Una serie de allanamientos en Comodoro Rivadavia alteraron la campaña electoral en Chubut. La Justicia avanzó el miércoles sobre viviendas y estudios vinculados a exfuncionarios municipales de Comodoro Rivadavia, acusados de pedir coimas a un empresario de la construcción, en el contexto de la reconstrucción de la ciudad tras el temporal de 2017.
Entre los lugares allanados figuran el estudio contable de Germán Issa Pfister, ex secretario de Economía del municipio, funcionario de los ex intendentes kirchneristas Carlos Linares y Juan Pablo Luque, que en octubre será candidato a diputado nacional. Por esta razón, en el PJ acusan al gobernador Ignacio “Nacho” Torres.
La Justicia de Chubut investiga la causa “Emergencia Climática II”, un derivado de la que tuvo el juicio el año pasado por la que hubo 10 personas, seis ex funcionarios y cuatro empresarios fueron condenados.
Durante el temporal en Comodoro Rivadavia entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 2017, las lluvias de 11 días consecutivos dejaron una víctima fatal, 8000 evacuados y 3000 viviendas perdidas. Ahora se encontraron audios de dos funcionarios más, en diálogo con un empresario de la construcción, que pedían coimas por la reconstrucción de la ciudad. Eso reactivó la causa.
El Fiscal General de Chubut, Cristian Olazábal, brindó una conferencia de prensa y remarcó: “Se han llevado a cabo medidas de comprobación directa, consistentes en allanamientos, requisas personales, registros vehiculares, con la finalidad de secuestrar elementos que son útiles a la investigación”.
La versión dos de la causa judicial se abre a partir de los audios de whatsapp y por eso ahora aparecen involucrados más de 10 personas, bajo los presuntos delitos de falso testimonio, exacciones ilegales y negociaciones incompatibles con la función pública.
Desde el peronismo directamente apuntan al gobernador, dado que el ex intendente de Comodoro Rivadavia, el peronista Juan Pablo Luque, ganó la interna del PJ y será el primer candidato a diputado de Fuerza Patria en Chubut.
“La actual diputada Ana Clara Romero, haciendo uso de sus fueros, me acusa falsamente de una vinculación con la causa emergencia que es inexistente. En 12 años de gestión jamás tuve una denuncia”, aseguró Luque en un posteo.
Persecución política disfrazada de justicia
Ayer, el absurdo posteo de mi contrincante, la actual diputada Ana Clara Romero, haciendo uso de sus fueros, me acusa falsamente de una vinculación con la causa emergencia que es inexistente. En 12 años de gestión jamás tuve una…
— Juan Pablo Luque (@luquejuanpablo) August 27, 2025
“Hoy, casualmente, a pocas horas de ese posteo, un juez -a pedido de un fiscal- libra una orden de allanamiento al estudio contable de quien fuera secretario de Economía de Carlos Linares en aquel período y luego durante mi gestión”, sostuvo el ex intendente y ex candidato a gobernador en 2023.
“Resulta difícil encontrar otra explicación que no sea la persecución política y la difamación del adversario, imponiendo incertidumbre, temor y dudas en la comunidad. No hay ningún elemento para acusar a esa persona y solo lo hacen con la intención de intentar quebrarme como rival político”, destacó el dirigente peronista.
Y concluyó: “No hay ningún motivo penal para que esto avance: es un nuevo circo armado para las cámaras y los medios. Un modus operandi que representa un peligro real, no solo para quienes hacemos política, sino para cualquier chubutense de a pie, que también puede ser víctima de persecución. A mí no me van a callar ni a hundir como pretenden. No voy a soltar la mano de mi amigo injustamente perseguido, porque sé de su honestidad y de su integridad. No nos van a quebrar ni a dividir. Vamos a seguir de pie, juntos, defendiendo a nuestra gente”.
Las condenas por el primer juicio en Comodoro Rivadavia
En el primer juicio, que se desarrolló el año pasado, la Justicia condenó a exsecretarios municipales y empresarios por sobrefacturación para retirar las toneladas de barro que inundaron la ciudad.
En ese proceso, la Justicia condenó por fraude los ex secretarios municipales Abel Boyero y Rubén Palomeque; a los inspectores municipales Joaquín Mansilla, Juan Carlos Lara, Rubén Sartori y Eduardo Van Herdeen. Pero también a los empresarios, identificados como Roberto Monasterolo, Cristian Pérez, Javier Morales y Hernán Lobos Rosas.