Afectada por una caída en la demanda de productos lácteos que parece no encontrar fondo, Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), dueña de marcas como Yogs y Shimy, presentó una propuesta ante la Secretaría de Trabajo para establecer un régimen de reducción de horas laborales, basado en la alternancia de operarios, con el fin de mantener los empleos hasta tanto mejore el contexto económico. El plan contempla el pago total de los días trabajados y una compensación por el lapso de tareas exceptuadas. En la vereda de enfrente se ubicó rápidamente el gremio ATILRA, que por estos días anticipó una medida de fuerza a gran escala por la situación que atraviesa SanCor, otra de las lácteas en dificultades.
Desde el entorno de ARSA se indicó a iProfesional que la propuesta en cuestión surge con el objetivo de mantener la operación “en el actual entorno de crisis producto de la situación de la compañía, que se encuentra atravesando un proceso concursal y de un contexto país signado por una marcada caída del poder adquisitivo de los consumidores”.
En ese sentido, la compañía reconoce que atraviesa una merma en sus ventas del orden del 50 por ciento.
“Por esta razón la compañía entiende necesario la implementación de un plan de alternancia laboral que permita conservar las fuentes de trabajo, adecuándolas a las posibilidades de producción, comercialización y ventas”, se informó.
Lácteos en crisis: la propuesta de ARSA
En el acta firmado durante la reunión en Trabajo, la firma señaló que “durante los días laborados, se garantiza el pago completo de los haberes correspondientes a ese lapso. Además, se ofrecerá una compensación de $100.000 por los 15 días no laborables de cada mes“.
“El pago de los salarios atrasados de mayo se efectuará en cuotas semanales, de acuerdo con la liquidez de la empresa, hasta tanto se complete lo adeudado. Para asegurar el éxito de esta propuesta, es esencial que no se realicen nuevas medidas de fuerza”, aclararon los representantes de ARSA.
La demanda de lácteos evidencia un derrumbe cada vez más pronunciado.
En cuanto a la duración de la alternancia, voces al tanto de lo propuesto en la Secretaría de Trabajo comentaron a iProfesional que “en la propuesta se habla de 180 días con una posibilidad de revisión y extensión por otros 180”.
“Esto, respecto de que trabaje el 50% del personal. Hoy, incluso con las medidas de fuerza, hay 145 trabajadores que están en sus puestos, que no acatan el ‘débito laboral’ que propone el sindicato. Al principio eran las personas fuera de convenio, hoy tenés operarios dentro del convenio que están trabajando”, dijeron las fuentes consultadas.
“De la plantilla laboral casi un 35% está cumpliendo funciones y cobra en algunos casos entre el 50 y el 75% del salario. La propuesta es organizar eso para que, de los 500 trabajadores, trabajen efectivamente la mitad unos 15 días, y los demás los 15 restantes, cobren el 50% del salario más la bonificación de 100.000 pesos”, añadieron.
ATILRA ya se pronunció en contra y crece la conflictividad
Lo trazado por ARSA choca de frente con la posición de ATILRA, que nuevamente expresó su rechazo a cualquier eventual acuerdo.
Según se lee en el acta, el gremio argumentó que el planteo de la empresa “no contempla un de pagos cercano y razonable de deudas salariales exigibles desde el cuarto día hábil del mes de junio y que comprenden salarios del mes de mayo, salarios del mes de junio y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) 2024″.
El sindicato sostuvo, además, que “la falta de pago de salarios devengados por prestaciones de débitos laborales cumplidos efectivamente, implica una clara violación al derecho de propiedad”. La posición de ATILRA respecto de la hoja de ruta delineada por ARSA siembra interrogantes respecto de cuál será la reacción del gremio si la firma no modifica su propuesta.
ATILRA se expresó en contra de la propuesta de ARSA.
El gremio viene de anticipar que implementará una medida de fuerza a gran escala a raíz del escenario crítico que atraviesa SanCor.
Dado este contexto de rispideces, y las dificultades que atraviesan las empresas por el escenario de ventas derrumbadas, la pregunta que queda en el aire es cómo actuará el Gobierno si las compañías de la cadena láctea entran en parálisis por efecto de una conflictividad que ya se observa creciente.