La Procuración General de la Nación envió una nota al Ministerio de Justicia para reclamar el envío de fondos para la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales, pero también para advertir que de los 641.000 millones de pesos solicitados para el año en curso, en Economía sólo fueron aceptaron remitir 454.807 millones. “Es menester volver a destacar la acuciante situación presupuestaria que atraviesa esta Institución”, señala la nota a la que accedió Clarín.
El sistema acusatorio deja atrás el adversarial que rige en la mayoría de las jurisdicciones de nuestro país. Pone a los fiscales al frente de las investigaciones en lugar de los jueces, como es hasta ahora. La oralidad de los procesos es mayor, y por eso también la celeridad de los casos.
En la mayoría de los distritos del país, el Ministerio Público Fiscal es el que impulsa o no la acción penal, es decir el que determina si hay elementos suficientes para dar inicio a una investigación. Si lo hacen, los fiscales sólo harán la investigación si el juez se las delega.
Con el sistema que paulatinamente se viene implementando en diversas provincias, el Ministerio Público será el que desde un comienzo lleve adelante las investigaciones, por eso cobrarán mayor preponderancia en el proceso en el que los jueces sólo quedan como garantes del proceso.
Como ya contó Clarín, el año pasado la Procuración General de la Nación observó con preocupación el anuncio del Gobierno sobre la implementación de un sistema “que modifica la actual forma de llevar adelante los procesos y que requiere de mayor instalaciones para las permanentes audiencias, como los recursos humanos necesarios para esa tarea”, señalaron fuentes judiciales.
Esa mirada no varió demasiado casi un año después.
Recursos “a medias”
Entre las inversiones informadas por el Ministerio de Justicia, se señaló que proporcionaría al Ministerio Público Fiscal “computadoras de alto rendimiento y otras herramientas informáticas para avanzar en investigaciones complejas contra la criminalidad organizada”.
Al respecto, la Procuración General de la Nación informó en su momento una serie de especificaciones técnicas y de estructura tecnológica consideradas necesarias para este propósito. Pero el resultado fue magro: “se está proporcionando un tercio de lo requerido para garantizar el debido funcionamiento del sistema acusatorio”, señaló una fuente del organismo que nuclea a todos los fiscales.
Esta semana, el Procurador General de la Nación –Eduardo Casal– envió nuevamente una nota al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien tiene bajo su órbita la implementación del sistema acusatorio. Durante las gestiones anteriores, era una tarea a cargo de la Comisión Bicameral de Implementación del Congreso.
La preocupación por la falta de recursos y el presupuesto reducido aprobado por el Ministerio de Economía de la Nación, quedaron expuestas en la misiva.
En primer término el jefe de los fiscales se refirió a la implementación que el Ministerio impulsó en General Roca y en Comodoro Rivadavia a finales del año pasado. En ambos casos, se señaló que siguen faltando recursos que son indispensables para que el sistema acusatorio funcione como corresponde.
“En lo atinente a las licencias del software UFED Inseyets para el Distrito de General Roca – implementado el 4 de noviembre de 2024- fueron entregadas dos en el mes de diciembre, una con Pack de Desbloqueos ilimitados y otra sin desbloqueos. La Dirección de Apoyo a la Investigación Penal informó a esta Procuración que la empresa proveedora hizo saber que todavía no se le ha ejecutado el correspondiente pago”, explica la nota firmada por Casal.
Por otra parte, al distrito de Comodoro Rivadavia -implementado el pasado 2 de diciembre, es decir hace ya dos meses- “todavía no le fueron provistas dichas herramientas, ni se tiene conocimiento del estado de las gestiones para su anunciada adquisición, de conformidad con el compromiso interinstitucional asumido al respecto”.
Ante este escenario, el Procurador dijo que resolver esas circunstancias era primordial, “destacando nuevamente que se trata de un elemento indispensable para que los fiscales puedan llevar adelante las investigaciones complejas de manera más eficiente garantizando el cumplimiento de los plazos procesales establecidos por el Código Procesal Penal Federal”.
