De madrugada, en una sesión marcada por tensiones y maniobras del oficialismo, el Gobierno logró la media sanción en general del Presupuesto 2026, pero sufrió un revés en un capítulo clave. Milei no consiguió avanzar con la derogación del financiamiento universitario ni de la emergencia en discapacidad. Tampoco lograron aprobar el fin de la actualización por movilidad de la AUH y asignaciones familiares, un ajuste que le daba al gobierno la potestad de elegir cuándo y cuánto aumentar estas prestaciones. O eliminar los subsidios de gas para las zonas frías. Una buena noticia para las mayorías sociales, los colectivos de discapacidad y la comunidad educativa, que batallaron en las calles contra el ajuste de Milei y el FMI.
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Estos recortes -que habían sido agregados al dictamen final en el capítulo XI- se cayeron a pesar de los más de $70 mil millones que pagó el gobierno a través del reparto de ATNs (Adelantos del Tesoro Nacional) a las provincias para garantizar los votos. Dejando un Presupuesto que para mantener el equilibrio fiscal perseguido por Mile segurmante sume modificaciones y nuevos recortes cuando se trate en el Senado. Queda clarala firme decisión del gobierno de seguir ajustando a los sectores más vulnerables en plena crisis social.
El bloque Kueider.
Los diputados que responden a los gobernadores de Tucumán, Misiones, Catamarca, Salta, etc, se llevan mucho más que una valija a cambio de dejar sin Ley de emergencia a las personas con discapacidad, y sin Ley de presupuesto a las universidades.
El reparto… pic.twitter.com/IZpet9TXWx— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) December 17, 2025
En sentido opuesto, a pesar de la caída de los ingresos fiscales que en el mes de noviembre fue del 10% (i.a.) en términos reales según la consultora LCG, Milei y Caputo proponen una rebaja impositiva a las empresas en la reforma laboral. Esta concesión implica una menor recaudación, ergo una merma de los ingresos fiscales. “La caída de los ingresos fue anticipada por los datos de la recaudación tributaria (8,8% a/a real). A la baja por Impuesto PAIS durante todo el año, se sumó la baja generalizada de alícuotas y los Derechos de Exportación que dejó la medida de retenciones 0% de fines de septiembre al provocar el adelantamiento de las exportaciones”, sostiene el informe de LCG. También se profundizó la caída por recaudación del IVA, producto de la recesión. Para los grandes grupos económicos no hay ajuste.
El revés en la Cámara Baja llega en la misma semana en que el FMI le volvió a torcer el brazo a Caputo en relación al esquema cambiario y la acumulación de reservas. El piso y techo de la banda de flotación pasará a actualizarse por inflación, con rezago de dos meses. De esta manera en enero la recalibración de bandas será de 2,5%, en vez del 1% actual, alimentando las presiones devaluatorias. En el mismo anuncio del BCRA se menciona la disposición a fortalecer las reservas, que se mantienen en rojo y por debajo de los niveles heredados del último gobierno peronista.
Lejos de la meta de acumulación pactada con el FMI para finales de 2025, Caputo aún debe reunir más de u$s 2.000 millones para afrontar los vencimientos de deuda con los bonistas privados en enero, por la suma de u$s 4.500 millones. El ministro sigue pasando la gorra con los bancos pidiendo préstamos en dólares, tampoco se descarta que pueda activarse el swap con EE.UU. La estrategia del gobierno sigue siendo la de volver a los mercados internacionales de crédito, para conseguir la nafta (deuda) que mantenga encendido el motor de este modelo. “Los vencimientos de Tesoro y BCRA con privados, FMI y Club de París suman u$s 13.800 mm en 2026 y u$s 18.000 mm en 2027”, señala un informe de 1816.
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Reforma patronal
Vale la pena seguir despedazando el proyecto para la “modernización” laboral que entró en el Senado, ya que en su articulado queda claro por qué no tiene nada que ver con generar empleo o con mejoras para los y las laburantes. Al contrario de lo que explican en los medios afines a la LLA y abiertamente pro patronales, esta reforma tiene beneficiarios claros. El proyecto no sólo modifica derechos laborales determinando relaciones esclavizantes para los trabajadores (que abordaremos más abajo), también otorga rebajas impositivas a los empresarios con un costo fiscal calculado en 0,83% del PBI por la consultora Inveq.
Un 0,5% del impacto fiscal se lo lleva la rebaja de 3 puntos en las contribuciones patronales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), son fondos que financian jubilaciones, el PAMI y asignaciones familiares. Sobre esto Lucía Ortega señalaba en este medio que “representa una pérdida de recaudación de las contribuciones del 16%, o en la visión de quienes redactaron el proyecto, una “ganancia” que va directamente a las patronales.”
