El Gobierno nacional dio un paso clave en el proceso de designación de magistrados al enviar al Senado los pliegos correspondientes a 62 candidatos para ocupar cargos en el sistema judicial. La remisión incluye 55 expedientes de jueces, fiscales y defensores oficiales, más 7 de conjueces, abogados de la matrícula que podrán suplir a los titulares hasta su nombramiento definitivo.
Un proceso largamente esperado
La acción pone en marcha un mecanismo de designación que el propio Ejecutivo venía postergando desde hace aproximadamente dos años. La promesa de enviar los pliegos al Senado, que no se concretó durante la gestión del entonces ministro Mariano Cúneo Libarona, avanzó ahora con el actual titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien asumió con el aval de la vicepresidenta Karina Milei.
El camino que resta para las designaciones
Para que los candidatos sean finalmente designados, el Senado debe otorgar su acuerdo mediante el voto de la mayoría simple de sus miembros presentes. Una vez obtenida esta aprobación, el Poder Ejecutivo procederá a la designación formal mediante decreto. Este proceso busca cubrir parte de las más de 200 ternas que actualmente se encuentran en manos del Gobierno, provenientes de concursos realizados por el Consejo de la Magistratura.
El problema de las vacancias
La elevada tasa de vacantes en la Justicia federal y nacional, que ronda el 37% del total del sistema, constituye una de las principales preocupaciones expresadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta situación impacta directamente en la agilidad y eficiencia del servicio de justicia, generando demoras procesales y sobrecarga en los tribunales que sí cuentan con titulares.
Próximos pasos y transparencia
Si bien el envío de los pliegos marca un avance administrativo, la decisión del Gobierno de no hacer públicos los nombres seleccionados genera expectativa sobre el perfil de los candidatos. La información sobre las ternas originales y el proceso de selección dentro del Ejecutivo permanece, por ahora, en el ámbito de la discrecionalidad administrativa, a la espera del tratamiento legislativo.