La falta de recursos tecnológicos -manifestó Casal- “limita significativamente el potencial de la herramienta y afecta la calidad y celeridad que le podría aportar a las investigaciones penales”.
Las próximas jurisdicciones
En el calendario del Ministerio de Justicia se encuentra la puesta en marcha del sistema acusatorio en Mar del Plata (7/4/25) y Bahía Blanca (5/5/25), pero ese plan choca con el planteo de la Procuración: “es menester volver a destacar la acuciante situación presupuestaria que atraviesa esta Institución”, planteó Casal.
La queja también incluyó la falta de respuesta a otros “pormenorizados diagnósticos que fueron adjuntos a la última nota dirigida a esa cartera de la cual este despacho no ha tenido respuesta pese al tiempo transcurrido”.
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura trabajan en la implementación del sistema acusatorio, de manera coordinada con los equipos técnicos del Ministerio de Justicia.
De hecho, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, viajará con anticipación a las dos nuevas jurisdicciones done se pondrá en marcha este nuevo sistema procesal.”Se está en diálogo continuo con las dos cámaras federales. Esta semana irán los equipos técnicos (infraestructura y sistemas)”, indicaron a este medio.
La motosierra en el presupuesto
La Procuración General de la Nación mencionó en la nota que había asistido a una reunión con autoridades del Ministerio de Economía y referentes de diversas áreas del gobierno, en la que se mencionó que el equilibrio fiscal y la reducción de impuestos son la “política prioritaria fijada, por lo que se deberán revisar los programas y los proyectos acordes al nivel de créditos”.
Abundando en detalles, el jefe de los fiscales planteó que en Economía le dijeron que si ese criterio implicaba “que se tuviera que diferir o dilatar programas, proyectos o acciones, así deberá suceder, puesto que el objetivo principal es lograr el equilibrio fiscal”.
Cuando la Procuración General elevó el pedido de presupuesto a la Casa Rosada, el monto que se había fijado era de 614.000 millones de pesos, incluyendo la cobertura de salarios. Sin embargo, el Gobierno aprobó un presupuesto de sólo 454.807 millones de pesos.
Sí se observa el número inicial solicitado, y que no fue avalado por la Casa Rosada, se puede apreciar la enorme carga que representa el gasto en personal. Más de 400 mil millones de pesos demanda la cobertura de salarios.
Fuentes judiciales consultada por Clarín señalaron que hace dos presupuestos que no reciben por parte del Poder Ejecutivo Nacional “fondos para generar cargos, y eso no es un detalle ya que yendo al Sistema Acusatorio y teniendo por regla histórica que el Poder Judicial es el triple de personal que el MPF, nos han obligado a gastar todos los cargos de personal que se venían ahorrando para contingencias desde hace siete años”.
El planteo no quedó afuera de la nota remitida al ministro Cúneo Libarona. “Entiendo entonces que, ese Ministerio debe fijar como prioridad el avance de la implementación del sistema acusatorio a nivel federal, para lograr los recursos necesarios, puesto que tal como ya fue mencionado en las anteriores notas, el Ministerio Público Fiscal no cuenta con los medios tecnológicos, la estructura edilicia ni los recursos humanos y materiales necesarios para poder continuar implementado un nuevo sistema procesal que le otorga más funciones y obligaciones”.
De hecho, se citó la normativa que da creación al sistema acusatorio y que la misma prevé cómo el Tesoro Nacional debe dotar de recursos al MPF. “Lo que está ocurriendo es diametralmente opuesto”, planteó Casal.
Bajo esa misma línea sostuvo que la norma es clara y coherente al considerar que el “aumento de funciones que el nuevo proceso le asigna a esta institución debe ser acompañado de los recursos pertinentes. Sin embargo, según lo informado en el ámbito del Ministerio de Economía, cabe concluir que esto no sucederá”. Y en otro tramo concluyó: “No puede seguirse adelante eficientemente sin la debida adjudicación de recursos para tal fin”.