El Estado apelará el fallo de la jueza neoyorquina de primera instancia Loretta Preska que condenó a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF, como parte del pago de los 16.100 millones de dólares más intereses que le debe al fondo Burford Capital por la expropiación de la empresa.
Así lo confirmó el presidente Javier Milei, quien aprovechó en la red social X (ex Twitter) para recordar que “independientemente de la cuestión de fondo, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada Cristina Kirchner”.
UN FALLO CONTRA KICILLOF
Nos acabamos de enterar que la jueza Preska falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF.
Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de…
— Javier Milei (@JMilei) June 30, 2025
“Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales“, agregó el jefe de Estado, quien tiene al gobernador de Buenos Aires como principal rival político de cara a las elecciones legislativas de medio término, en octubre.
Horas más tarde, la jueza también condenó al Estado a transferir acciones de YPF al fondo Bainbridge Fund, que tiene una sentencia a su favor por US$ 95 millones más intereses por la deuda que se defaulteó en 2001.
En efecto, las últimas decisiones de Preska cayeron como baldazo de agua fría para la Argentina y alimentaron a nivel local las rencillas políticas, a tres meses de las elecciones.
Sin embargo, desde 2012 -cuando se expropió la petrolera- en adelante, se mantuvo una política de Estado respecto al caso, en los cuatro gobiernos (el de Cristina Kirchner, el de Mauricio Macri, el de Alberto Fernández e incluso el de Javier Milei): los abogados que defienden a la República siempre mantuvieron la línea de cuatro argumentos:
- Que la expropiación de YPF fue una “decisión soberana” y que, como tal, no puede ser juzgada en los Estados Unidos sino en Argentina.
- Que el artículo 17 de la Constitución Nacional está por encima del artículo 7 del estatuto de YPF.
- Que la petrolera es una empresa privada que funciona como Sociedad Anónima, aunque tenga al Estado como accionista mayoritario.
- Que aunque YPF S.A. cotice en la Bolsa de Nueva York, su sede es en Buenos Aires.
“La Argentina puede apelar esta decisión sin antecedentes de la jueza Preska, al punto tal que hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos había apoyado con un escrito la postura de la defensa argentina. La propia jueza, o en su caso la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, deberían suspender los efectos de la orden de Preska hasta que se resuelva la apelación”, había señalado Sebastián Soler, quien fue subprocurador del Tesoro de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, antes de conocer la decisión de Milei.
El ex funcionario recordó que “el artículo 10 de la ley 26.741, que habilitó la expropiación de YPF, prohíbe al Gobierno transferir las acciones expropiadas sin la previa aprobación del Congreso”.
¿Cómo sigue el juicio por YPF?
El juicio que comenzó en 2015, luego de que Burford comprara por 15 millones de dólares los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora (donde la familia Eskenazi se declaró en quiebra), tuvo varias instancias. La Justicia de Estados Unidos se declaró competente para actuar y condenó a la Argentina a pagar a los demandantes.
El Estado apeló el fallo de Preska de septiembre 2023, desde cuando corren los intereses. Y se negó a poner como garantía las acciones de YPF, tal lo solicitado por la jueza. Ahora está obligado a pagar con ese 51% dentro de los próximos 14 días y depositarlo en una cuenta custodia en el Bank of New York Mellon.
Así, el Estado volverá a apelar una decisión de Preska y no está dispuesto a pagar nada hasta que la Cámara de Apelaciones ratifique o rectifique el fallo, algo que puede demorar hasta 2026 o 2027.
Incluso distintos enviados y lobistas de Burford Capital vinieron a Buenos Aires durante el último año y medio para explorar un camino de negociación con las autoridades argentinas, que entienden que son más amigables con el mercado y quieren llegar a una solución de buena fe.
Burford asegura que está dispuesto a resignar varios miles de millones de dólares en una negociación extrajudicial, con tal de cobrar. Pese a eso, hay un limitante que tienen los funcionarios locales: pueden ser pasibles de juicios penales si aceptan pagar antes de que la Cámara de Apelaciones emita su fallo.
Mientras tanto, YPF S.A. se mantiene al margen de los efectos del caso, excluida por la misma Preska en marzo 2023. La condena es contra su accionista mayoritario (el Estado) y no contra la empresa, aunque desde hace dos años persiste el temor de que la jueza vuelva a incluir a la petrolera como castigo a la Argentina.
No obstante, la situación golpeó el valor de YPF, que este lunes cayó 5,6% en Nueva York y en lo que va del año perdió 5.400 millones de capitalización bursátil.
Repsol y los Eskenazi
El Grupo Petersen, que tenía un 25% de las acciones después de dos operaciones en 2008 y 2011 -los Eskenazi entraron a YPF por orden del ex presidente Néstor Kirchner, como modelo de “nacionalización” de accionistas privados-, había tomado tres préstamos por un total de US$ 2.703 millones, que iba a repagar con las ganancias que fuera sacando de la petrolera. Los bancos fueron Credit Suisse, Goldman Sachs y el Citibank.
Ese esquema se cortó cuando a fines de 2011 el gobierno de Cristina Kirchner instauró el cepo al dólar y prohibió a las empresas el giro de dividendos. Medio año después estatizó YPF.
Como consecuencia de esa decisión y ante la necesidades financieras crecientes, en 2014 la Argentina acordó con Repsol pagarle con bonos 5.000 millones de dólares más intereses por la expropiación.
En el caso de Petersen cuando se nacionalizó YPF, la empresa prohibió los dividendos, lo que llevó a Petersen a la quiebra al no poder pagar a los bancos.
La quiebra de las empresas del Grupo Petersen recayó en el Juzgado de lo Mercantil N°3 de Madrid, que nombró un síndico y subastó el derecho a litigar.
En la subasta pública, Burford Capital, una compañía que se dedica a comprar juicios para luego financiar los litigios, es elegida por el síndico porque Petersen carece de los recursos, el capital, y la experiencia necesarios para llevar adelante un pleito caro, complejo y largo. Burford también financia el pleito de Eton Park (una empresa de inversiones de Nueva York). Petersen y Eton Park eran el segundo y tercer mayor inversor en YPF, respectivamente.
Burford ganó la subasta y fue designado por el Tribunal español para gestionar y financiar el litigio con el mayor fallo contra un Estado: US$ 16.000 millones.