La Oficina del Presidente informó que activará el mecanismo del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y exigirá sanciones por operaciones aéreas de una empresa británica entre Chile y las islas.
El Gobierno nacional informó este lunes 28 de septiembre, a través de un comunicado oficial, que comenzará un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Además, denunció que una compañía británica realizó vuelos no autorizados a Malvinas y exigirá sanciones al respecto.
En su cuenta de X, el presidente Javier Milei anunció: “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”. Y agregó: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
En el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, se detalla que el mandatario ordenó a Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales activar el mecanismo previsto en el Anexo VII de dicha Convención. El fin de esta medida es frenar la explotación en la Cuenca Malvinas Norte a través del proyecto “Sea Lion” y la concesión de nuevos permisos de exploración de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.
En el texto oficial, se fundamenta este reclamo señalando que la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU reconoce la disputa de soberanía e insta a ambas partes a negociar, mientras que la Resolución 31/49 prohíbe de forma expresa la adopción de decisiones unilaterales que cambien la situación de los archipiélagos. Por ese motivo, el documento define la explotación unilateral como una violación al derecho internacional que provoca un “perjuicio irreversible e irreparable” a los derechos soberanos de Argentina.
Luego de presentar esos argumentos, el Gobierno intimó al Reino Unido para que, en un plazo máximo de dos semanas, tome las medidas necesarias para detener el desarrollo del proyecto “Sea Lion”; de no obedecer este requerimiento en el tiempo pedido, la Argentina exigirá medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para proteger sus derechos.
Además, el Gobierno anunció que comenzó denuncias penales, acciones administrativas y gestiones diplomáticas de urgencia tras identificar operaciones aéreas no autorizadas de la compañía THALES UK LIMITED en la ruta Islas Malvinas – Punta Arenas, hechas por una aeronave que tenía matrícula británica.
El comunicado, que firmó el presidente, asegura: “La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional”.