El 25 de septiembre de 2026, un jurado de Nuevo México declaró a Facebook responsable de engañar a sus usuarios sobre las protecciones de privacidad. El veredicto, que involucra más de 43 millones de infracciones, podría derivar en una sanción máxima de USD 5.000 por cada una, superando los USD 200.000 millones. El juez fijará el monto el 1° de octubre.
El 25 de septiembre de 2026, un jurado de Nuevo México declaró a Facebook responsable de engañar a sus usuarios sobre las protecciones de privacidad que la plataforma decía ofrecer. El juicio, que duró dos semanas en Santa Fe, concluyó con más de 43 millones de infracciones a la ley estatal de protección al consumidor. La fiscalía solicitó al tribunal la sanción máxima de USD 5.000 por cada infracción, aunque el monto final queda en manos del juez.
El caso gira en torno a la filtración de datos vinculada a Cambridge Analytica, la consultora política ya desaparecida. Un test de personalidad creado por terceros recopiló información de unos 87 millones de perfiles de Facebook y la vendió a esa firma para producir publicidad política segmentada, incluso para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.
El jurado determinó que la falta de protección de esos datos afectó a la totalidad de los más de dos millones de habitantes de Nuevo México.
Los miembros del jurado concluyeron que Facebook expuso datos de usuarios sin su consentimiento y que la empresa engañó al público sobre las investigaciones que realizó tras el escándalo de Cambridge Analytica, en particular sobre desarrolladores externos que recopilaban datos de usuarios.
El Departamento de Justicia de Nuevo México destacó el resultado: “El veredicto marca una victoria para los consumidores de Nuevo México y responsabiliza a una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo por su conducta”, señaló en un comunicado recogido por Associated Press.
El jurado le concedió, en cambio, una victoria parcial a la defensa: determinó que la fiscalía no probó que Facebook haya realizado declaraciones falsas sobre la eliminación de contenido dañino, incluida desinformación sobre la pandemia de COVID-19.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró el veredicto: “Durante años, Facebook operó como si las reglas que aplican para todos los demás no aplicaran para ellos. Hoy, un jurado de nuevomexicanos dijo lo contrario”, afirmó en declaraciones recogidas por CBS News.
Cambridge Analytica fue una consultora política que operó en varios países. Su herramienta principal fue un cuestionario de personalidad publicado en Facebook que, al completarse, accedía no solo al perfil del usuario que lo respondía, sino también al de sus contactos. Eso le permitió acumular datos de cerca de 87 millones de cuentas sin que la mayoría de los afectados lo supiera. Cuando el escándalo se hizo público, en 2018, Facebook dijo haber actuado para proteger a sus usuarios, pero la fiscalía de Nuevo México sostuvo que esas declaraciones eran falsas. El jurado le dio la razón al estado.
La fiscalía construyó su caso sobre la premisa de que Facebook prometió privacidad de datos a sus usuarios y luego permitió que terceros accedieran a su información sin controles efectivos. La abogada Randi McGinn, representante del estado en los alegatos finales, argumentó que la empresa obtuvo ganancias a partir de contenido perjudicial para los usuarios.
Meta, empresa propietaria de Facebook, respondió con dos argumentos centrales. Durante los alegatos finales, sus abogados sostuvieron que las pruebas de la fiscalía eran antiguas y afirmaron que, pese a cinco años de investigación, el estado solo había identificado otra filtración de datos. El planteo formó parte de la defensa y no fue una conclusión de la fiscalía ni del jurado, que declaró a la empresa responsable por más de 43 millones de infracciones.
El director ejecutivo Mark Zuckerberg, en una declaración jurada reproducida ante el jurado, afirmó que la empresa cuenta con sistemas sólidos para determinar qué contenido debe retirarse de la plataforma.
Alex Burgos, vocero de la compañía, invocó además la libertad de expresión: “Tenemos el derecho de la Primera Enmienda de gestionar esas plataformas de la manera que creemos que sirve mejor a los intereses de nuestra comunidad”, dijo en declaraciones recogidas por CBS News.
Nuevo México fue el único estado que llevó a juicio un reclamo propio por la filtración vinculada a Cambridge Analytica. En agosto de 2026, Meta alcanzó un acuerdo con la mayoría de los estados para resolver demandas sobre seguridad de menores y privacidad. Florida tampoco firmó ese convenio, pero mantiene por separado su litigio contra la empresa por los daños atribuidos a las funciones de sus plataformas para menores.
Este año, un tribunal de Nuevo México ya le había otorgado al estado fallos por USD 942 millones en otro proceso sobre protecciones para menores dentro de las plataformas de Meta, y ordenó a la empresa implementar verificación de edad y límites de tiempo de uso.
Con el veredicto firmado, el proceso pasa a una segunda etapa. El juez tiene programada una audiencia para el 1 de octubre, en la que determinará la sanción económica. Si aplica el máximo de USD 5.000 por cada una de las más de 43 millones de infracciones, la cifra potencial superaría los USD 200.000 millones, con intereses adicionales si Meta decide apelar.
El fiscal Torrez indicó que todo el dinero obtenido irá al sistema educativo del estado y que la fiscalía también solicitará una orden judicial para impedir que la empresa repita las prácticas cuestionadas.
Peter Ormerod, profesor asociado de derecho en la Universidad de Villanova, advirtió que el impacto real sobre la empresa es incierto, dada la alta rentabilidad de Meta. “Es improbable que este sea el caso que penalice a la compañía de manera significativa”, dijo Ormerod en declaraciones recogidas por Associated Press.
Meta, por su parte, rechazó el veredicto y anticipó, a través de Burgos, que continuará su defensa “contra los esfuerzos por distorsionar sus registros”, según PBS NewsHour.