda continuarían más allá de la resolución inmediata del caso.