Sin tener detalles de cómo se instrumentarán los anunciados cambios en el organismo de recaudación de impuestos, entre contadores y asesores tributarios había ayer expectativas y un amplio grado de incertidumbre respecto de cuál será el impacto, al menos de corto plazo, en sus tareas. Algo sí está claro, aunque hubo casos en los que debieron aclararles el punto a sus clientes: para los contribuyentes no cambia nada, en cuanto a sus obligaciones tributarias, a partir de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) quede disuelta y, en su reemplazo, sea creada la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En los próximos días, según dijeron en el Ministerio de Economía, se concretará el cambio de imagen institucional, “sin afectar el funcionamiento de la web”. La modificación no debería hacer que los ciudadanos tengan que repetir trámites, como el de la obtención de la clave fiscal, al tiempo que sus deberes no se verán alterados en nada. Ayer hubo momentos en que se dificultaron el ingreso y las interacciones en la página, según comentaron varios usuarios.
Por parte de las autoridades del organismo fiscal al que el Gobierno de Javier Milei decidió reemplazar por uno con otro nombre, no se informó nada sobre la medida en sí, ni sobre la transición de una estructura a otra.
“La imprecisión de la información actual dificulta evaluar el impacto que esta transición tendrá en nuestra labor como asesores, en los contribuyentes y, en última instancia, en la recaudación fiscal. Nos preocupa que este proceso pueda aumentar las dificultades operativas, tal como se evidenció hoy [por ayer] con las interrupciones intermitentes en los servicios digitales de la AFIP para el IVA, afectando tanto a los contribuyentes como a los profesionales que los asesoran”, dijo a LA NACION José Simonella, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, las entidades que nuclean a los contadores en las diferentes jurisdicciones del país.
El anuncio de que la AFIP “dejará de existir” fue hecho ayer por la tarde por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia en la que no hubo espacio para preguntas de periodistas. Luego se difundió un comunicado de Presidencia de la Nación, en el que se repitieron los lineamientos del plan y algunas cifras expresadas por el citado funcionario, pero sin más detalles. Tampoco hubo respuestas a varias consultas hechas por LA NACION con el objetivo de tener más información sobre cómo será el cambio previsto y cuál será su impacto.
La AFIP fue creada por el decreto 1156 de octubre de 1996, hace exactamente 28 años. El entonces presidente Carlos Menem decidió la fusión de la Administración Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva, para constituir el organismo que funcionó como tal hasta ahora y del cual Carlos Silvani fue su primer titular.
Hasta ahora la estructura, según publica la página web del organismo, está compuesta por nueve subdirecciones generales y un instituto de investigaciones, todo ello dependiente de quien ejerce el cargo más alto, Florencia Misrahi, que, según el comunicado oficial, estará al frente de la ARCA. En esas subdirecciones hay, además del principal en cada caso, otros 43 cargos.
Además, están la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social. Para los dos primeros casos se anunció la llegada a los cargos principales de Andrés Vázquez y José Velis, ambos con muchos años dentro del organismo y el primero de ellos, investigado por algunos hechos durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner. Para la dependencia de recursos de la seguridad social no hubo anuncios y se desconoce si continuará.
En todo el organigrama hay, según la web del organismo, 113 cargos. El plan del Gobierno consiste en reducir “en un 45% el número de autoridades superiores y en un 31% el de los niveles inferiores”, algo que representa un 34% de la estructura total. No se dieron precisiones de cuáles serían los puestos que se prevé eliminar.
Sí se especificó que el mecanismo de distribución de fondos de la llamada Cuenta de Jerarquización quedará sin efecto para los “altos cargos”. Se trata de un fondo que fue creado en 2001, cuando el decreto 1399 estableció que el administrador de la AFIP podría disponer que a esa cuenta se enviaran recursos equivalentes, como máximo, al 0,75% del importe de la recaudación de impuestos y contribuciones patronales. Y se estableció que ese dinero se distribuiría (tal como efectivamente ocurre) entre el personal del organismo, que hoy tiene una dotación de más de 21.000 personas.
De acuerdo con las últimas medidas vinculadas a la Cuenta de Jerarquización y publicadas en el Boletín Oficial, mientras que en 2022 se había definido el envío a ese pozo del 0,67% de lo recaudado, en junio de este año el índice en el 0,65%. Eso es lo que rige actualmente (siempre según lo oficializado), aunque podría ser modificado a través de una disposición de la propia AFIP.
