Un exfuncionario clave en la estrategia de defensa analizó el impacto del reciente fallo judicial en Estados Unidos que alejó al país del peor escenario económico, pero advirtió que el conflicto no está cerrado y detalló las posibles vías que podrían seguir los demandantes.
El caso judicial por la expropiación de YPF volvió esta semana al centro del análisis legal y económico tras un fallo que modificó el curso del litigio. Según expuso el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, la Argentina logró apartarse, al menos temporalmente, del peor escenario posible: una condena que superaba los 16.100 millones de dólares más intereses y que incluso contemplaba la entrega del 51% de las acciones estatales de la petrolera.
Durante una presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Saravia Frías, quien tuvo un rol en el diseño de la estrategia de defensa durante la anterior administración, describió el fallo como un alivio que sacó al país de bajo de “una espada de Damocles”. Sin embargo, aclaró que la resolución no zanja el fondo de la cuestión sobre la responsabilidad por las decisiones que derivaron en el conflicto, por lo que la incertidumbre persiste.
El eje del cambio, explicó, fue la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revisó un fallo inicial adverso. El tribunal tomó dos argumentos centrales de la defensa argentina: uno de derecho privado, referido a los mecanismos societarios de YPF, y otro de derecho público, que remite al origen expropiatorio del conflicto. Este último punto implicó un “giro copernicano”, según el exfuncionario, al considerar que los reclamos debían canalizarse por la ley de expropiaciones y no por la vía elegida por los demandantes.
Más allá del aspecto legal, Saravia Frías vinculó el desenlace del caso con el contexto energético del país, destacando el potencial de Vaca Muerta y la exportación de GNL. Un fallo adverso, señaló, no solo habría tenido un impacto fiscal equivalente a cerca del 3% del PBI, sino también reputacional, afectando la capacidad de financiamiento y el desarrollo de proyectos estratégicos.
En su exposición, el ex procurador delineó cinco posibles caminos que los demandantes, liderados por el fondo Burford Capital, podrían seguir ahora:
- Solicitud de revisión ‘en banc’: Un pedido de revisión ante la totalidad de los jueces del tribunal de apelaciones, una alternativa considerada poco probable por su complejidad y baja tasa de aceptación.
- Recurso a la Corte Suprema de EE.UU.: Mediante un ‘writ of certiorari’, aunque las probabilidades de admisión son menores al 1% anual. El conflicto entre sistemas jurídicos podría, no obstante, captar la atención del tribunal.
- Arbitraje internacional: Vinculado a la estructura societaria utilizada por los demandantes, una operación que Saravia Frías describió como “muy rara”.
- Continuidad del litigio en tribunales argentinos: Una vía que permanece abierta.
- Eventuales reclamos adicionales: Otras acciones legales que podrían surgir en el futuro.
El análisis concluye que, si bien el fallo reciente representa un respiro importante, el caso dista de estar concluido y el país aún enfrenta riesgos millonarios mientras se definen estos escenarios.