El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la presentación de una reforma que busca actualizar la normativa vigente desde 2010, con cambios en internaciones y una mayor articulación territorial.
El vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este martes que el Gobierno presentará un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental N°26.657, vigente desde 2010 en Argentina. “En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva Ley de Salud Mental”, escribió el funcionario en su cuenta de la red social X, sin dar detalles específicos sobre la iniciativa.
Según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, el proyecto buscará actualizar la ley para “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “clarificar conceptos y criterios, adaptándolos a las necesidades actuales”. Entre los puntos clave, se prevé la habilitación de internaciones involuntarias como recursos excepcionales. “En urgencias, el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas”, informaron fuentes con acceso al texto. Además, se contempla extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial.
“En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, agrega el proyecto. El nuevo enfoque reemplaza criterios actuales por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, incorporando “contexto y antecedentes” para permitir, según definieron desde el organismo, “intervenciones más oportunas y preventivas”.
El texto también alude a la problemática de la falta de aplicación homogénea de la ley en el país. Según un relevamiento oficial, solo 16 jurisdicciones se adhirieron formalmente: de las 23 provincias, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación. “Esto genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos. La reforma busca garantizar atención en todo el territorio”, consignaron las fuentes.
Otra modificación propuesta es reemplazar el término “padecimiento mental” —definido como ambiguo y amplio— por una nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas) que incorpora el concepto de “trastornos mentales o del comportamiento”. Asimismo, frente al proceso de cierre de hospitales psiquiátricos y traslado a hospitales generales, el proyecto propone “fortalecer una red de atención en salud mental según niveles de complejidad”, que incluirá hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas.
Para fortalecer la supervisión, se buscará ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión e incorporar áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR.
Uno de los primeros en referirse al anuncio fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “La Ley de Salud Mental no funciona. Celebro que el Gobierno Nacional avance con una reforma. Es un tema sobre el que venimos trabajando hace años, y que las familias reclaman y los pacientes necesitan con urgencia”, escribió en X, añadiendo que su equipo de salud “está a disposición del Congreso para trabajar en una ley mejor, con respuestas concretas”.
La iniciativa se conoce una semana después de que un grupo de legisladores bonaerenses de la Coalición Cívica presentara un proyecto para declarar la emergencia en salud mental por tres años en la provincia de Buenos Aires, argumentando que es un “tema olvidado” y proponiendo medidas urgentes en salud y educación para prevenir suicidios y atender problemas de salud mental y adicciones.