El costo mensual de los edificios crece a un ritmo mayor que los precios al consumidor, con incrementos interanuales que superan el 38% en CABA. La situación genera que casi una de cada cinco unidades tenga deudas en este rubro.
El costo de las expensas en los edificios continúa aumentando por encima del índice general de precios al consumidor, generando presión sobre propietarios e inquilinos. Según estimaciones privadas, en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, el 19% de las unidades funcionales registra deudas en este concepto, porcentaje que podría ascender al 25% durante marzo.
De acuerdo con datos de Consorcio Abierto, que releva unos 13.000 consorcios, el incremento interanual de las expensas hacia febrero fue del 38,4% en la Ciudad de Buenos Aires, donde la inflación en el mismo período fue del 33,1%. En la provincia de Buenos Aires el aumento fue del 45,8%, en Córdoba del 37,8% y en Santa Fe del 41,7%.
Este crecimiento superior al nivel general de precios se explica, en parte, por el impacto de las tarifas de servicios comunes como electricidad, gas y agua, que han registrado incrementos significativos. Sin embargo, el rubro de mayor peso en el gasto total mensual son los sueldos y aportes del personal de los edificios, que en promedio representan el 33% del total, llegando al 35% en edificios pequeños.
La composición del gasto en expensas se completa con mantenimiento y abonos (28%), servicios públicos (13%-15%), gastos administrativos, bancarios e impositivos (alrededor del 14%) y mantenimiento extraordinario y obras (entre el 6% y el 11%).
Los incrementos salariales acordados en la negociación colectiva entre el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y las entidades de administradores suelen superar las posibilidades de muchos consorcistas. En este proceso no participan representantes directos de los copropietarios e inquilinos que financian dichos salarios.
Algunos analistas señalan que este escenario puede, a la larga, perjudicar también a los trabajadores, ya que consorcios con dificultades económicas podrían optar por reducir personal o buscar alternativas de menor costo. Como posibles soluciones, se menciona la descentralización de la negociación colectiva a nivel de cada consorcio y la reducción de componentes impositivos en las tarifas de servicios públicos para vivienda por parte de las autoridades provinciales y municipales.