Mientras las rebajas en el Impuesto a las Ganancias corporativas representa un 0,2% de esa pérdida en la recaudación, y la eliminación de algunos Impuestos Internos el restante 0,1%. El cambio propuesto para las alícuotas de Ganancias empresariales aplica para el tramo 2 y 3, pasando del 30% al 27% y del 35% a 31,5%, respectivamente. Un cálculo realizado por el diputado y ex Director General de Aduanas , Gustavo Michel mostró que de las 163.587 declaraciones juradas presentadas por sociedades, el 89,4% quedan excluidas por pertenecer al Tramo 1. Mientras en los tramos 2 y 3 apenas el 10,6 % de esas empresas son las beneficiadas por este cambio. Este beneficio fiscal se concentra mayormente ”en solo 144 grandes empresas”. ¿Cuáles son esas empresas?
Sin embargo, el plato fuerte de esta ofensiva del capital contra el trabajo se concentra en un conjunto de extensas modificaciones normativas. “Para encontrar un ataque de estas características hay que remontarse a los primeros años del último gobierno militar”, advierte el abogado laboralista Luis Campos, consultado por este medio. Y explica: “En simultáneo, el gobierno busca debilitar la acción colectiva, a través de la prohibición en la práctica del ejercicio de la huelga, la imposición de obstáculos a la realización de asambleas, la descentralización de la negociación colectiva y las restricciones para el funcionamiento de los sindicatos; y fortalecer la disciplina en los lugares de trabajo, por vía del otorgamiento de mayores facultades a los empleadores para gestionar el día a día de las relaciones laborales, por ejemplo, a través de la posibilidad de imponer en los contratos individuales regímenes totalmente flexibilizados en materia de jornada y vacaciones.”
Sobre la posibilidad de generar empleo a partir de esta reforma, Campos sostiene, en base a lo sucedido en las últimas décadas y con la misma legislación, que “entre 2002 y 2011 se crearon millones de puestos de trabajo, y desde 2012 el empleo permanece estancado”. Y agrega: “En los años 90, la flexibilización de la legislación laboral coincidió con el crecimiento de la desocupación a los niveles más altos de nuestra historia. En todos los casos, la explicación de las variaciones en el empleo formal hay que buscarla en la dinámica de la actividad económica y en el comportamiento de los sectores que son más demandantes de fuerza de trabajo”.
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Lo que viene
Patricia Bullrich es la designada por el gobierno libertario para encabezar el tratamiento de la contrarreforma laboral ingresada esta semana en el Senado. En otro 20 de diciembre caliente, Bullrich fue ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa, recordada por aplicar un recorte del 13% a las jubilaciones, en medio de la peor depresión económica que atravesaba el país. Su crueldad es coherente con los intereses de clase que representa.
“La reforma laboral que impulsa el gobierno es parte de un proceso histórico que se inició a mediados de los años 70. Se trata, en realidad, de la tercera fase de una contrarreforma, cuyos objetivos apuntan a desandar gran parte de los derechos laborales conquistados a lo largo del siglo XX. Va mucho más allá de las intenciones del actual gobierno y dialoga directamente con las iniciativas impulsadas por la última dictadura militar y durante la larga década de los 90”, señala Luis Campos.
Si “todo lo sólido se desvanece en el aire”, el futuro inmediato está lleno de interrogantes y de batallas en defensa de los derechos conquistados, frente al plan de guerra propuesto por los dueños del país y sus representantes. La votación del proyecto laboral oficialista -y del Presupuesto 2026- quedaría pospuesta para mediados de febrero de 2026. Hasta el momento, la dirigencia sindical peronista no ha mostrado voluntad de resistencia al nivel del ataque, manteniendo una línea dialoguista con quienes buscan esclavizar a los trabajadores. La marcha exprés del 18D fue insuficiente: para enfrentar el plan de ajuste de Milei, los empresarios y el FMI hace falta un plan de lucha permanente en el camino de la huelga general.
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Seguir reforzando los lazos de sometimiento al capital financiero internacional a través del endeudamiento externo solo empeorará la vida de las familias trabajadoras. Sectores del peronismo coinciden en este diagnóstico, pero ninguno propone el no pago de la deuda externa ni romper el acuerdo con el FMI. Buscan administrar la crisis sin cuestionar los intereses capitalistas. Solo la izquierda está dispuesta a pelear por una salida anticapitalista y socialista que revierta verdaderamente el atraso estructural y la dependencia, que cuestione el orden existente de las relaciones de producción y enfrente el saqueo de los bienes estratégicos. ¡Abajo el pacto colonial con el FMI, basta de explotación laboral, no al pago de la deuda externa! Por un 2026 lleno de luchas y posibilidades de construir un sendero distinto, un futuro de otra clase.