Según lo difundido por el Gobierno, quien está al frente de la dependencia estatal tiene hoy un salario “de aproximadamente 32 millones de pesos”, que será reducido “al monto que percibe actualmente un ministro de la Nación” y que ronda, de acuerdo con el escrito oficial, los 4 millones de pesos. De los directores de la Aduana y de la DGI, en tanto, se especificó que perciben actualmente unos 17 millones de pesos y que a partir de ahora “cobrarán un sueldo equiparable al de un secretario de la Nación”.
La medida de “eliminación” (así la anunció el Gobierno) de la cuenta especial que impacta con una fuerza muy significativa en los ingresos de quienes trabajan en la AFIP solo tendrá efectos para quienes ejerzan los cargos más altos, y no sobre la totalidad de la dotación. En rigor, no se informó cuántos serán concretamente los funcionarios alcanzados por la medida.
“No será tolerada ninguna forma de afectación de nuestros haberes, entendiendo que nos resguardan tanto la Constitución nacional como nuestro convenio colectivo”, expresó poco después del anuncio la Unión del Personal Superior de AFIP, la entidad gremial que, entre otros puntos y ante la prevista reducción de la dotación, señaló que no dejarán que se vulneren “los derechos de ningún trabajador de la casa, entendiendo que todos los trabajadores gozan de la estabilidad que consagra el artículo 14 de la Constitución Nacional”.
Menos cargos y menor dotación
La entidad sindical también sostuvo que no hay objeciones “respecto de la reducción de cargos políticos, entendiendo que se refieren a subdirecciones y direcciones generales; esa es una facultad del Poder Ejecutivo”.
El comunicado oficial, sin embargo, no se refiere exclusivamente a la disminución del número de funcionarios de alto rango. También afirma que “se procederá a la desvinculación de 3155 agentes que ingresaron de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista [el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner], lo que equivale al 15% de la dotación actual”. Se indica también que ese paso es “imprescindible” para “desmantelar la burocracia innecesaria que ha obstaculizado la libertad económica y comercial de los argentinos”.
“Todas las capas geológicas de la AFIP [en referencia a quienes ingresaron durante diferentes gestiones de las últimas décadas] se quejan de que hicieron entrar personas sin antecedentes, de diferentes oficios [no vinculados con la materia tributaria], y a los pocos días los efectivizaban, cuando en general se tarda un par de años para eso”, señaló sobre ese punto en particular una fuente cercana a las tareas del organismo.
Una cuestión que genera expectativa entre los contadores se refiere a una posible mayor inversión tecnológica, a partir del prometido ahorro en personal y burocracia. La página de la AFIP se cayó algunas veces ayer, como también ocurre en fechas con vencimientos importantes de obligaciones a cumplir.. “Entendemos oportuno solicitar al Gobierno que, en el marco de esta reforma, se prioricen la continuidad de los servicios y la estabilidad de los sistemas informáticos”, afirmó Simonella, a la vez que dijo que es fundamental que haya canales de comunicación “para que todos los actores involucrados” puedan plantear inquietudes.
“Nos ponemos a disposición para colaborar en este proceso de transición y aportar nuestra experiencia en beneficio del sistema tributario argentino”, agregó.
Más allá de las quejas por el funcionamiento de los servicios web, en los últimos tiempos hubo demoras en la puesta a punto de las directivas de la AFIP para la liquidación de impuestos. Eso sí, no siempre fue solamente por cuestiones atribuibles al organismo. Por caso, para la liquidación del impuesto a las ganancias sobre los salarios percibidos desde septiembre (correspondientes en muchos casos a agosto), se publicaron los cuadros con los valores a utilizar cuando ya se había iniciado octubre, lo cual perjudicó el bolsillo de los trabajadores y obliga ahora a los empleadores a hacer recálculos de los montos retenidos, como ya informó LA NACION.
Lo cierto es que el primer día del noveno mes del año el organismo no contaba con la información necesaria para hacer su parte y publicar los datos actualizados para el cálculo: el problema en este caso es que la ley de medidas fiscales aprobada este año dispuso actualizar el esquema del tributo con efecto para lo cobrado desde septiembre y, a propuesta del Poder Ejecutivo, definió que el coeficiente del reajuste equivaliera a la inflación de un período finalizado en agosto. Ese dato, tal como ya se sabía que ocurriría, recién se conoció a mediados de septiembre, es decir, de manera tardía para lo planteado por la normativa.
Desajustes temporales que dificultan la tarea de quienes deben liquidar impuestos, y que se repetirán en próximos períodos en los que corresponda una actualización, si no media una corrección a lo dispuesto.
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